Al cabo de 12 horas de trabajo técnico y jurídico, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz planteó la metodología y los valores preliminares para el ajuste de precios previsto en el Decreto Supremo N.º 5660. Sin embargo, la jornada cerró con tensiones: las empresas se negaron a suscribir los documentos y el restablecimiento del servicio de aseo urbano queda sujeto a la decisión de los trabajadores.
La reunión se desarrolló este sábado 15 de agosto desde primeras horas de la mañana. El GAMLP permaneció en la mesa de trabajo hasta concluir el análisis técnico con los equipos de La Paz Limpia (LPL) y TRÉBOL S.A. La municipalidad informó que dio prioridad a la administración responsable de los recursos públicos y la búsqueda de soluciones para la ciudadanía.
Durante la jornada se estructuraron las cifras preliminares del reajuste derivado del incremento en los precios de los combustibles en el marco Decreto Supremo N.º 5660. No obstante, las empresas prestadoras expresaron su postura crítica.
Tras abandonar momentáneamente la sala de reunión, el asesor legal de LPL retornó para hacer explícita la negativa de las empresas a firmar las actas, señalando que la Alcaldía atendió únicamente el 50% de sus demandas. Ante esto, sugirió que los trabajadores deberían evaluar el levantamiento de sus medidas de presión en la misma proporción; es decir, realizar solo el 50% de la recolección de residuos.
Ante la negativa empresarial, los representantes de los trabajadores del aseo urbano se retiraron con las actas firmadas únicamente por los servidores públicos del GAMLP que participaron en el diálogo y la concertación técnica.
Por su parte, el dirigente sindical Ramiro Maquera informó que consultará con sus bases las próximas determinaciones a adoptar respecto al mantenimiento o suspensión de las medidas de presión.
En las actas elaboradas por la Alcaldía se prevé continuar de inmediato con la contrastación documental de facturación y estados financieros para avanzar hacia la suscripción de contratos modificatorios hasta el 28 de agosto, proyectando su vigencia para el 1 de septiembre de 2026.
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