Por esas cosas de la política, a veces la debilidad se convierte en fortaleza. Hace apenas dos meses, o menos, el presidente Rodrigo Paz parecía tambalearse al borde del abismo, pero el panorama ha registrado algunos cambios.
Los problemas de gestión —gasolina y demás—, las falencias del equipo y los prolongados conflictos sociales de mayo habían debilitado al mandatario. A ello se sumaron las denuncias de corrupción que involucraban a su círculo más cercano y que lo dejaron en una situación que muchos consideraban como la antesala de una salida anticipada del poder.
Fue un tiempo en el que llegó incluso a especularse sobre los distintos escenarios que podían darse para una transición ordenada, más o menos rápida y, en la medida de lo posible, no traumática y ajustada a la Constitución. En filas del propio gobierno y en el entorno más íntimo del presidente, la situación era observada más con alarma que solo con preocupación.
Y es que, en ese momento, poco después de que se destapara el escándalo Cerimedo-Beller y su secuela de revelaciones, prácticamente nadie apostaba a que pudiera producirse algún tipo de milagro que pusiera a Rodrigo Paz nuevamente en el camino de un mandato rutinario y sin sobresaltos. De todos los astros, ninguno parecía alinearse favorablemente: esperar lo peor no era en absoluto excesivo.
Pero la sorpresa vino del norte. Primero, la lista de los “desvisados” y, luego, la cacería de los oscuros personajes sospechosos de haber puesto, durante años, al Ministerio Público al servicio del crimen organizado.
El enemigo mayor, Roger Mariaca, mató al escándalo “menor”, Cerimedo, aunque entre ambos existían presuntos vasos comunicantes que todavía permanecen en una zona incierta. El cambio de protagonistas le dio un respiro al Gobierno y tranquilizó las aguas que rodeaban a un presidente cerca del naufragio.
Las noticias tomaron otro rumbo. Lo que ya se sabía —la presencia de mafias en el país— se convirtió en dramática novedad, con el telón de fondo de una sucesión de hechos violentos que estremecieron al oriente del país y que dejaron como saldo la detención de delincuentes extranjeros, la mayoría brasileños, que habían convertido a Santa Cruz de la Sierra en una suerte de retaguardia segura para el desarrollo de sus actividades ilícitas.
La narrativa oficial —por primera vez— aprovechó el momento incluso para instalar la sospecha de que detrás del bloqueo de los 53 días estaba Mariaca, presentado como una suerte de “capo” del narcoterrorismo, con una supuesta ascendencia sobre algunos movimientos sociales radicalizados.
Bolivia emergió en la geografía del crimen como un nuevo punto crítico, que se sumaba a las costas de Ecuador, Colombia y Perú, México y otros países en los que las actividades de las organizaciones criminales eran una dolorosa parte de la rutina.
Un gobierno con nuevas y urgentes tareas —la seguridad— y con algunos éxitos en el ámbito económico y diplomático —acuerdo con el FMI, primeros desembolsos, eliminación del subsidio del diésel y visita del presidente chileno— prácticamente reemplazó en la agenda al gobierno de la ineficiencia, las demoras y los casos de corrupción no esclarecidos. Pero ambos unidos por el denominador común de una debilidad no superada en la mayoría de los frentes.
La de Paz continúa siendo una gestión sin norte, con tareas clave todavía pendientes, sin acuerdos políticos que aseguren viabilidad para un cambio real del modelo económico y con muchas dudas sobre la capacidad del equipo para administrar y orientar adecuadamente los desembolsos de los organismos internacionales.
Es un gobierno fuertemente condicionado desde fuera para priorizar una agenda regional de seguridad —Escudo de las Américas—, que supone además un alineamiento ideológico con otros gobiernos que representan un extremo —la derecha— contra una izquierda a la que se busca vincular con el crimen organizado para sacarla del camino.
Paz posiblemente ya no representa la posibilidad de las grandes transformaciones —materia con la que inicialmente iba a ser evaluado—, sino el nuevo eslabón de una tendencia que apunta a “bukelizar” la gestión para ejercer un mayor control sobre el delito y marcar una línea regional más o menos coherente, a la que se espera sumar a Brasil con una eventual victoria de Flavio Bolsonaro en la segunda vuelta electoral del próximo fin de semana.
Un gobierno que no logró construir una identidad propia ni definir un rumbo claro encuentra fuera del país el respaldo del que carece dentro. La lucha contra el crimen organizado, presentado como una amenaza mayor que la propia crisis, le permite vincular a sectores sociales radicalizados con una supuesta conspiración detrás de los bloqueos de mayo y junio, en la que estarían involucrados Roger Mariaca, Evo Morales y otros dirigentes.
Estamos ante una narrativa que busca neutralizar adversarios y reflotar una gestión debilitada tras medio año de dificultades. Una estrategia que permite transitar, convenientemente, de la narcocorrupción, que golpeaba al propio gobierno, al narcoterrorismo, convertido en un nuevo escenario de supervivencia política, en el que se pretende imponer una falsa dicotomía —ya planteada por algunas autoridades—: apoyar al Gobierno o estar del lado del crimen organizado.}
Rodrigo Paz no ha dejado de ser un presidente débil, aunque su gestión se haya hecho policíaca y firme, pero se hace una pieza necesaria en el armado de una estrategia regional y, por otra parte, no queda tan expuesto a una arremetida social —como la que se preveía para octubre—, sencillamente porque los movimientos sociales o están debilitados o no les interesa adelantar cambios ni ser protagonistas en un escenario todavía incierto de crisis económica.
En suma, la vulnerabilidad del presidente es funcional al interés de unos por tener el control y, de otros, por promover el desgaste para cosechar en el largo plazo.
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