Así como los 40 días de Cuaresma simbolizan un camino de prueba y esperanza antes de la Pascua, los más de 40 días de bloqueos y conflictos que viven las ciudades de La Paz y El Alto han puesto a prueba la paciencia y la fortaleza de la población. La diferencia es que mientras la Cuaresma apunta a una renovación espiritual, nuestra realidad nos interpela a buscar una renovación social basada en el diálogo, la justicia y el bien común.
Que no se malinterprete: los bloqueos no tienen un fin religioso ni espiritual. Las razones de quienes los impulsan están vinculadas a intereses políticos específicos. La referencia a los “40 días” (y contando) alude, más bien, a un periodo de dificultades, pruebas, pérdidas y signos de deterioro que hemos atravesado como sociedad.
Dos ciudades llevan sobre sus espaldas un desgaste prolongado de privaciones e incertidumbre, lo que inevitablemente invita a reflexionar sobre la urgencia de encontrar caminos de diálogo y encuentro. Ha habido intentos loables de instituciones con mayor credibilidad, pero los resultados han sido limitados, al menos hasta ahora.
La pregunta que surge después de más de cuarenta días de dificultades es inevitable: ¿qué nos espera al final de este camino? Si prevalecen la intransigencia, la violencia y los intereses particulares, difícilmente se encontrará una salida capaz de devolver la tranquilidad a las familias que hoy enfrentan escasez, incertidumbre y temor. Ninguna sociedad puede sostener indefinidamente un estado de tensión sin pagar costos profundos en su tejido social, su economía y la confianza que la sostiene.
A diferencia de la Cuaresma, cuyo horizonte es una promesa clara de renovación, nuestra coyuntura no ofrece certezas. La esperanza no vendrá por el simple paso del tiempo, sino de la voluntad concreta de construir entendimientos. Mientras eso no ocurra, seguiremos transitando una suerte de desierto colectivo, donde el cansancio se acumula y las respuestas parecen siempre postergarse. Sin embargo, precisamente por ello resulta urgente recuperar la convicción de que el diálogo sincero, el respeto mutuo y la búsqueda del bien común siguen siendo el único camino capaz de transformar esta larga prueba en una oportunidad de reconstrucción.
La otra alternativa es la activación del estado de excepción para restablecer el orden y recuperar la “normalidad”. Esta medida requiere reflexiones profundas, decisiones extraordinarias y una alta capacidad estratégica por parte de las autoridades, de modo que su aplicación no termine siendo un arma de doble filo que profundice la polarización y el conflicto. A estas alturas, una gran parte de los verdaderos afectados lo viene solicitando, según reflejan distintos medios de comunicación.
Quizás, en medio de esta larga prueba colectiva, convenga recordar algunas reflexiones atribuidas al papa León XIV en su reciente intervención ante el Parlamento español. Allí advirtió que la pluralidad no debe degenerar en la descalificación permanente del adversario, y que la firmeza en las convicciones no exige el desprecio de quien piensa distinto. También recordó que toda decisión pública afecta a personas concretas, especialmente a quienes tienen menos capacidad de hacerse oír, y que ninguna sociedad puede sostenerse sin una renovada preocupación por el bien común.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en quienes protestan o en quienes hoy sufren las consecuencias del conflicto. También interpela al Estado y a quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Un país democrático no puede acostumbrarse a resolver sus crisis solo cuando estas han alcanzado niveles de desgaste insostenibles. La verdadera prueba será que, una vez superada esta coyuntura, exista la capacidad institucional para prevenir, administrar y encauzar futuros conflictos con mayor eficacia y transparencia, reduciendo los espacios para la improvisación y el cálculo político de corto plazo. Las tensiones sociales seguirán existiendo, pero una democracia madura se mide por su capacidad de gestionarlas sin paralizar al país ni someter a la población a prolongados periodos de incertidumbre y privaciones.
Si esta crisis deja como legado instituciones más fuertes, autoridades más responsables, organizaciones sociales renovadas en su sentido de representación y una ciudadanía más comprometida con el bien común, entonces tanto sacrificio habrá servido para algo más que simplemente sobrevivir al presente.
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