8 de enero (Urgentebo).- Luego de esperar seis años y cinco meses, el Juzgado Quinto de Sentencia en lo Penal determinó la noche del martes 7 la sentencia contra los acusados de la muerte de la estudiante de geología Verónica Quintana. Luego de 10 horas de deliberación a puerta cerrada, se determinó que los acusados Boris V. y Daniela S. recibieran 10 años de reclusión, mientras que Karla V., Miguel I. y Juan E. fueron sentenciados a cinco años.
La joven murió en circunstancias no claras el 8 de agosto de 2013, cuando se reunió con sus amigos durante la tarde y no regresó a su casa. Los familiares reportaron su desaparición al día siguiente, poco después encontraron su cuerpo en el fondo de un barranco en El Alto.
Durante todo este tiempo el proceso sufrió varias dilaciones, como el cierre del mismo en tres oportunidades para ser reiniciado desde foja cero con nuevos fiscales, jueces y abogados. “Se ha cerrado el juicio tres veces, he tenido que empezar todo nuevo, los testigos de antes ya no querían participar, he gastado mucho dinero ya no me queda nada, debo al banco”, manifestó la madre de la víctima.
La muerte de Verónica evidenció los obstáculos de justicia que enfrentan día a día varias familias. De hecho, el informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, presentado en mayo del 2019, establece que el sistema judicial boliviano presenta tres obstáculos para el acceso a la justicia, como las barreras de investigación, barreras judiciales y la discriminación institucional.
Este caso en particular presentó hubo falencias desde el inicio, pero quizás la más grave de todas radica en la contaminación de una prueba sustancial para el proceso, primero la desaparición de su prenda íntima y luego la contaminación externa de la misma por mal manejo de custodia.
“Mi mamá y yo buscamos en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), luego en el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) y en la Fiscalía para saber dónde habían guardado la prenda íntima de Vero y ver si había líquido seminal…cuando lo encontramos nos lo dieron así nomás, abrieron la bolsa y le dijeron a mi mamá que se lo podía llevar, había pasado un año y medio”, manifestó su hermana.
Las omisiones de este tipo dentro del sistema judicial, tienen consecuencias graves para el desarrollo del proceso. Esto implica que si las debidas diligencias, para la toma de pruebas no son realizadas a tiempo, la investigación se ve seriamente afectada.
Inicialmente la muerte de Verónica fue entendida como feminicidio por los familiares, debido principalmente al modo en el que se encontró su cuerpo. Durante el proceso, y de acuerdo a los informes médico forenses, teniendo en cuenta la omisión de la prueba de la ropa interior, el caso se retipificó a homicidio, luego pasó a asesinato, volvió a ser feminicidio y finalmente la jornada pasada se sentenció a los implicados bajo la figura de homicidio.
Estos 6 años y 5 meses significaron para la familia de Verónica, una inversión de más de 20 mil dólares para sostener el caso y que no caiga en la retardación de justicia. Los familiares cuentan que tuvieron que contratar los servicios profesionales de un planimetrista para que pueda establecer la distancia y la profundidad en la cual el cuerpo de Verónica fue encontrado en el cerro Lauramarka. También tuvieron que buscar el apoyo de un perito forense externo para que pueda determinar las causas de la muerte. “He hipotecado mi casa para todo el proceso de mi hija”, contó la mamá.
Y aunque en teoría el acceso a la justicia en Bolivia es gratuito, esto en la práctica no es así. La falta de recursos, sumado a los errores de investigación y omisiones en el mismo, determinan el curso a seguir para llegar a una sentencia final.
“Todos estos años me han dicho por qué no cuidas a tu hija…Vero fue lo mejor que me ha pasado, ella rescataba animales…hasta ahora tengo sus 2 gatitos que me dejó”, dijo su madre durante los alegatos finales.
