La decisión de Estados Unidos de actuar contra las redes del narcotráfico y sus protectores ha provocado en Bolivia un sacudón necesario. Las restricciones de visas contribuyeron a poner bajo investigación a autoridades que debían perseguir el crimen y que hoy son señaladas por ampararlo. Ese impulso merece reconocimiento. También obliga a preguntarnos por qué tuvimos que esperar una señal desde Washington para investigar hechos que llevaban años a la vista.

La reacción del presidente Rodrigo Paz ante la segunda lista de restricciones de visas resulta llamativamente evasiva. Prefirió otorgar prioridad a la falta de baños en los hogares bolivianos. Visto por el lado bueno, sin embargo, los baños sirven precisamente para poner la inmundicia en su lugar. Eso mismo necesitamos hacer con nuestras instituciones: impedir que sigan convertidas en depósitos de la escoria de la delincuencia. Bolivia necesita ambas formas de saneamiento y por los mismos motivos.

Nuestra patria se convirtió en refugio de organizaciones criminales que encontraron facilidades para instalarse y operar. Son muchos los narcotraficantes y prófugos buscados internacionalmente que se aposentaron en nuestro país. Aquí fueron capturados Sebastián Marset, trasladado a Estados Unidos; Marcos Roberto de Almeida, alias “Tuta”, y Gerson Palermo, señalados como dirigentes del Primer Comando de la Capital; Kléber Nóbrega Pereira, alias “Kekeu”, identificado como uno de los jefes del Comando Vermelho en Bahía; y, más recientemente, Roberto Prieto Filho y Marcio Barbosa da Silva, otros dos presuntos integrantes del PCC entregados a Brasil. La concentración de prófugos de esa jerarquía no puede atribuirse al azar.

El caso de “Tuta” revela hasta dónde llegaba el amparo del que gozaron. Las cámaras del Segip registraron a un mayor, jefe de Inteligencia de la FELCV de Santa Cruz, acompañándolo cuando intentaba renovar una cédula con identidad falsa. El oficial fue imputado y enviado a detención preventiva. La protección llegaba hasta las oficinas encargadas de acreditar quiénes somos.

La producción de droga tiene una base que tampoco podemos ignorar. Ernesto Justiniano, entonces Viceministro de Defensa Social y hoy Ministro de Defensa, estimó en febrero que más del 90% de la coca cultivada en el Chapare se desvía al negocio de la cocaína. Hace más de cuarenta años, durante mi investigación del narcotráfico, ya constaté que los cultivadores de coca de esa zona habían pasado a producir pasta base.

El Gobierno reconoce que hay 36.500 hectáreas de coca frente a las 22.000 autorizadas por ley. Incluso ADEPCOCA, que agrupa a productores tradicionales de los Yungas, propone sanciones penales para el cultivo en zonas no autorizadas y la comercialización clandestina.

La violencia expresa las consecuencias de este negocio. En lo que va del año, las víctimas mortales se cuentan por decenas y los hechos de violencia criminal van en aumento. Deben preocuparnos los ataques armados y las muertes con características de ejecución, en una sociedad acostumbrada a la paz del campanario. La sucesión de crímenes muestra la gravedad del deterioro de nuestra seguridad. Hablar de “ajustes de cuentas” no disminuye la gravedad de un asesinato ni pone a salvo a quienes nada tienen que ver con esas disputas.

En este escenario adquiere valor la determinación estadounidense. Washington considera que las organizaciones criminales transnacionales y quienes las protegen amenazan su seguridad y socavan los gobiernos de la región. Las restricciones migratorias forman parte de esa política, vinculada con el Escudo de las Américas y acompañada de cooperación para investigar sus redes. La presencia de la DEA, ratificada por el Gobierno, debe entenderse dentro de ese esfuerzo.

Estados Unidos tiene derecho a impedir el ingreso a su territorio conforme a sus leyes. La sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite declarar inadmisible a una persona cuando el Secretario de Estado tiene motivos razonables para considerar que su ingreso o sus actividades podrían ocasionar consecuencias graves y adversas para la política exterior estadounidense. La medida tiene fundamento jurídico, aunque no equivale a una condena penal.

Sus efectos en Bolivia son evidentes. El 28 de septiembre se anunciaron las primeras restricciones. Dos días después fueron aprehendidos Mariaca y Zeballos, en un operativo que recibió información de la DEA, según reconoció el Gobierno. El 22 de octubre llegó una segunda nómina. El reconocido diplomático Jaime Aparicio ha advertido que podrían publicarse otras.

Marset fue capturado el 13 de marzo. La grabación atribuida a las horas posteriores a su aprehensión, en la que afirma que Mariaca era su amigo y le avisaba “lo que tiene que avisar”, se difundió más de seis meses después. Corresponde establecer quién conoció ese material y qué hizo con él. El silencio o la inacción, si se acreditan, también generan responsabilidades.

La investigación debe continuar y profundizarse para esclarecer cómo operaron las redes que encontraron cobijo durante los gobiernos del MAS. La depuración debe abarcar toda la judicatura y la Policía, además del Ministerio Público. Pero no basta procesar a personas concretas. Hay que desmontar los mecanismos que permitieron a esas redes funcionar y reproducirse. La reforma deberá traducirse en controles efectivos y autoridades independientes, capaces de investigar incluso a quienes están cerca del poder.

También hay que llegar a los consorcios que hicieron de la justicia un negocio inicuo. Nuestra legislación sanciona la concertación entre integrantes del servicio de justicia para obtener ventajas ilícitas. Los abogados que compran resoluciones o venden influencias han pervertido la profesión y han convertido los derechos ajenos en mercancía.

Esas prácticas afectan también a los asuntos civiles o comerciales, familiares o laborales. ¿Qué ha cambiado para quien pierde su vivienda por un fallo vendido o ve destruida su empresa mediante decisiones concertadas? Esos delitos deben investigarse con la misma determinación. Los colegios de abogados tienen una responsabilidad propia frente a las faltas profesionales que puedan acreditarse.

La acción estadounidense ha puesto el dedo en una llaga que Bolivia tenía la obligación de atender. Debemos aprovechar ese impulso para reformar nuestras instituciones y exigir resultados verificables. La lucha quedará incompleta si se detiene en los nombres de las listas y deja intactos los negocios que destruyen la justicia.

En Washington deciden a quién restringirle la visa. La obligación de reformar nuestras instituciones es de los bolivianos. Y, sin embargo, seguimos esperando que desde afuera nos digan a quién investigar, cuándo actuar y cómo limpiar nuestras cloacas.

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