Noviembre 08, 2026 -HC-

Arce, Dorgathen, Akly, Medinaceli y otros: comisión señala a responsables de la gasolina basura por seis delitos


Martes 28 de Julio de 2026, 6:00pm




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28 de julio (Urgente.bo)- En el informe de la comisión especial de investigación para esclarecer las recientes denuncias de presuntos actos de corrupción atribuidos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se menciona a altos funcionarios de la estatal petrolera y a exautoridades como los responsables de la gasolina de mala calidad, quienes podrían estar acusados de al menos seis delitos. 

Una de las conclusiones es que la gasolina de mala calidad se debe a la falta de controles. En una carta dirigida a Roberto Julio Castro, presidente de la Cámara de Diputados, el informe señala a tres altos funcionarios de YPFB, quienes tienen responsabilidad directa por la importación, transporte, almacenaje y comercialización de hidrocarburos.

Se trata de Carlos Cuellar, gerente de productos derivados e industrialización de YPFB; Eddy Torrico, gerente general de YPFB Logística; y Nelson Mendoza, gerente comercial de YPFB.

Los delitos establecidos son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. “La investigación preliminar concluye que la presunta causa de comercialización de la gasolina desestabilizada fue la ausencia total de control de calidad”.

El informe halló irregularidades como la presunta omisión de funciones. “Se observó un presunto incumplimiento de deberes por parte del personal del YPFB respecto a los controles de calidad, tanto a nivel internacional (al recibir el producto) como a nivel interno (durante el transporte, almacenaje y comercialización). No se aplicaron los parámetros establecidos en los contratos de compra y normativa vigente (DS 4718 RA 10 y 11)”.

Se estableció que los responsables de los controles se limitaban a una revisión estrictamente documental y visual, es decir, que solo verificaban el color y el aspecto para asumir que era gasolina, no hubo análisis de laboratorio obligatorio para verificar el contenido de manganeso y goma.

“Se constató mediante la declaración del Ministerio Público que el personal técnico de YPFB encargado de los controles, carecía de la especialidad requerida; el funcionario asignado era electricista y no ingeniero químico”

Personas señaladas

En el informe se señala que, de acuerdo a los resultados del análisis completo realizado por YPFB Refinación, se precintaron los tanques observados. La hipótesis ante la investigación realizada por YPFB en su institución manifiesta que los tanques en el anterior gobierno corresponden al expresidente Luis Arce Catacora. “Durante periodos se encontraban prácticamente vacíos”.

Entonces, los tanques manejados con niveles mínimos tenían mayor superficie interna expuesta al aire generando ciclos términos y condensación en paredes y techo.

Por la flexibilización político normativa, en el nivel ejecutivo del Estado, los responsables de la gasolina de mala calidad por la aprobación y emisión de los DS 5218 (2024) y DS 5313 (2025) son Luis Arce Catacora; Alejandro Gallardo; Mauricio Medinaceli y otros.

Dichas normas, según el informe, sustituyeron las garantías legales y “técnicas por requisitos altamente laxos, creando el marco jurídico favorable para la internación de carburantes sin control de calidad.

El informe también señala a otros responsables por omisión de fiscalización y otorgación indebida de permisos excepcionales a YPFB: la dirección ejecutiva de la ANH; Germán Jiménez, Joel Callau Justiniano, Margot Ayala y otros.

Ellos serían los responsables de suscribir y autorizar las resoluciones administrativas de importación urgentes RAR-ANH-DJ-UGNJ Nro 00190/2025 Nro 00192/2025 y Nro 00386/2025 a favor de YPFB, “eximiéndola indebidamente de presentar los certificados de calidad correspondientes y fallando en el control posterior.

Por la internación del producto inestable se encuentran Armin Dorgathen, Yussef Akly y otros.

Ellos, además, según el informe, cometieron los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, falsedad ideológica, daño calificado y negociaciones incompatibles.