El crédito del Banco Interamericano de Desarrollo a Bolivia que esta tarde aprobó la Cámara de Senadores tiene el objetivo de fortalecer el sistema de protección social en Bolivia en el contexto de la complejidad económica que atraviesa el país. Aquello se traduce en el financiamiento para el pago de la Renta Dignidad y para el levantamiento de un sistema de registro de los beneficiarios de los bonos que se entregan en el país.
Según un documento al que tuvo acceso el periódico digital Urgente.bo, el objetivo general del crédito “es mitigar los efectos negativos ocasionados por ajustes estructurales, como el retiro de subsidios energéticos (SE), en los hogares más pobres del país, y la creación de un registro social (RS) que permita la gestión eficiente de recursos del Estado orientados al alivio de la pobreza y el fomento de capital humano en los hogares más pobres”.
La Cámara Alta aprobó la ley que autoriza el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo destinado al programa “Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I”. El Ejecutivo destacó que los recursos permitirán sostener mecanismos de protección social para hogares vulnerables.
Durante el tratamiento de la norma, el ministro de Economía, Christian Morales, estuvo presente en el hemiciclo y defendió la aprobación del financiamiento. Explicó que los recursos del BID estarán destinados principalmente a mecanismos de protección del consumo energético y a reducir el impacto económico en los hogares considerados más vulnerables.
El financiamiento tiene dos componentes. En el primero, un total de 485 millones de dólares se expresará en “transferencias monetarias para los hogares más afectados por el ajuste de precios (US$485 millones). Busca defender el consumo en hogares afectados por el ajuste de precios como consecuencia del retiro” del subsidio a los combustibles.
Esto significa la continuidad del programa de la Renta Dignidad y “cualquier pago adicional que se realice a los mismos beneficiarios”
El segundo componente del crédito es la “construcción de un registro social de hogares ($us 12.5 millones)”, monto con el cual se financiará la creación de un registro social de hogares que permita la implementación de política social con una mayor precisión en la selección de beneficiarios de la actualmente posible”
La ley había sido aprobada anteriormente en la Cámara de Diputados, donde se explicó la distribución del financiamiento y los objetivos del programa. Con la sanción en el Senado, la norma deberá ser remitida al Órgano Ejecutivo para los fines correspondientes.
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