18 de junio (Urgente.bo).-  En el conflicto político- social que se acerca a los 50 días, la Central Obrera Boliviana (COB) cambió sus demandas. Comenzó como un reclamo sobre la crisis económica y laboral; pidió un incremento salarial, posteriormente el pliego derivó en exigencias políticas, institucionales, judiciales e incluso de política internacional.

Un informe de la Defensoría del Pueblo explicó que el conflicto ocurre desde el 2025, cuando la población comenzó a enfrentar problemas por el abastecimiento de combustibles, el incremento del costo de vida, la escasez de dólares y subida de precios en productos de la canasta familiar. La crisis incrementó, luego de que el Gobierno promulgara el Decreto Supremo, en noviembre del 2025, que incluyeron la eliminación de la subvención a los combustibles, una reducción del gasto público y la búsqueda de financiamiento externo.

A principios de 2026, el aumento de los precios de gasolina y diésel, el cierre de empresas estatales deficitarias y los cuestionamientos por la distribución del combustible de mala calidad, que afectó a miles de vehículos públicos y privados, provocaron molestia en toda la población.

En ese sentido, en marzo de 2026, la COB presentó al Gobierno un pliego de 211 demandas. Entre las principales exigencias se encontraban un incremento salarial del 20%, el compromiso por parte del Ejecutivo de no privatizar empresas estatales y el rechazo al proyecto de ley contra los bloqueos.

El 1 de mayo, durante un cabildo realizado en la ciudad de El Alto con la participación de organizaciones sociales de los nueve departamentos, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, fortaleció el discurso contra el Ejecutivo.

Durante ese cabildo, Argollo advirtió que si el Gobierno no atendía favorablemente las demandas de los trabajadores y organizaciones sociales, debía "dar un paso al costado", es decir, exigía la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Además, en el encuentro aprobaron un mandato de paro indefinido y un pliego de reivindicaciones sociales, económicas y políticas vinculadas a la defensa de los derechos laborales, los recursos estratégicos y el modelo económico estatal.

Luego de 49 días de bloqueos, la COB transformó totalmente los pedidos Aunque mantiene reclamos económicos relacionados con los combustibles, la canasta familiar y las empresas públicas, el documento incorpora temas que antes no estaban entre sus demandas.

En primer lugar, la organización rechaza los proyectos de ley contra los bloqueos y exige "la suspensión, abrogación y archivo definitivo de toda norma que restrinja el derecho a la movilización". Asimismo, demanda "el cese de la persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas" y la liberación o revisión de procesos contra personas detenidas durante los conflictos.

Por otra parte, la COB exige que el Gobierno cumpla las promesas realizadas durante la campaña electoral y plantea la aprobación de una norma para obligar a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a rendir cuentas sobre sus compromisos de gestión.

Uno de los cambios más importantes es la incorporación de cuestionamientos a actores específicos del Gobierno. En su cuarto punto, la central obrera exige la expulsión de Fernando Cerimedo de cualquier función de asesoramiento estatal y demanda investigar su participación en la administración pública.

De igual forma, solicita una comisión especial para indagar los casos conocidos como "narcomaderas" y "narcomaletas".

Sin embargo, a pesar de la ampliación de la agenda política, la COB mantiene varios de los reclamos que dieron origen a las movilizaciones.

En el tema económico, rechaza las privatizaciones, capitalizaciones o concesiones de empresas públicas estratégicas y ratifica su oposición a los créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, exige estabilidad en los precios de los combustibles y demanda las compensaciones para los afectados por la denominada responsabilizando a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y al Gobierno por los daños ocasionados.

También plantea la creación de un fondo soberano que permita a todos los trabajadores acceder a una jubilación equivalente al 100% de sus ingresos, similar al beneficio que actualmente reciben las Fuerzas Armadas.

Otro elemento nuevo en el pliego es la exigencia de que toda ley o decreto sea previamente socializado y consultado con los sectores potencialmente afectados antes de su aprobación. La COB también incorporó demandas ambientales, solicitando que las áreas protegidas y reservas naturales no sean destinadas a actividades mineras, petroleras ni a otras formas de explotación consideradas destructivas.

Por último, el documento incluye una petición para que Bolivia mantenga una política internacional basada en principios pacifistas. No obstante, sin duda alguna el punto más importante es que la COB ya no pide la renuncia de Paz.