La controversia desatada por la posesión del abogado Freddy Vidovic como Ministro de Justicia y Transparencia Institucional del gobierno de Rodrigo Paz puso nuevamente en escena el caso del ciudadano peruano Martín Belaunde, quien, desde fines del 2014 y hasta fines de mayo del 2015, fue protagonista de un escándalo político bilateral. Más de una década después, hoy corren versiones de que quien fuera colaborador del presidente peruano Ollanta Humala fue víctima de extorsión y que grupos policiales cometieron excesos e ilegalidades bajo la orden de dar con la persona más buscada de entonces.
El actual Ministro de Justicia fue parte del equipo jurídico contratado por Belaunde para que el Conare le extienda la condición de refugiado o para que la justicia boliviana decida mantenerlo en el territorio nacional. El abogado Jorge Valda fue el líder de su defensa. Ambos fueron detenidos y procesados tras el escándalo de la fuga de Belaunde. Los dos denunciaron irregularidades y hechos al margen de la ley para que se incriminen.
“Si Martín Belaunde hablase, estallaría otro escándalo. Por ejemplo, hablaría sobre esa conversación que tuvo el entonces viceministro Jorge Pérez en una habitación del cuartel de Umopar en el Beni. Hablaría de qué es lo que hizo con casi un millón de dólares que recibió en el país”, dijo una fuente policial vinculada a la investigación de hace 10 años.
El 26 de mayo del 2015, el propio presidente Evo Morales declaró que la fuga del entonces Belaunde ocurrió en medio de hechos de corrupción, en los que estarían involucrados miembros de la Policía. Más de 10 años después, se conoce que grupos del verde olivo actuaron al margen de la ley luego de que el gobierno boliviano estaba con la misión de entregarlo a la justicia peruana, una vez que el Tribunal Supremo dio la orden de extraditar al empresario que vivía en el inmueble de un vidente en La Paz, el Curaca Blanco, con detención domiciliaria. Las crónicas de prensa de entonces alertaban de una probable evasión.
“La fuga de Belaunde no fue casual. El peruano logró respaldo económico para permanecer en Bolivia, porque volver a su país significaba ir a la cárcel. No fue muy complicado para él salir de la casa del Curaca Blanco”, añadió la fuente policial.
Personaje importante en la campaña electoral de Humala, quien llegó a ser Presidente del Perú, Belaunde fugó del vecino país luego de que la justicia peruana dictó su detención preventiva por hechos de corrupción y tráfico de influencia. El 1 de diciembre de 2014 ingresó a Bolivia por Desaguadero, con el fin de lograr la declaratoria de refugiado político. Desde entonces, el empresario se convirtió en una incómoda y dura piedra en el zapato de la administración de Evo Morales.
Desde el primer día del último mes del 2014 hasta fines de mayo, Belaunde puso en aprietos al Consejo Nacional del Refugiado (Conare), dirigido por el ahora exministro de Justicia César Siles, a la Policía Boliviana, de la que se burló cuando fugó de una casa ubicada en el barrio de Llojeta, en La Paz, y dejó en evidencia las dubitaciones del gobierno de Morales sobre su proceder frente al pedido de la administración de Humala y la justicia del vecino país para que sea entregado.
El caso Belaunde provocó enormes terremotos políticos en el gobierno de Evo Morales. Tras su evasión de la casa del Curaca Blanco, en Llojeta, cayeron el entonces ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, el comandante general de la Policía Bolivia, Luis Cerruto, y del comandante departamental de La Paz. Además, otros policías fueron investigados y procesados.
Tras esta crisis, el nuevo ministro de Gobierno, Carlos Romero, le dio la mayor de las importancias en la búsqueda de Belaunde, quien fue encontrado el 28 de mayo en la localidad de Magdalena (Beni), escondido debajo bolsas de ropa usada.
Diez años después de aquel hecho, el caso parece rebobinarse, porque surgen datos desconocidos. Por ejemplo, el exfiscal Anghelo Saravia, que tuvo a su cargo la investigación, afirmó que en este caso hubo sobornos, favores judiciales y protección política desde el gobierno de Evo Morales. Según su testimonio, altos funcionarios del órgano Ejecutivo de entonces, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Ministerio Público habrían recibido dinero o actuado para encubrir los hechos.
En ese sentido, la fuente policial llama la atención que Belaunde tuvo en la Policía de Umopar con el entonces viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, una vez que fue capturado en la localidad de Magdalena. “La autoridad pidió una reunión privada con Belaunde”, dijo la fuente.
Este jueves, el Consejo de la Magistratura anunció la apertura de una auditoría “inmediata” al proceso judicial que concluyó con una sentencia al actual ministro de Justicia, Freddy Vidovic, tras las recientes declaraciones de la propia autoridad sobre presuntas “torturas y manipulación” judicial en ese caso.
“El ministro de Justicia y un fiscal de materia han declarado públicamente que existieron torturas, privaciones de libertad y una manipulación en la justicia para dictar sentencias. Como Consejo de la Magistratura no podemos escuchar de palco este tipo de declaraciones de autoridades tan importantes en el país”, afirmó Baptista en una conferencia de prensa.
En junio de 2015 los medios de comunicación solamente se enteraron que hubo dos procesos abreviados, el de Freddy Vidovic y de Rodrigo Quispe Quispe, el dueño de casa que lo cobijó en Magdalena, Beni.
Tras el 9 de noviembre, cuando el presidente Rodrigo Paz posesionó a su gabinete de ministros, el nuevo titular de Justicia fue señalado por algunos grupos de haber sido sentenciado precisamente en este caso. Y en respuesta dio esta declaración:
“En el marco de esa persecución, en mi ilegal detención se me obligó a firmar papeles en blanco y muchos fueron forzados a someterse a proceso abreviado, bajo coacción y chantaje, como única vía para recuperar la libertad y salvar la vida. Aceptar un juicio abreviado en tales condiciones no es una admisión de culpa, sino una decisión de supervivencia ante un sistema represivo y torturador, del que fui víctima como muchos otros que al igual que mi persona lo vivieron”, señala el texto del ministro Vidovic.
En ese contexto, el exfiscal Saravia hubo “hechos irregulares” que habrían buscado encubrir a funcionarios y autoridades vinculadas al entonces Gobierno. Según su versión, tanto Belaunde como Juliano Arista —conocido como el Curaca Blanco— declararon que entregaron grandes sumas de dinero a cambio de promesas de refugio y/o protección política.
El 29 de mayo de 2015, el propio presidente Morales fue el encargado de llevar a Belaunde, en el marco de un amplio operativo policial, hasta Desaguadero para entregarlo a las autoridades peruanas, en el marco de la extradición definida por la Justicia boliviana.
“Bolivia no será refugio de corruptos ni delincuentes”, sostuvo Morales en esa jornada.
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