Hay gobiernos capaces de inaugurar una carretera con la fotografía de un plano. Hoy asistimos a una versión digital de esa misma práctica: anunciar una autopista interoceánica mientras los ciudadanos siguen sorteando dificultades para acceder a internet.
La visita del presidente chileno José Antonio Kast a Bolivia dejó un acuerdo para desarrollar un corredor de fibra óptica vinculado al proyecto Humboldt. Bien por la diplomacia. Sin embargo, un acuerdo no es una obra y una firma no transmite un solo gigabit.
El detalle que suele perderse entre los flashes es elemental: Humboldt es un sistema de cables submarinos que conectará Chile con Australia y Panamá, cuya entrada en operación está prevista para 2028. El acuerdo entre Bolivia y Chile busca desarrollar un corredor de fibra óptica que permita al país acceder a cables submarinos del Pacífico, incluido Humboldt. Pero Bolivia no se conecta a esa infraestructura por aparecer mencionada en un comunicado. Necesita enlaces terrestres, capacidad internacional contratada, rutas alternativas y redes nacionales capaces de transportar los datos hasta empresas, escuelas y hogares. Sin esa infraestructura, habremos conseguido una hermosa salida al océano, al menos en nuestros discursos.
Internet no funciona por proximidad diplomática. La experiencia del usuario depende del ancho de banda efectivo, la congestión, los acuerdos de interconexión entre redes (peering), la latencia, la calidad de la última milla y la eficiencia del enrutamiento. Incluso si Bolivia accede a una ruta transpacífica, una videollamada a un servidor regional podría no mejorar ni un milisegundo si el tráfico continúa recorriendo trayectos ineficientes. Los cables no hacen milagros; las redes bien diseñadas, a veces, se les parecen.
El problema más incómodo tampoco está bajo el Pacífico, sino en las condiciones comerciales del mercado. ¿Quién comprará la capacidad? ¿A qué precio mayorista? ¿Bajo qué reglas podrán acceder los operadores? ¿Habrá interconexión transparente o un nuevo peaje cobrado por los mismos intermediarios? Sin competencia efectiva, los posibles ahorros pueden quedarse aguas arriba, mientras el consumidor recibe el mismo servicio acompañado de una conferencia de prensa.
La Ley N.º 164 no necesita una ceremonia para recordar los principios que orientan las telecomunicaciones en Bolivia, entre ellos el acceso universal, la asequibilidad y la calidad. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) dispone de herramientas para evaluar el desempeño de estos servicios. Lo que corresponde exigir al Ejecutivo es un diagnóstico público de partida, metas verificables y comparaciones periódicas de tarifas, cobertura y calidad. Todo ello con plazos, presupuesto y responsables identificados. El megabit prometido no sustituye al megabit entregado.
La comparación internacional también resulta incómoda. Chile ha avanzado en la planificación del proyecto Humboldt y en las gestiones necesarias para desarrollar esta infraestructura. Por su parte, la Unión Europea cuenta con un marco regulatorio para las comunicaciones electrónicas que contempla reglas de acceso e interconexión, además de mecanismos para abordar barreras a la competencia. La diferencia no es únicamente geográfica: también es institucional y de gestión.
Hay, además, otra contradicción. Se invocan la inteligencia artificial, la economía de los datos y la soberanía digital como si bastara con pronunciarlas frente a una cámara. Sin una red troncal de fibra óptica robusta, centros de intercambio de tráfico eficientes, suministro eléctrico confiable y rutas alternativas, los centros de datos pueden quedarse en proyectos sobre el papel, mientras los emprendimientos locales continúan pagando el costo de las deficiencias del sistema. La soberanía digital no significa cerrar fronteras; significa tener capacidad para negociar rutas, proveedores y precios sin quedar cautivos de una sola puerta de acceso.
El acercamiento con Chile puede ser útil. Precisamente por eso merece algo mejor que un triunfalismo prematuro. Es necesario publicar los compromisos asumidos, definir quién financiará los enlaces terrestres, explicar las tarifas esperadas y establecer mecanismos para fiscalizar los avances. Estamos ante un proyecto de infraestructura, no ante un concurso de fotografías presidenciales.
