Bolivia cierra el año 2025 en medio de una tormenta económica, social y política que desnuda las fragilidades de su modelo de desarrollo. La escasez de combustibles, la inflación persistente y el debilitamiento institucional configuran un escenario de incertidumbre que golpea directamente a la ciudadanía. El nuevo gobierno, instalado con expectativas de cambio, enfrenta un margen de maniobra reducido y una sociedad que exige resultados inmediatos.
En el plano económico, el desabastecimiento de diésel y gasolina se convirtió en el símbolo de la crisis. Las largas filas en estaciones de servicio y el encarecimiento del transporte y la producción agroindustrial reflejan la dependencia de un sistema energético sin diversificación ni planificación estratégica. La inflación erosiona el poder adquisitivo y la confianza en la capacidad estatal de garantizar estabilidad se mantiene en mínimos históricos.
El ámbito social tampoco ofrece respiro. Las movilizaciones y bloqueos se multiplicaron durante el año, generando pérdidas millonarias y paralizando sectores productivos. Lejos de articular propuestas estructurales, los movimientos sociales se consolidaron como actores de presión coyuntural, cuyo principal aporte ha sido el caos y la desestabilización del poder. La narrativa de representación popular se vació de contenido: hoy son percibidos como cómplices de una mega estructura de corrupción que saqueó las arcas públicas. Dirigentes ineptos, más interesados en ocupar cargos para enriquecerse que en diseñar políticas de desarrollo, han convertido a estas organizaciones en engranajes de un sistema clientelar que bloquea cualquier intento de modernización.
En el terreno político, la gobernabilidad es frágil. Los pactos se sostienen en la inercia y la ciudadanía anticipa un ciclo de conflictividad creciente. La esperanza inicial que acompañó al nuevo gobierno se diluye frente a la falta de resultados tangibles y la persistencia de viejas prácticas de prebendalismo. La percepción dominante es que las organizaciones sociales, lejos de ser un motor de cambio, se han transformado en un obstáculo para la construcción de un proyecto nacional sostenible.
El análisis tecnológico del país revela otra dimensión de la crisis. Bolivia avanzó en conectividad básica y programas de alfabetización digital, pero sigue rezagada en innovación y desarrollo de infraestructura crítica. La inversión en ciencia y tecnología apenas alcanza el 0,2% del PIB, muy por debajo de estándares regionales. Proyectos como la digitalización de trámites públicos se implementaron de manera parcial, sin impacto sistémico. La brecha digital entre campo y ciudad es amplia, y el país carece de una estrategia robusta para aprovechar la transformación digital, inteligencia artificial, big data o automatización en sectores productivos. En un mundo que avanza hacia economías basadas en conocimiento, Bolivia permanece atrapada en la dependencia de materias primas.
El contraste es evidente: mientras las sociedades modernas apuestan por ecosistemas tecnológicos que potencian productividad y transparencia, Bolivia sigue atrapada en debates políticos estériles y en la captura de instituciones por élites sindicales y corporativas. Los movimientos sociales, que en su momento impulsaron inclusión y redistribución, hoy son vistos como responsables de la parálisis y el retroceso. Su aporte al desarrollo es incipiente, casi nulo, y su legado más visible es la desestabilización constante del poder.
El balance de estos veinte años es duro: sí hubo avances iniciales en reducción de pobreza y reconocimiento de derechos, pero el costo fue la consolidación de un aparato político-social que privilegió la renta fácil y el control del poder sobre la construcción de un proyecto nacional sostenible. A diciembre de 2025, Bolivia enfrenta la disyuntiva de romper con esa inercia o resignarse a seguir atrapada en un círculo de crisis recurrentes, donde las promesas de cambio se convierten en espejismos y la tecnología, que debería ser motor de desarrollo, permanece relegada a un papel secundario.
Luis Sergio Valle, presidente de la Fundación FUNDETIC Bolivia
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