La Paz, 6 de abril (Revista Oxígeno).- Ha pasado un año desde aquel 19 de marzo de 2017, cuando nueve agentes bolivianos (dos militares y siete funcionarios de la Aduana) fueron detenidos por Carabineros de Chile, cuando ejecutaban un operativo contra el contrabando. Pese a los intentos fallidos de negociación entre ambas naciones, en junio, el juzgado del tribunal chileno de Pozo Almonte, los condenó a una pena de tres años de presidio, pero aplicó una medida sustitutiva que implicaba la expulsión de ese país en un plazo de 30 días y el pago de una multa de 48.196 dólares.
Hace un año, y por semanas, fueron parte de las noticias principales. Las autoridades bolivianos los defendieron en diferentes campos: en el jurídico, en el multilateral e intentaron en el ámbito diplomático, pero no lo lograron. Al cabo de 102 días, fueron liberados y en La Paz un encuentro con el presidente Morales, quien les declaró héroes. Pasó el tiempo de los flashes y hoy tienen otra realidad.
Hoy, cuatro de los condenados comparten sus realidades con la revista Oxígeno; el cómo afectó en sus vidas el fallo de la Corte Chilena. Uno de ellos es Brian Leandro Quenallata, de 26 años, cuya pena, dio lugar a un viacrucis en la vida este padre, que no podrá ver a su hija de seis años quien radica allá. Mientras que otras tres, revelan la realidad del trato a los bolivianos en las celdas chilenas, experiencia que podría dar lugar a un libro en coautoría.
Los bolivianos sentenciados son: el capitán Alex Carvajal y el suboficial Carlos Calle; y los funcionarios Arsenio Choque, Casimiro Torrez, David Quenallata, Karl Luis Guachalla, Bryan Quenallata, Edilberto Flores y Diego Guzmán. Les hallaron culpables de robo con intimidación y violencia. Adicionalmente, a los dos militares les procesaron por el porte ilegal de armas.
Un padre carga la cruz de la sentencia chilena
Bryan Quenallata es ingeniero en comunicaciones, tiene 26 años y es de La Paz. Fue padre poco después de salir bachiller y hoy continúa trabajando en la Aduana de Bolivia en una comisión en Guayará. Es soltero y vive lejos de su hija hace casi tres años porque la madre de su pequeña se fue a Chile, en busca de un mejor futuro. Jamás pensó que la residencia de su expareja y de su hija en Chile iba a convertirse en indefinida. Soñó con el retorno de ellas, pero hoy vive una pesadilla. Casi tiene la certeza de que la radicatoria de su familia en Copiapó (cerca de Santiago de Chile), será permanente, porque su pareja tiene trabajo, su hija va a la escuela y la abuela radica también allá.
“Hace un año tenía casi todo listo para ir a Chile a visitarla. Había ahorrado dinero para los gastos del viaje, tenía días de descanso en la Unidad de Control de Aduana que me permitirían realizarlo, pero lo que frustraría mi sueño del reencuentro anhelado”, dice Bryan. Su voz se quiebra y sus ojos se humedecen.
El 19 marzo, cuando realizaban un operativo contra el contrabando en frontera, fueron interceptados por carabineros chilenos quienes los detuvieron y los llevaron hasta la Comisaría de Colchané. La justicia dicta prisión para él y ocho de sus compañeros de trabajo, entre ellos dos militares, en la cárcel de Alto Hospicio (Iquique). Allí empezó un drama del que no sabe cómo se va a reponer, porque en la sentencia, adoptada al cabo de más de tres meses, se incluye la sanción de que Bryan no podrá volver a Chile en al menos 10 años y, en el caso de los militares, luego de 20 años.
“Son como dos años y diez meses que no veo a mi hija, más los diez años de sentencia que no podré ir a Chile, solo la vería cuando sea joven. Yo quisiera llevarla al colegio, verla bailar, participar en las horas cívicas, me estoy privando de muchas cosas por esto”, afirma acongojado.
Su corazón de padre no se resigna a no ver a su niña, en su desesperación pensó en diferentes opciones de ir a verla, pero teme complicar su situación legal. “Sé que no fui el mejor padre y hoy me arrepiento, amo por sobre todas las cosas a mi hija y aunque hablo por teléfono con ella, me frustra mucho el no poder verla por una sentencia injusta”.
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