25 de noviembre (Urgentebo ).- A pesar de que Bolivia es pionera en la región al contar con una ley que sanciona el acoso y violencia política hacia mujeres candidatas o autoridades electas, con la Ley N° 243, ningún agresor ha recibido una sanción hasta la fecha desde que esta norma fue promulgada en 2012. Las organizaciones de mujeres de todo el país observan que persiste la impunidad en esta materia.
“Bolivia ha sido referente en América Latina y el Caribe al contar con esta ley; incluso ha sido merecedora de premios internacionales por su carácter innovador”, sostiene Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, red de 21 organizaciones de mujeres de todo el país. “Sin embargo, los hechos de acoso y violencia política (AVP) contra mujeres se verifican a vista y paciencia de dirigentes políticos y autoridades, sin que ningún agresor sea o haya sido sancionado por ellos”.
Alcaldesa ultrajada
Un hecho que conmovió en las últimas horas es lo ocurrido con María Heredia, la alcaldesa de Sipe Sipe. Su drama comenzó el mediodía del martes 17 de noviembre, cuando la autoridad edil se encontraba reunida, en una unidad educativa, con los padres de familia que la entrega de la canasta estudiantil, en lugar del desayuno escolar que este año no se distribuyó por la pandemia.
De esa reunión, Heredia fue sacada por enardecidos padres de familia y también transportistas, quienes la trasladaron hasta la carretera que une Cochabamba con el occidente del país, “diciendo que sufra junto con ellos”. Desde ese momento, ella fue secuestrada.
En todo ese tiempo, ella estuvo en medio de la gente, fue humillada, insultada, tratada de ignorante, incluso los vecinos le echaron con orín e hicieron que permanezca con su blusa mojada.
La alcaldesa, tras ser rescatada, continúa recibiendo atención médica, mientras sus tres hijos y tres nietos se encuentran escondidos en distintos domicilios porque temen por sus vidas por las constantes amenazas que recibieron.
El 12 de junio de este año, la asambleísta departamental por Potosí Miriam Vargas (MAS) denunció públicamente que su casa había sido quemada por pobladores de Macha y que era amenazada constantemente por una supuesta “falta de apoyo” al gobernador de Potosí, Omar Véliz.
La legisladora dijo que, debido a las presiones e intimidaciones en su contra y de su familia, había presentado su renuncia al cargo.
En criterio de Novillo, el acoso y la violencia política es parte de la cultura y la práctica política nacional, pero adquiere matices más “crudos y violentos” cuando se trata de mujeres.
“La evidencia nos indica que hay acoso y violencia política en todos los niveles de Gobierno, nacional o subnacional. Sin embargo, la mayoría de los casos se presentan donde el Estado tiene poca presencia, donde se dificulta la denuncia o porque las autoridades ignoran la norma”.
Los hechos de acoso y violencia política (AVP) contra mujeres se verifican a vista y paciencia de dirigentes políticos y autoridades, sin que ningún agresor sea o haya sido sancionado por ellos” dice Novillo.
Cifras de violencia política
De acuerdo con datos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), en 2019 se registraron 33 casos de acoso y violencia política contra mujeres: 21 denuncias y 12 renuncias. De estas últimas --todas concejalas--, el 75% tuvo lugar en el departamento de Potosí. En tanto, la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) registró el año pasado 127 denuncias de acoso y violencia política contra sus afiliadas, el 41% de las cuales tuvieron lugar en La Paz.
Respecto al panorama de las asambleas departamentales, el OEP realizó un estudio en La Paz, Beni y Tarija, cuyos resultados revelaron que más del 54% de las legisladoras de estos tres departamentos sufrieron acoso político, alguna vez, en el ejercicio de sus funciones; mientras, el 37% señaló que fueron víctimas de violencia política.
En el ámbito nacional, un estudio realizado por la Coordinadora de la Mujer, IDEA Internacional y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) muestra que 75% de las diputadas y senadoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) han sido víctimas de algún tipo de acoso o violencia política, a pesar de que no necesariamente lo reconozcan.
