En noviembre de 2009, Rosario Canedo Justiniano se declaró en huelga de hambre en el Parlamento. Una ministra de la Corte Suprema arriesgó su salud para defender la independencia del Poder Judicial. Permaneció ocho días en ayuno, hasta que un desmayo obligó a hospitalizarla.

Su caso recuerda lo que está en juego cuando la política ejerce tuición sobre el Poder Judicial, cuando la permanencia de un juez depende de que sus fallos agraden al gobernante y proteger al ciudadano de los abusos del poder puede costarle el cargo.

Lo que ocurrió fue un evidente acoso. El primer proceso contra Canedo surgió de la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva del exprefecto Luis Alberto «Chito» Valle. El Gobierno de Evo Morales, mediante la viceministra Nardy Suxo, promovió una denuncia por prevaricato. Diputados la suspendió en diciembre de 2007. El Senado la absolvió en abril de 2008 y ordenó restituirla. El MAS tenía mayoría en la Cámara Baja, pero todavía encontraba un contrapeso en el Senado.

En 2009 volvió la acusación, esta vez por el fallo sobre la liquidación del Banco Sur. El BCB reclamaba preferencia de pago. El auto complementario de la resolución sostuvo que los documentos invocados no acreditaban la subrogación en la que sustentaba su pretensión. La negativa respondía a una exigencia elemental: también el Estado debía demostrar el derecho que reclamaba.

El 19 de noviembre de 2009, Canedo fue suspendida nuevamente. Aunque el magistrado Julio Ortiz Linares también había firmado la resolución, la acusación que produjo su apartamiento se concentró en ella. Esa diferencia de trato exigía una explicación convincente que nunca llegó. El conflicto sirvió para apartar a una magistrada que había resuelto contra una entidad estatal. El interés del litigante se impuso a la independencia de quien debía juzgarlo.

La Ley 2623 permitía que la sola aprobación de la acusación en Diputados produjera la suspensión. Antes de que existiera sentencia, la mayoría parlamentaria podía desalojar a una magistrada. Canedo resistió. Con su huelga de hambre, defendió el derecho de todo juez a resolver conforme a la ley, sin temor a que la mayoría parlamentaria lo apartara por el contenido de un fallo.

El fallo por el que suspendieron a la Dra. Canedo fue dejado sin efecto en 2010 y sustituido en 2012 por otro favorable al BCB. Lo dictaron magistrados surgidos de las elecciones de 2011, bajo el sistema implantado por el MAS. Sus candidaturas fueron seleccionadas por la Asamblea Legislativa, donde el partido de gobierno controlaba más de dos tercios. Se había logrado someter a la justicia y convertirla en instrumento de un proyecto político.

El MAS terminó por tomar el control del Poder Judicial y lo convirtió en su brazo represivo. El desmantelamiento de los contrapesos hizo posible perseguir adversarios con apariencia de legalidad y proteger a quienes servían al Gobierno. También contribuyó a la corrupción, pues cuando la obediencia garantiza protección, se abre la compuerta a los apetitos personales y la probidad deja de ser condición para permanecer en funciones.

La subordinación política abrió espacio a otras lealtades. Una justicia acostumbrada a servir intereses ajenos a la ley se vuelve terreno propicio para quienes pueden comprar decisiones. El ciudadano queda indefenso frente al gobernante y frente al dinero.

Por eso necesitamos juzgadores independientes y probos. La responsabilidad judicial debe establecerse con prueba y ante autoridades imparciales. Sancionar la corrupción es indispensable. Usar esa acusación para expulsar a quien incomoda al poder destruye la justicia que se dice defender.

Canedo permaneció en Bolivia. Desde aquí afrontó ambos procesos y sostuvo su defensa. El 8 de febrero de 2008 acudió a la CIDH. Su petición fue admitida el 3 de agosto de 2022, catorce años después. No se conoce hasta hoy una resolución de fondo. La espera continúa. La protección internacional también debe responder por una demora que consume la vida de quien reclama.

Hoy, las investigaciones por presunta protección al narcotráfico han alcanzado al exfiscal general Róger Mariaca, detenido en Cantumarca, y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien salió del país y tiene una orden de aprehensión por tráfico de sustancias controladas y organización criminal. Las sospechas llegan a quienes encabezaban las instituciones encargadas de perseguir el delito y administrar justicia. Esa sola circunstancia revela la profundidad de la crisis que nos legó el MAS.

Las responsabilidades deben esclarecerse hasta sus últimas conexiones. La reconstrucción exige romper el mecanismo que permitió usar la ley para perseguir oponentes y ofrecer impunidad a los allegados. Reemplazar autoridades bajo el mismo esquema sólo prepara el próximo escándalo. Esa tarea incluye reconocer la resistencia de Rosario Canedo y responder a sus reclamos.

El MAS logró doblegar al Poder Judicial. Muchos prefirieron evitar el enfrentamiento y hubo quienes se pusieron al servicio del Gobierno. Muy pocos defendieron la independencia de la justicia. Rosario Canedo estuvo entre ellos.

La justicia que necesitamos debe poder juzgar al poder. Nunca estar a sus órdenes.

P.D.: Rosario Canedo Justiniano durante su huelga de hambre en la Cámara de Diputados. La Paz, noviembre de 2009. Foto publicada por Los Tiempos.

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