3 de noviembre (Urgente.bo).- El proyecto del Código Minero garantiza la seguridad jurídica para las empresas, mediante la creación de nuevas instituciones, la lucha contra la minería ilegal y la digitalización de todos los procedimientos, que también servirá para atraer inversión hacia el sector, informó este martes el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Calderón.
“Tenemos que entender que realmente había una reticencia de los extranjeros para poder venir a invertir a Bolivia por el tema de seguridad”, sostuvo el ministro y explicó que la Constitución Política del Estado (CPE) no impide la inversión extranjera, pero que es necesario mejorar las condiciones para brindar confianza a los interesados en invertir en el sector minero.
En ese sentido, el ministro anunció el cierre de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y en su lugar crearán la entidad Agencia de Promoción y Lucha contra la Minería Ilegal, que estará encargada de combatir la minería ilegal.
Además, Calderón señaló que la nueva institución contará con un porcentaje de los recursos provenientes de la AJAM y del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom). Asimismo, tendrá equipos, maquinaria y minerales que sean decomisados en operativos contra actividades ilegales.
Por otra parte, el ministro mencionó que la digitalización de los procedimientos y procesos para reducir la burocracia y los posibles hechos de corrupción.
“El solo hecho de digitalizar vamos a tener menor contacto entre el administrado y el administrador. De tal manera que cualquier susceptibilidad de posible corrupción se reduce al máximo”, explicó.
Por último, la autoridad indicó que existen proyectos de inversión que alcanzarían cerca de 4.000 millones de dólares, entre ellos iniciativas vinculadas a San Cristóbal, Carangas y Sica Sica.
Estas inversiones permitirían fortalecer la actividad minera y generar resultados a mediano y largo plazo. El Gobierno prevé que el proyecto de Código Minero ingrese a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y aprobación a fines de noviembre, luego de concluir el proceso de socialización en los departamentos.
