6 de abril (Urgente.bo).- La justicia de los Estados Unidos ratificó que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, deben resarcir los daños causados a las familias de las víctimas de Octubre del 2003 y pagar $us 10 millones de dólares. Thomas Becker, abogado dice que el fallo es un “mensaje poderoso”, porque sienta un precedente y aseguró que el canciller del Estado, Rogelio Mayta, puede pedir y la extradición de ambas exautoridades bolivianas.
El 21 de noviembre del 2013, el Ministerio Público boliviano presentó el segundo pedido de extradición a Estados Unidos, por los delitos de genocidio, homicidio, vejaciones y torturas; lesiones gravísimas, graves y leves; privación de libertad y allanamiento de domicilio. Sin embargo no hubo respuesta.
“Ya se mandó un pedido de extradición, el gobierno de los Estados Unidos, no ha respondido, pero, el canciller Rogelio Mayta, puede pedir y recordar que se pidió. Me imagino que lo hará y va a hacerlo”, declaró el jurista Internacional de Derechos Humanos de Harvard al portal informativo Urgente.bo.
Para Becker, el exhorto suplicatorio no depende solo del ámbito jurídico, sino de lo político. Espera que el gobierno de Joe Biden pueda acceder a la solicitud de las víctimas del 2003.
“La extradición es un proceso complicado, no es un proceso legal, sino al contrario, es más político. El gobierno de los Estados Unidos, tiene la obligación de extraditar a Goni y Sánchez Berzaín, (pero) no lo ha hecho”, recalcó el abogado.
“Yo creo en que (el canciller) Rogelio Mayta va a pelear porque se haga justicia y las familias víctimas del 2003, pero depende del gobierno de Biden”, añadió.
El bufete Williams & Connolly, que patrocina a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín emitió un comunicado que dice: “El fallo del tribunal de primera instancia del 5 de abril de 2021, no es la decisión final en este caso. No estamos de acuerdo con el fallo y planeamos apelar”, dice el texto difundido.
Al respecto el jurista informó que pueden acudir a la Corte Suprema de EEUU. Si eso ocurriera, el juicio podría demorar dos años más.
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