En el contexto actual podemos afirmar que la estabilidad del sistema eléctrico boliviano enfrenta un desafío sin precedentes debido a la convergencia de dos factores críticos: la declinación sostenida en la producción de gas natural y el crecimiento ininterrumpido de la demanda eléctrica, concentrada principalmente en el eje troncal.
Actualmente, cerca del 70% de la electricidad del país depende del gas; una vulnerabilidad estructural, que nos obliga a migrar de forma urgente hacia fuentes renovables en el corto y mediano plazo.
De no revertirse esta tendencia, las proyecciones para el año 2028 anticipan una crisis energética de consecuencias transversales, capaces de impactar no solo la economía y el bienestar social, sino de comprometer la estabilidad política del país.
Para entender la fragilidad actual, es imperativo recordar la denominada "Guerra del Gas" de 2003. Bajo la premisa de que el gas era "de y para los bolivianos", se frenaron proyectos estratégicos de exportación (como el GNL hacia Estados Unidos) y se impulsó la nacionalización de la cadena de hidrocarburos.
Sin embargo, a dos décadas de aquel hito, el balance es alarmante. El modelo implementado por quienes lideraron dicha narrativa, fue netamente extractivista, explotaron el gas natural hasta casi agotar las reservas, que en ese entonces eran más de 13 trillones de pies cúbicos (TCF), sin garantizar la sostenibilidad futura. Los ingresos extraordinarios de la bonanza del gas fueron, en gran medida, despilfarrados en lugar de invertirse en una transición energética planificada, y promover el desarrollo de todas las regiones del país. Hoy, Bolivia se enfrenta al peor de los escenarios: un país sin reservas suficientes y sin el capital necesario para costear la infraestructura de reemplazo.
Más allá del diagnóstico, la urgencia demanda acciones concretas. Si bien el desarrollo de plantas hidroeléctricas es una solución técnica sólida, sus tiempos de ejecución (cercanos a una década) y su significativo impacto ambiental las sitúan como una alternativa de largo aliento.
En contraste, la energía solar fotovoltaica emerge como la ruta más viable por su escalabilidad, bajos costos de mantenimiento y rapidez de implementación. En este campo, la herramienta más potente pero subutilizada actualmente es la Generación Distribuida (GD).
La GD, establecida por el Decreto Supremo 4477 de 2021, permite a los usuarios —consumidores regulados— generar su propia energía con fuentes renovables para autoconsumo e inyectar los excedentes a la red. Entre sus objetivos figuran impulsar las energías limpias, descentralizar la generación y fomentar la eficiencia energética.
A cinco años de su promulgación, vemos que los resultados son magros: solo 254 usuarios conectados y una potencia inyectada de 5 MW al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Por lo que, es evidente que el marco regulatorio actual carece de los incentivos suficientes para masificar esta tecnología.
Para transformar la GD en un pilar de la soberanía energética, el Estado debe asumir un rol proactivo mediante:
Financiamiento directo: Instalación de sistemas solares en viviendas de interés social y sectores vulnerables.
Incentivos fiscales y crediticios: Apertura de líneas de crédito blando para que industrias y comercios puedan financiar su propia infraestructura de generación.
Desburocratización: Simplificar los trámites de conexión y mejorar los precios de compra de los excedentes inyectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
En conclusión, la crisis energética no es una posibilidad remota, sino una realidad inminente. El cambio de la matriz energética no puede depender exclusivamente de grandes parques solares que requieren inmensas inversiones estatales; debe democratizarse. La Generación Distribuida es el camino más corto para aliviar la presión sobre el gas natural y otorgarle al sistema eléctrico el "respiro" que necesita. Sin una intervención estatal decidida y oportuna, el lema de la soberanía energética será solo el recuerdo de una oportunidad perdida.
* El autor es gerente general de la empresa ENDE Servicios y Construcciones.
