Abril 20, 2026 -HC-

Caso Mutualista: Fallo del TCP del 2024 es vinculante y de cumplimiento obligatorio


Lunes 20 de Abril de 2026, 7:00pm




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20 de abril (Urgente.bo).- El fallo constitucional sobre el caso del mercado Mutualista, en Santa Cruz de la Sierra, es de cumplimiento obligatorio. En 2024, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia que reconoce derechos a la familia Crapuzzi sobre el terreno en disputa, lo que implicaría la entrega de documentación por parte del Gobierno Autónomo Municipal de ese municipio.

La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 203, establece que las decisiones y sentencias del TCP son de carácter vinculante, de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.

“Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno” y en desarrollo de dicha norma el art. 115 (…)”, dice la CPE.

Asimismo, el Código Procesal Constitucional (Ley N° 254 de 2012) ratifica en su artículo 15 que las sentencias, declaraciones y autos del TCP tienen efecto vinculante para todos los órganos del Estado y particulares, sin que proceda recurso alguno contra ellas.

En ese marco, las sentencias del TCP son irrevisables por mandato constitucional y legal, bajo los principios de seguridad jurídica, supremacía constitucional y cosa juzgada.

En esta jornada, el vocero de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Bernardo Montenegro, lamentó que no existan otras opciones y señaló que el municipio deberá entregar los documentos del mercado.

“La Alcaldía ha agotado todos los esfuerzos, sin embargo, el fallo constitucional es de cumplimiento obligatorio (…) El alcalde Jhonny Fernández debe cumplir esta sentencia constitucional porque ya se han excedido los plazos. Y segundo, porque está con medidas sustitutivas”, afirmó el funcionario edil.

Días atrás, la Comisión de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que trabaja en las denuncias por supuestos delitos y faltas identificados en la revisión de expedientes del caso.

“Después del informe donde hay estos elementos, el paso siguiente es presentar las denuncias ante el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura. Ya están trabajando y armando la denuncia para ambas instituciones, acopiando los documentos que serán presentados”, indicó Romer Saucedo, presidente del TSJ.

La autoridad remarcó que el procesamiento de estos supuestos delitos estará a cargo de las instancias correspondientes y adelantó que la comisión se apersonará en los diferentes procesos.

El anuncio se produce luego de la presentación de un informe sobre presuntas irregularidades encontradas en la revisión de los expedientes del caso, que mantiene en vilo a Santa Cruz por tratarse de uno de sus principales centros de abasto. Saucedo denunció un presunto prevaricato en la sentencia constitucional del 2024 que ordena la entrega del mercado a la familia Crapuzzi.

Se conoce que el TSJ, junto al Consejo de la Magistratura, puede realizar auditorías jurídicas a causas en la vía ordinaria, pero no tiene competencia sobre materia constitucional. En ese contexto, el vocero municipal destacó la intención de estas instancias, aunque reiteró que no existe, en la práctica, ninguna acción que revierta el fallo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Admisión del TCP, Edson Dávalos, explicó que tanto el TSJ como el Consejo de la Magistratura pueden hacer seguimiento a las causas ordinarias en caso de existir indicios de irregularidades.

“Está reconocida la posibilidad de hacer estas tareas para verificar si han existido o no situaciones que no estén acordes con la norma jurídica, pero esto está delimitado en la justicia ordinaria”, señaló.

Dávalos recordó que las sentencias constitucionales son vinculantes y de cumplimiento obligatorio; sin embargo, precisó que en este caso existen nuevas acciones que podrían motivar un nuevo análisis por parte del TCP.

“Se presentaron acciones populares y constitucionales que van a cuestionar la validez de esta sentencia emitida en 2024 por otras autoridades, y eso va a merecer un pronunciamiento”, sostuvo.