La misma tentación de confundir cobertura con desarrollo ha reaparecido, esta vez desde el cielo. El 20 de octubre, el presidente Rodrigo Paz anunció convenios con 85 municipios del departamento de La Paz para instalar antenas Starlink en unidades educativas fiscales. El programa contempla miles de terminales en el ámbito nacional y dos años de servicio gratuito. La iniciativa también prevé acciones de capacitación docente. Llevar conectividad a las zonas rurales merece reconocimiento, pero una antena; incluso acompañada de formación, no constituye por sí sola una política educativa integral. Es apenas una puerta de entrada.
Imaginemos una escuela rural que mañana recibe internet satelital. La señal funciona. El alcalde posa. El ministro celebra. ¿Y los estudiantes? ¿Cuántos tienen una computadora propia? ¿Cuántos deben compartir un teléfono entre hermanos? ¿Cuántas escuelas cuentan con electricidad estable y docentes preparados para integrar la tecnología en sus clases? Disponer de Wi-Fi no equivale a tener acceso efectivo a las oportunidades digitales. Una red puede cubrir geográficamente una comunidad y, aun así, dejar digitalmente excluida a buena parte de su población.
El programa contempla capacitación docente y coordinación con los gobiernos municipales para facilitar su implementación. Es un paso importante, pero todavía quedan preguntas fundamentales: ¿qué presupuesto garantizará su continuidad?, ¿cómo se medirán los resultados educativos?, ¿qué recursos estarán disponibles para los estudiantes? y, sobre todo, ¿qué ocurrirá en el mes veinticinco, cuando concluya el periodo de servicio gratuito anunciado? ¿Quién asumirá el costo de la suscripción, repondrá los equipos y atenderá las averías? ¿Qué mecanismos evitarán que una escuela vuelva a quedar desconectada? No se construye igualdad mediante una suscripción con fecha de vencimiento.
Uruguay comprendió esa distinción con el Plan Ceibal, una iniciativa que articuló conectividad, dispositivos, formación docente y recursos educativos dentro de una política sostenida y evaluable. Su experiencia ha tenido avances y desafíos, pero ofrece una lección fundamental: la discusión no debe girar exclusivamente alrededor de la señal, sino también del aprendizaje. Esa es la diferencia entre instalar tecnología y ampliar oportunidades. Una antena puede conectar una escuela con un satélite; ningún satélite puede sustituir al maestro.
Falta otra asignatura: la alfabetización digital. No consiste solamente en pulsar una pantalla o abrir una aplicación. Significa aprender a buscar y contrastar información, proteger los datos personales, identificar estafas, reconocer contenidos falsificados mediante inteligencia artificial y utilizar las herramientas digitales para estudiar, producir conocimiento y ejercer derechos. Un niño conectado sin esas competencias puede quedar más expuesto a riesgos, sin que ello implique necesariamente una mejora en su educación. El acceso sin criterio también puede reproducir o profundizar la desigualdad.
Hace falta una verdadera democracia de la conexión: no el privilegio estadístico de vivir dentro de un mapa de cobertura, sino la posibilidad material de participar. Esto exige dispositivos asequibles, formación continua, recursos educativos accesibles y pertinentes para las lenguas y los contextos locales, energía confiable y oportunidades de uso que no desaparezcan cuando se apagan las cámaras. Significa que un agricultor pueda consultar precios y negociar en mejores condiciones; que una estudiante acceda a una biblioteca; y que una comunidad pueda producir conocimiento, en lugar de limitarse a consumirlo.
Al Gobierno le corresponde dejar de contar antenas como si fueran graduados y kilómetros de fibra óptica como si fueran ciudadanos incluidos. La conectividad es el punto de partida; la educación y la autonomía son parte de la meta. La tragedia nacional no sería únicamente que internet jamás alcance la última escuela de Bolivia. También lo sería que llegue hasta su puerta, atraviese el cielo a la velocidad de la luz y encuentre, del otro lado, a una generación a la que nadie enseñó a aprovechar sus posibilidades.
Porque anunciar una autopista mundial mientras los barrios siguen sin pavimento no es modernización. Es inaugurar el horizonte y cobrarle al ciudadano por el paisaje.
Por: Dr. Luis Fernando Zegarra Castro
Abogado, docente universitario y especialista en Derecho Informático e Informática Forense.
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