17 de agosto (Urgente.bo)- El Decreto Supremo 5676 promulgado en las últimas horas por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, ha causado el rechazo de parte de ciertos sectores. Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) sostienen que la norma será analizada este lunes en la tarde.
“Nosotros, como sector agropecuario tendremos reunión a las 16.00, en la Cámara Agropecuaria del Oriente, con todos los sectores productivos para analizar este decreto”, indicó Klaus Frerking, el presidente de dicha cámara.
Uno de los sectores que rechaza esta medida es el cooperativista aurífero. El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz (Ferreco), Wilson Alanoca, indicó que el precio de Bs 18 el litro afecta al sector, y, por lo tanto, pidió una reunión con el Gobierno.
Según Alanoca, las 35 cooperativas afiliadas a Ferreco, pertenecen al grupo de grandes consumidores.
Por su parte, el ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, rechazó el decreto al asegurar que serán perjudicados los transportistas de flotas de larga distancia. Puso como ejemplo que, el recorrido de La Paz a Cochabamba requiere por lo menos 350 litros y de Cochabamba a Santa Cruz, 250 litros.
Gómez aseguró que este decreto ocasionará aumento de precios en las tarifas.
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) Chuquisaca expresó su preocupación por la reciente norma, ya que afirmó que varias empresas afiliadas se encuentran dentro de la categoría de Grandes Consumidores por necesidades legítimas de operación.
Considera que corregir el problema de las largas filas en los surtidores no debe limitarse a trasladar su costo a empresas formales.
“El impacto, por tanto, no termina en el surtidor: alcanza a proveedores, transporte, contratos, consumidores, y a toda la cadena productiva”, dice el comunicado.
Asimismo, el Comité de Defensa del Productor (Codepro) rechazó el Decreto Supremo 5676 al asegurar que la diferencia de precios, de Bs 9,80 para algunos; y Bs 18 para los grandes consumidores puede generar un “precio ancla” para la comercialización irregular del combustible.
