El ocaso de la tesis del Estado indígena. ¿Volvemos a la República o seguimos como Estado Plurinacional?
El Censo 2024 constituye mucho más que una operación estadística: es un espejo donde se refleja la construcción simbólica de la nación y la forma en que un Estado define a su población. En Bolivia, la introducción —desde el 2001— de la pregunta de autoidentificación étnica transformó el sentido del censo en un instrumento no solo demográfico, sino también político-ideológico.
La incorporación de esta variable no respondió a una necesidad técnica ni a una preocupación académica por el mestizaje, sino a un proyecto político que buscaba consolidar un relato: el de una Bolivia esencialmente indígena. De allí que la boleta censal ofreciera un abanico de naciones originarias reconocidas constitucionalmente, pero excluyera sistemáticamente la categoría de mestizo, pese a su carácter sociológico central en la identidad boliviana. Al reducir las opciones, se forzaba al ciudadano a escoger entre pertenecer a una etnia específica o aceptar la etiqueta de “ninguno”, negando la posibilidad de reconocerse en la hibridación cultural que caracteriza a la mayoría de la población.
El efecto inmediato se observó en el censo de 2001, cuando un 61% declaró pertenecer a pueblos indígenas. Sin embargo, la caída de esa cifra al 41% en 2012 y al 38,7% en 2024 revela un fenómeno sociológico fundamental: no se trata de la desaparición de pueblos indígenas, sino del agotamiento del artificio político que instrumentalizó la retórica identitaria para legitimar un proyecto de poder. El descenso porcentual expresa la toma de conciencia ciudadana sobre la realidad mestiza del país, que no encaja en la narrativa plurinacional diseñada por el Movimiento al Socialismo (MAS).
Desde la filosofía política, cabe señalar que todo proyecto estatal se sostiene en un mito fundacional. El Estado Plurinacional de Bolivia se edificó sobre la tesis de que la nación era predominantemente indígena y, por tanto, correspondía refundar la institucionalidad en torno a las llamadas “36 naciones originarias”. La promesa de mayor justicia histórica y de derechos diferenciados se apoyaba en esa idea. Pero los resultados censales recientes erosionan esa legitimidad simbólica: si la mayoría no se reconoce como indígena, la pretensión de erigir un Estado con jerarquías étnicas pierde su sustento demográfico y moral.
La sociología enseña que la identidad es una construcción dinámica, no un dato congelado. En Bolivia, el mestizaje no es una anomalía sino la norma, el producto de siglos de sincretismo cultural y social. Negar esta categoría equivale a invisibilizar a la mayoría, distorsionando la fotografía de la nación en beneficio de un relato político. La estadística no puede ser usada como herramienta de ingeniería ideológica, pues el Estado deja de ser reflejo de su sociedad para convertirse en un dispositivo de manipulación de ella.
El desenlace es claro. El censo de 2024 muestra que la tesis de un país esencialmente indígena ha perdido base empírica. Más allá de las narrativas masistas, Bolivia es una sociedad plural, atravesada por procesos de hibridación y mestizaje que reclaman reconocimiento. El desafío actual ya no es insistir en un modelo plurinacional fundado en una mayoría ficticia, sino repensar un proyecto nacional que asuma la diversidad sin convertirla en herramienta de exclusión o de poder sindical.
En ese desfase entre estadística y relato se abre la oportunidad de discutir de nuevo qué significa ser boliviano en el siglo XXI: no como imposición de una etiqueta, sino como afirmación de una comunidad real, mestiza y plural.
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