11 de octubre (Urgente.bo).- La Justicia de Perú ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto, investigado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y acusado de captar a ciudadanos peruanos con falsas ofertas de trabajo y trasladarlos a Rusia, donde terminaron involucrados en la guerra contra Ucrania.
Según la investigación del Ministerio Público peruano, Pinto habría coordinado, financiado y facilitado, en marzo de 2026, el traslado de cuatro ciudadanos hacia Rusia, bajo la promesa de que trabajarían como personal de seguridad en una base militar. Sin embargo, uno de ellos, identificado como Julio Salazar murió en abril durante los combates.
La Fiscalía sostiene que el investigado ofrecía un salario de 2.300 dólares mensuales, un bono de 20.000 dólares al finalizar un año de servicio y la posibilidad de obtener la nacionalidad rusa. Además, presuntamente les aseguró que no serían enviados a zonas de guerra ni a la primera línea del frente.
Según el medio DW, de acuerdo con las pesquisas, Salazar habría sido trasladado a instalaciones militares, donde recibió entrenamiento y fue obligado a firmar un contrato redactado en ruso que no comprendía. Posteriormente, fue enviado al frente de combate, donde perdió la vida en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania.
La detención de Pinto se ejecutó el 1 de octubre, durante un operativo en el que también se allanaron dos inmuebles vinculados al investigado, ubicados en la ciudad de Lima. Las autoridades incautaron teléfonos celulares, dispositivos USB, un arma de fuego, tarjetas bancarias y dinero en efectivo, entre otros elementos.
Al menos 459 peruanos fueron captados para ir a Rusia
El caso se suma a otras investigaciones sobre el presunto reclutamiento de ciudadanos peruanos para combatir en la guerra. Según datos de la Cancillería de Perú difundidos en agosto, al menos 459 ciudadanos viajaron a Rusia tras ser captados para incorporarse a sus fuerzas armadas. De ese total, al menos 11 fallecieron, 114 permanecían desaparecidos y tres estaban en manos del Ejército ucraniano.
En septiembre, el Ministerio Público del país vecino informó que mantenía abiertas 22 investigaciones relacionadas con más de 300 ciudadanos presuntamente reclutados bajo engaños. Las investigaciones buscan establecer las responsabilidades de quienes habrían participado en la captación y traslado de las víctimas.
