Recordemos que el exdiputado Amilcar Barral denunció públicamente que el vicepresidente Edmand Lara filtró grabaciones de la ex autoridad en conversaciones con el coronel Marcelo Ferrufino, jefe de Inteligencia. En los audios, presuntamente se le habría instruido atacar a Lara y a su esposa. Barral señala una supuesta interceptación, mientras Lara pidió pericia técnica sobre los registros. Por ahora, son hechos denunciados que exigen prueba, no veredictos de TikTok.
“A confesión de parte, relevo de prueba” es una magnífica puñalada retórica, pero jurídicamente necesita bisturí.
Si un interlocutor admite que la conversación existió y luego señala: “esa no es mi voz” para refugiarse en “está editado” o “está fuera de contexto”, la controversia cambia: ya no se discute simplemente la existencia del diálogo, sino también su integridad, contexto y alcance. Una admisión no liquida el debido proceso ni convierte cada interpretación política en hecho probado.
La Ley 101 merece ser leída, cosa menos entretenida que hacer videos, su artículo 13 sanciona con retiro temporal de uno a dos años por divulgar información confidencial conocida en servicio, como revelar a terceros misiones u órdenes secretas o reservadas. La baja definitiva no es automática: el artículo 14 la reserva para conductas específicas, entre ellas ordenar servicios policiales para fines ilícitos; extraer o utilizar dolosamente información de la Policía.
Si una investigación demostrara uso deliberado de inteligencia policial para una operación política, entonces la discusión sobre el artículo 14 dejaría de ser retórica. Pero primero hay que probarlo. La Ley 101 exige proceso disciplinario incluso para las faltas graves.
EL AUDIO TAMBIÉN TIENE ESCENA DEL CRIMEN
La acústica forense no consiste en poner audífonos y anunciar solemnemente: “sí, parece su voz”. Un perito serio pregunta por el archivo original, su procedencia y su integridad. Examina forma de onda, espectrograma, codificación y compresión; busca discontinuidades compatibles con cortes, alteraciones o transcodificaciones y contrasta características del hablante. El SWGDE estadounidense define de manera precisa la autenticación de audio como el examen de si una grabación es consistente con la forma en que supuestamente fue producida.
También hablan los silencios. Ruido ambiental, reverberación, respuesta del dispositivo y cambios bruscos en el espectro, pueden ofrecer indicios sobre el entorno o sobre una edición. Estos aspectos, no permiten señalar, como por arte de magia, “esta oficina, a las 16:32”; la ciencia forense trabaja con hipótesis y grados de soporte, no con poderes paranormales.
Lo mismo vale para la llamada “huella vocal”. La voz aporta información biométrica, pero no es una huella dactilar inmutable; la comparación forense debe tratar la variabilidad y la incertidumbre de manera probabilística.
Las inteligencias artificiales complicaron todavía más el tablero. Un estudio de 2025 encontró que voces clonadas degradan los sistemas automáticos de reconocimiento y que métodos basados en MFCC no generalizan bien frente a distintos algoritmos de clonación. Traducido al castellano político: ningún programita que diga “97% real” debería decidir una carrera policial.
La acústica forense no lee intenciones. Lee rastros. A veces los rastros son bastante menos indulgentes que los voceros.
España tipifica como muy graves tanto el uso indebido de secretos oficiales como la violación del secreto profesional cuando perjudica la labor policial o a terceros; entre las sanciones posibles está la separación del servicio, pero también exige procedimiento y proporcionalidad.
La lección comparada es incómodamente sencilla: ni impunidad corporativa ni linchamiento digital. Se preserva evidencia, se autentica, se determina responsabilidad y recién entonces se sanciona. Bolivia suele preferir el orden inverso: primero la batalla política, después el TikTok, luego el comunicado y, con suerte, al final aparece el perito.
CUANDO INTELIGENCIA NECESITA INTELIGENCIA
Lo verdaderamente grave no sería que un coronel use un iPhone equivocado, sino que recursos, información o estructuras de Inteligencia policial terminen —si la investigación así lo demuestra— convertidos en herramientas de combate partidario.
El Gobierno debería ser el primer interesado en una pericia independiente y en activar sin cálculo político el régimen disciplinario. Proteger a un funcionario porque conviene sería tan corrosivo como condenarlo porque estorba. La Policía no puede ser agencia de inteligencia del partido que ocupa temporalmente el Palacio.
La pregunta, entonces, no es quién tenía el teléfono más seguro. Es bastante peor: ¿cómo puede un Estado presumir de inteligencia cuando sus secretos, sus pugnas y quizá sus órdenes terminan siendo auditados primero por TikTok?
A modo de cierre, recordar al exdiputado Barral que ningún dispositivo es cien por ciento seguro cuando falla el factor humano y en materia jurídica, una precisión elemental: desde la Constitución Política del Estado hasta la última disposición normativa, no basta leer las leyes; hay que comprenderlas, interpretarlas y, sobre todo, saber aplicarlas.
LUIS FERNANDO ZEGARRA CASTRO
PROFESOR UNIVERSITARIO, FORENSE INFORMÁTICO Y CONSULTOR POLÍTICO INTERNACIONAL.
