Bolivia atraviesa una inédita y alarmante ola de violencia armada.

Si bien responde a un patrón incubado durante las últimas dos décadas, hoy ha cobrado una peligrosa autonomía operativa. Los últimos tres meses (agosto, septiembre y octubre de 2026) marcan un repunte histórico en delitos de alta gravedad, impulsado por disputas territoriales entre mafias transnacionales en Santa Cruz, Beni, Pando, el Trópico de Cochabamba y zonas rurales fronterizas con Chile.

El peso de los datos: el terror escala. Las noticias de víctimas del sicariato o ajuste de cuentas son diarias. Las cifras confirman el deterioro:

Septiembre registró un pico de 26 muertes violentas a nivel nacional.

Agosto reportó un récord anual de 12 víctimas de sicariato en menos de un mes.

La tendencia continuó con al menos 18 ejecuciones adicionales bajo la misma modalidad.

A esto se suma una cadena de atracos millonarios que desnuda la vulnerabilidad ciudadana: desde los 700.000 bolivianos despojados a un minero en Oruro y los 2.420.000 bolivianos sustraídos en El Alto, hasta el asalto a la joyería Imperio en pleno centro comercial cruceño. Los secuestros no denunciados crecen por temor, dejando a la luz solo casos emblemáticos como el rescate pagado por una profesional veterinaria.

El crimen transnacional ha perdido el respeto a la comunidad de inteligencia del Estado, revelando un aparato inoperante, sin reflejos ni liderazgo estratégico.

¿Qué está ocurriendo?

Sin vulnerar la reserva de la información, existen tres indicadores críticos que deben ser abordados con la mayor firmeza y prontitud por el Presidente Paz:

1. Atrofia operativa de la comunidad de inteligencia: El aparato estatal requiere con urgencia disciplina de contrainteligencia, profesionalización técnica y una alineación irrestricta con la doctrina de seguridad nacional definida por el Presidente Rodrigo Paz Pereira, tras la ratificación de los compromisos internacionales en el marco del Escudo de las Américas y su convicción para luchar contra el crimen transnacional.

2. Complacencia con redes de injerencia extranjera: A pesar del peligro que representa, el sistema de inteligencia ha mantenido intactas las redes de sabotaje operadas por actores cubanos e iraníes, cuya agenda antidemocrática prospera ante la anomia de instituciones permeadas a lo largo de los últimos 20 años. Se ha permitido incluso la inserción de estos agentes —o de sus operadores locales— a través de contrataciones en cargos estratégicos e intermedios del Estado. (¿Se imaginan a iraníes y cubanos o sus mascotas locales contratados para trabajar para el gobierno de Estados Unidos?)

3. Ausencia de objetivos estratégicos de alto nivel: Al no identificar los blancos prioritarios, los organismos de seguridad se distraen persiguiendo a eslabones, mensajeros y cajeros —quienes sin duda merecen todo el peso de la ley—, pero que no constituyen el núcleo del problema. No se está atacando a los verdaderos barones de la droga ligados al crimen transnacional y al terrorismo, que hoy defienden a sangre y fuego los territorios comprados sobornando estructuras gubernamentales.

Contrainteligencia: La seguridad del presidente no admite improvisaciones

Este es, probablemente, el asunto de mayor sensibilidad institucional. La protección de un jefe de Estado no se reduce a su seguridad física; exige procedimientos rigurosos para verificar antecedentes, proteger comunicaciones, controlar accesos a información reservada y detectar vulnerabilidades internas. Las filtraciones de conversaciones o comunicaciones presidenciales deben investigarse a fondo: la pregunta clave no es solo quién difundió su contenido, sino qué falló en los mecanismos de protección y quién debía prevenirlo.

La seguridad de la Patria no admite improvisaciones, lealtades ambiguas ni estructuras que funcionen sin evaluación de resultados. Si existen indicios de infiltración, protección política o sabotaje interno, deben investigarse con pruebas hasta las últimas consecuencias, incluyendo a los conductores de la comunidad de inteligencia, quienes simplemente no están cumpliendo su trabajo.

El laberinto del narcotráfico y los "fixers"

Mientras la amenaza transnacional escala, la respuesta institucional sigue siendo reactiva e inercial. Se celebra el esclarecimiento de robos menores o el desmantelamiento del esquema montado por Mariaca —medida necesaria, pero no es todo—, sin entender ni explicar al país que Mariaca actuaba simplemente como un fixer, broker o launderer (operador y facilitador logístico), y no como la cabeza de la cadena criminal.

Mariaca es una ficha del ajedrez, pero no es la ficha principal.

Otro apunte. La captura y expulsión de Marset fue una decisión clave y un golpe directo al mayor bróker de la cocaína en Bolivia. El operativo inicial de captura y expulsión fue impecable. La segunda parte tiene mucha opacidad, que se revelará pronto. El operativo contra Marset fue exitoso —entre otras razones, porque el ex Fiscal General Roger Mariaca fue excluido de todo el proceso—. No era la primera vez que se marginaba a autoridades de primera línea en operativos estratégicos: simplemente para recordar, cuando Carmelo Meco Domínguez fue finalmente capturado en un operativo perfecto de principio a fin, el entonces ministro del interior, se enteró mientras tomaba café en su domicilio y casi se atraganta viendo las noticias de la mañana que en teoría debía liderar.

Otro apunte. ¿Cómo se explica que las alertas de seguridad no objetaran en su momento el nombramiento de un Director de Aduanas que hoy tiene revocado el ingreso a Estados Unidos por vínculos delictivos? ¿Cómo se justifica la designación del responsable de la lucha antidroga que, tras participar en reuniones confidenciales en Washington, perdió la visa por nexos con el crimen transnacional?

Las cifras del negocio

Comenzando el año 2005, la producción de cocaína en Bolivia se ha incrementado anualmente de forma exponencial, especialmente a partir de 2009, justo después de que Morales expulsara a la DEA.

Hoy Bolivia produce 450 toneladas de cocaína.

El año de mayor incautación fue 2023, con 45 toneladas.

Es decir, se incauta apenas una de cada diez toneladas que se producen en el país (el 10%).

¿Cuánto se ha incautado el 2026? Cuidado con esto.

El boom de la coca y cocaína en Bolivia fue obra de los dos gobiernos del Movimiento Al Socialismo.

En dos décadas corrompieron todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Se dividieron el país en feudos impenetrables. Los encargados de las instituciones responsables de luchar contra el crimen transnacional tenían precio. A esta estructura se unieron los sistemas de inteligencia de Cuba, Venezuela, Irán.

La tarea ahora es desactivar esta estructura, limpiar la casa y ser implacable contra estos grupos que operan bajo una lógica simple como letal: quieres plata o quieres bala.

Cuando las estructuras criminales anticipan los movimientos del Estado y este llega sistemáticamente después de los hechos, la falla ya no es solo operativa: es profundamente estratégica.

Resulta evidente que algo se está haciendo mal.

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