La Paz, 29 de julio (MJyTI).-Bolivia enfrenta con estrategias, nacional e internacionales, la trata y tráfico de personas que implica la coordinación con países vecinos e internamente con diversos niveles estatales, para contener y reducir estos delitos transnacionales.

El viceministro de Justicia y de Igualdad de Oportunidades, Diego Jiménez, manifestó que el trabajo que se desarrolla tiene plazos de corto, mediano y largo plazo, y que han comenzado a tener resultados.

Este tema se aborda en oportunidad de recordar el Día Mundial contra la Trata de Personas declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (NNUU) que fijó el 30 de julio una jornada de reflexión y evaluación de las políticas estatales que se realizan contra estos delitos.

El Viceministro dijo que después de la promulgación. en julio de 2012. de la Ley 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, el Estado boliviano, en los pocos años de vigencia de la norma, alcanzó la construcción de una institucionalidad que permite la posibilidad de responder efectivamente contra este flagelo.

No obstante, reconoció como prioridad continuar profundizando las políticas nacionales de prevención, atención y restauración de la víctima de estos casos.

Durante la gestión 2016 el Ministerio Público registró 701 casos de trata de personas, tráfico de personas y delitos conexos, incrementándose aproximadamente en un 21% de los 558 casos identificados durante el año 2015.

Sobre estos datos, la autoridad precisó que si bien el número de denuncias, por ejemplo, en 2016 ascienden a 701 casos por trata y tráfico, esa cifra no es “alarmante” en términos generales y comparativos como otros países de la región, donde los índices están entre 3.000 y 5.000 casos denunciados anualmente.

De acuerdo al informe del Ministerio Público, de 701 denuncias, 494 fueron casos abiertos y el restante 207 fueron, entre rechazados, desestimados, sobreseídos o declinados.

De esta cifra el mayor número de denuncias se registraron en La Paz con 389, Santa Cruz con 100, Cochabamba con 97, Tarija 36, Oruro 27, Chuquisaca 14, Beni 13, Pando 13 y Potosí 12.

El gran número de trata obedece a que estas personas han sido inducidas “mañosamente” para que terminen siendo víctimas de este delito. “Por eso el afectado no es consciente de esta situación y le cuesta entender que es víctima de un delito”, precisó.

En la dinámica de enfrentar integral e interinstitucionalmente estos delitos transnacionales se ha establecido un Consejo Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, presidido por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y conformado por varios ministerios que desarrollan sus actividades. También se han instituido los consejos departamentales donde participan las gobernaciones, municipios e instituciones estatales.

Es el caso del Ministerio de Gobierno que creó una Dirección para la atención de este flagelo y generó unidades especiales en la Policía.

En tanto que el Ministerio de Educación encara campañas de prevención, a través de cartillas y otras actividades que se desarrollan en las unidades educativas, como una acción preventiva.

El Ministerio de Trabajo abre la posibilidad de insertar en la sociedad a las víctimas de trata, dentro el plano de la atención y restauración a la víctima.

Jiménez precisó que los consejos departamentales permiten enfrentar delitos de trata involucrando a varias instituciones del Órgano Judicial, Ministerio Público, Gobernaciones, Alcaldías, Defensa Púbica, organizaciones sectoriales y otros para implementar políticas a nivel nacional.

Asimismo, la ley dispone el apoyo de todos los medios de comunicación en la difusión de campañas o mensajes para prevenir este mal transnacional, mismo que se considera que ya está dando resultados positivos.  

Según el documento ‘Informe Global sobre Trata de Personas 2016’, emitido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en el caso de América del Sur, la mayoría de las víctimas de trata de la región son mujeres y niñas, un 74 por ciento del total, y su destino suele ser la explotación sexual.

El 57 por ciento de las víctimas son destinadas a la explotación sexual, en su casi totalidad mujeres, y el 29 por ciento al trabajo forzado, en gran parte hombres.

Alianzas internacionales

Bolivia desarrolla una estrategia internacional a través de acuerdos bilaterales con Paraguay, Brasil, Perú y Argentina para enfrentar efectivamente la trata y tráfico de personas, delito transnacional que arroja cifras en ascenso cada año y que afecta a varios países.

El viceministro Jiménez explicó que Bolivia, desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Cancillería, Ministerio de Gobierno y otras instancias realiza acuerdos estratégicos a nivel internacional.

“Estamos cerrando acuerdo con países donde tenemos fronteras más sensibles en estos casos, no sólo es de interés de Bolivia sino de los países vecinos donde sus índices de trata son elevadas”, agregó.

En los últimos años, Bolivia aprobó convenios bilaterales con Perú y Argentina con quienes se tienen convenios de “Estado a Estado” para lucha contra este delito en las fronteras lo que permite tener control efectivo contra la trata y tráfico.

Se tiene acuerdos de operaciones conjuntas entre las policías, además de protocolos de coordinación inmediata en el momento de identificar estos casos.

“Estamos avanzando en convenios bilaterales con Paraguay y Brasil para estos casos y tener más posibilidades de ser eficientes en enfrentar estos delitos en las fronteras”, aseveró.

Herramientas

En la dinámica de enfrentar estos delitos, se implementaron herramientas para proceder en estos casos.

Se trata de protocolos de atención a víctimas de trata y tráfico de personas, el protocolo de actuación judicial para víctimas de estos casos y el protocolo de repatriación de víctimas del extranjero.

“En los últimos años hemos repatriado varias víctimas bolivianas de la Argentina y Brasil que han sido privadas de sus derechos, libertad y les devolvimos prácticamente la vida”, agregó el Viceministro.

Asimismo, informó que se abrieron casas de acogida para no abandonar a la víctima, tal cual sucedía en anteriores años, cuando se rescataba a una persona y luego no había lugar donde acogerla y “prácticamente quedaban en la calle”.

“Actualmente existen en los nueve departamentos casas de acogida y existen mecanismos de contención sicológica que han desarrollado los gobiernos departamentales y municipales”, aseveró.

En resumen, expresó que el Estado está respondiendo en el último tiempo a estos delitos transnacionales con una serie de acciones de manera integral.