18 de diciembre (Urgente.bo).- El analista económico Gonzalo Chávez evaluó las últimas medidas anunciadas dentro del Decreto Supremo 5503, publicado este miércoles por la noche. Chávez identificó tres tensiones estructurales; una de ellas es que las compensaciones sociales anunciadas por el presidente Rodrigo Paz no están diseñadas para el sector informal, por lo que, sin una red de protección social, el impacto podría ser “más duro”.
“(Ante las medidas de Paz de subir el precio de los carburantes y eliminar el subsidio) el mensaje es absolutamente claro, proteger con mayor intensidad a los sectores no laborales, adultos y estudiantes, grupos vulnerables como se los conoce, y confiar en que el ajuste salarial sostenga el poder adquisitivo de los trabajadores formales, y eso sea suficiente para seguir moviendo la economía boliviana”, dijo Chávez.
Paz anunció un conjunto de medidas para proteger a los sectores sociales, como el aumento del salario mínimo a Bs 3.300, el incremento del bono Juancito Pinto a Bs 300 y la Renta Dignidad a Bs 500, entre otras, como respuesta al alza de los precios de los carburantes y a la eliminación del subsidio.
Sin embargo, el analista considera que estas medidas dejan expuesto al sector informal. “Las compensaciones sociales están diseñadas fundamentalmente para el sector formal de la economía, pero cerca del 80 por ciento de la población económicamente activa en Bolivia es informal y no tiene salario mínimo garantizado, no tiene contratos, y en muchos casos no tiene acceso directo a los mecanismos de compensación anunciados. Van a recibir por rebalse (2:59) algo de ello. Para este segmento mayoritario, el aumento del diésel significa mayores costos de transporte y de insumos, pero sin una red de protección social, el efecto va a ser más duro”.
Otra tensión señalada es que el aumento del salario mínimo introduce presión sobre las empresas y emprendimientos privados. “Aunque busca preservar el ingreso real, el incremento salarial agrega presión a las empresas que ya operan en un contexto de recesión, caída de ventas y restricciones financieras, especialmente a las pequeñas y medianas empresas con márgenes estrechos. El salario mínimo funciona a la vez como política social y como un riesgo para el empleo formal. Protege ingresos, pero también puede erosionar puestos de trabajo”, indicó el analista.
Finalmente, Chávez advirtió que las medidas no cuentan con un respaldo amplio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), lo que reduce su legitimidad y aumenta el riesgo de protestas sociales. “El ajuste de precios se implementó sin un consenso legislativo, lo que habría otorgado legitimidad y sostenibilidad política. La falta de acuerdo incrementa el riesgo de reversión, bloqueos y conflictos sociales, sobre todo porque el aumento de los combustibles era anticipado por la población. Gobernabilidad social, parlamentaria y política serán clave. Además, el esquema de compensación deja vacíos importantes”, subrayó.
