En el escenario político boliviano, las alianzas estratégicas rara vez son inocentes. La reciente unión entre Samuel Doria Medina –empresario y eterno aspirante a la presidencia– y Marcelo Claure, magnate con intereses globales, debe ser observada con cuidado y escepticismo. Esta fórmula, que algunos celebran como una “modernización tecnocrática” del poder, esconde detrás de bambalinas una peligrosa convergencia de intereses privados, particularmente en torno al litio boliviano y otros negocios binacionales, que podrían hipotecar el futuro del país. Es un lamentable juego destructivo entre la Nación y la Anti-Nación. Este tipo de alianza revive un patrón latinoamericano ya conocido: la incursión de empresarios exitosos en la política, quienes al llegar al poder tienden a representar más sus intereses corporativos que los de la ciudadanía.
Hay que analizar dicha alianza en sus múltiples capas: litio, capital y poder. Marcelo Claure no ha ocultado su intención de incidir en el destino de Bolivia. Lo hace, no desde el exilio económico, sino como actor en la reconfiguración del poder, a través de inversiones, contactos internacionales y discursos de transformación. Por eso se acercó al mismo Evo Morales, a Andrónico Rodríguez y a la plana mayor del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ahora, su sociedad con Samuel Doria Medina no es casual ni filantrópica. Ambos comparten una “visión empresarial del Estado” que es endeble y amorfa; sin embargo, coinciden en un objetivo central: abrir el mercado del litio hacia los capitales privados con mayor celeridad, probablemente asociándose a grupos inversores extranjeros, como el de un poderoso empresario argentino con beneficios ya establecidos en América del Sur, Alejandro Bulgheroni.
Este litio, llamado a ser el “oro blanco” del siglo XXI, es para Bolivia una de las últimas cartas en la reconstrucción económica post-MAS. Por lo tanto, su gestión requiere soberanía, transparencia y visión de largo plazo, no acuerdos cerrados entre pocos, entre una élite que ya se percibe como el nuevo anillo del poder. La posible privatización o concesión desmedida de este recurso, a través de pactos entre élites económicas, amenaza con repetir el ciclo de dependencia y depredación que ha marcado la historia extractivista del país.
En medio de todo este escenario, existe una advertencia histórica: la ilusión de confiar en un oscuro “empresariado providencial”. Desde los años 90, América Latina ha experimentado repetidos intentos de reconvertir a los empresarios en salvadores de la política. Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, Juan Carlos Wasmosi en Paraguay, Sebastián Piñera en Chile y, más recientemente, Álvaro Noboa en Ecuador. Estos fueron figuras que promovieron la eficiencia gerencial como solución a las fallas estructurales de la democracia. Sin embargo, sus gobiernos terminaron profundizando desigualdades, erosionando instituciones y, en muchos casos, beneficiando a sus propios conglomerados económicos.
Científicos sociales como C. Wright Mills ya lo advirtieron en La élite del poder (1956): cuando las fronteras entre los negocios, la política, la violencia, el descaro, el secretismo y los militares se difuminan, se consolida una minoría autosatisfecha que toma decisiones cruciales para el destino de las mayorías, sin rendir cuentas ni someterse al escrutinio público. Esta oligarquía moderna de empresarios, que se disfraza de eficiencia técnica, tiende a secuestrar la democracia y a reducirla a un tablero de decisiones corporativas. En Bolivia, esa élite siempre ha existido, pero la novedad actual es su reconversión con rostro moderno, digital, cosmopolita y relaciones con el fútbol. Claure no es un campeón del deporte, es simplemente un inversionista que busca más poder. Asimismo, el amor al dinero no es, de ninguna manera, el amor a la patria.
Todo se mueve entre la tecnocracia y la captura corporativa del Estado. La presencia de Claure en la política nacional —ya sea de forma directa o indirecta— se sostiene en la idea de modernizar, digitalizar y atraer inversiones. Pero esa narrativa, sin control democrático, puede derivar en una nueva forma de explotación ilegal, tratando de convertir al litio en una materia prima que se esfumará sin mayor valor agregado. La alianza con Doria Medina, más que una fórmula electoral, es un acuerdo de gobernanza empresarial: entre quien aporta el capital y quien provee la estructura partidaria. Este pacto se aleja del interés colectivo y plantea serias dudas sobre la agenda futura del país, sobre todo en cuanto a la distribución de la riqueza y la soberanía sobre los recursos estratégicos.
El riesgo más profundo gira alrededor de una democracia capturada. Es legítimo que algunos empresarios participen en política. Lo preocupante es que lo hagan bajo lógicas propias del mercado, donde el rendimiento y la utilidad sustituyen al bien común. En Bolivia, una democracia herida por el autoritarismo, la corrupción y el colapso económico, el peligro de entregar nuevamente el poder a una élite empresarial debe ser motivo de reflexión crítica.
Lo que está en juego, no es solamente una elección presidencial, sino el modelo de país que queremos reconstruir. ¿Una Bolivia y una Nación, orientada al interés público, con recursos estratégicos manejados soberanamente, o una república corporativa donde las decisiones cruciales se toman en escritorios privados, lejos del pueblo y su control democrático? La historia latinoamericana y la teoría crítica ya nos ofrecieron las advertencias. El reto es que, esta vez, Bolivia no repita el error. La alianza no es gratuita y Claure es un actor incierto, poco confiable, que ha contagiado a la candidatura de Doria Medina, con el virus de la autosatisfacción de intereses económicos, antes que el pueblo haya tomado una decisión sobre el futuro presidente.
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