El viceministerio de Comunicación dio a conocer en las últimas horas un reporte en el que sostiene que por las redes sociales circulan seis datos falsos en relación a algunas leyes bolivianas.
1.- Mencionan que la Ley 1398 de Registro de Comercio facilita al Estado un acceso directo e irrestricto a la información actividades de comercio y que no se renueva el contrato de concesión de Fundempresa.
En realidad, la obligatoriedad de registro de las actividades comerciales se mantiene vigente desde 1978, cuando se promulgó el Código de Comercio y el caso de Fundempresa derivó en un proceso judicial, debido a que el gobierno de facto de Jeanine Añez otorgó la ampliación de la concesión a esa fundación por decreto y de manera irregular.
2.- También cuestionan la Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción y entre sus observaciones, mencionan la existencia de la colaboración eficaz para combatir la corrupción. Pero no se menciona que este mecanismo de indagación corresponde a los estándares más altos de la normativa internacional en esta temática.
Cualquier proceso para retirar la personería jurídica a cualquier empresa, ONG, fundación, partido político o institución involucrada en corrupción se realiza con pleno respeto al debido proceso. Eso establece la ley.
3.- En cuanto a la Ley 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, es prudente recordar que la Constitución Política del Estado en su artículo 252 establece que “las fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o el Ministro de Gobierno”.
4.- Es falso que la Ley 1359 de Emergencia Sanitaria, al crear el Consejo Nacional atente contra las entidades territoriales autónomas, colegios de médicos, universidades y sectores interesados. Más bien, como se ha demostrado en los hechos, este consejo es una instancia de coordinación con las instituciones mencionadas. Observan la “cláusula de confidencialidad” cuando ese es un requisito mundial de las empresas fabricantes de vacunas.
5.- En relación al Proyecto de Ley 342, que aprueba el Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025 se debe recordar que varios de sus lineamientos corresponden a la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado vigente desde 2016 y por tanto no incorpora ninguna regulación que atente contra la autonomía reconocida en la Constitución.
6.- La Ley 1405 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia (también observada por la oposición) servirá para un manejo adecuado y sistematizado de los datos a nivel nacional, departamental, regional y municipal, al contrario de lo que argumenta la oposición política.
La Ley sancionada contribuye a que la producción de estadísticas oficiales del Nivel Central del Estado se rija bajo los principios, estándares y buenas prácticas internacionales para que el país pueda contar con información de calidad que oriente de manera correcta la construcción de políticas públicas.
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