La Paz, 4 de julio (Urgentebo).- “No había internet”, es el justificativo que dio el ministro de Justicia, Héctor Arce, para explicar el por qué desde la computadora de la Subprocuradora, Carmiña Llorenti, se filtró información hacia la empresa Non Metallic Minerls- Quiborax, que ganó el laudo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y por lo que el Estado boliviano tuvo que pagar $us 42,6 millones por la nacionalización del Salar de Uyuni.
Hoy Arce, ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), confirmó que la subprocuradora, Carmiña Llorenti, presentó un informe a su persona donde menciona que hubo un acto indebido de uno de los abogados de Chile en la etapa de negociones.
“No había internet en la Sala, (el abogado de Chile) le pidió una computadora a la Subprocuradora (Llorenti), la Subprocuradora, según información, le prestó su computadora. Esa persona, la Subprocuradora cuando se percató de ese hecho nos informó a nosotros, ella nos ha informado, la doctora Carmiña Llorenti, y qué hicimos; se la desvinculó inmediatamente”, manifestó Arce.
Según Arce, esa información la recibió el 7 de diciembre del 2016 y 16 días después, el 23 de diciembre de ese año se le informó al presidente del Estado, Evo Morales. “Se le explicó la situación”.
“Tras el informe se la desvinculó de su función y se mandó un informe y se mandó a la Dirección Jurídica. La Dirección Jurídica ya al mando del doctor Pablo Menacho, el 25 de enero del 2017 dispuso un proceso administrativo (contra la funcionaria)”, agregó Arce.
La versión de Llorenti del 8 de diciembre del 2016 dice: “Cuando terminaron de redactar (los abogados de la parte demandante) se enviaron de mi correo personal, que estaba abierto, a sus correos cuatro documentos, dos versiones de la sentencia, una con control de cambios, otra que ya tenía todo corregido y dos acusaciones de querellante y de Ministerio Público”.
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