Durante siglos, la Iglesia católica fue la institución que educó a nuestros pueblos. También construyó el primer sistema de control sobre los cuerpos y las conciencias de las personas en estas tierras. Fue esa misma Iglesia la que nos enseñó a callar.
El silencio —la sumisión ante el padre, el patrón y el sacerdote— fue parte de la instauración religiosa que llegó con la colonia. Cuestionar a la autoridad eclesiástica era cuestionar a Dios mismo. Esta ecuación de poder, donde el sacerdote se erige como representante divino incuestionable, creó el caldo de cultivo donde la pederastia clerical y la violencia sexual infantil en entornos religiosos encontraron su territorio más fértil.
Hoy, ese silencio está siendo interpelado. Desde las filas de la justicia internacional, desde los testimonios de sobrevivientes, desde las sentencias que rompen la impunidad. También desde las niñas y niños que se animan a señalar a sus agresores, y desde movimientos transfronterizos que exigen comisiones de la verdad, justicia, reparación y leyes que declaren la imprescriptibilidad de estos delitos.
Porque la pederastia clerical y los abusos en instituciones religiosas no son un problema de "curas o pastores malos". Es un problema de poder institucional que vulnera sistemáticamente los derechos humanos (DD.EE.), protege a los agresores y les concede impunidad, silencia a las víctimas y cuenta, en muchos casos, con el encubrimiento de las cúpulas eclesiásticas. Frente a esto, el derecho internacional de los DD.EE. ha insistido en colocar este tema en el centro de la agenda pública de los Estados.
El 3 de diciembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA realizó, por primera vez en su historia, una audiencia temática para abordar la pederastia clerical en la región: "Situación de impunidad de abusos sexuales de niñas, niños y adolescentes en instituciones religiosas".
La audiencia, solicitada por organizaciones de DD.EE., presentó casos emblemáticos con similitudes inquietantes, como la indefensión de las víctimas, el encubrimiento eclesiástico, la impunidad de los pederastas y la respuesta ineficiente de los Estados. Identificándose un patrón común: el silencio.
Por primera vez, el sistema interamericano afirmó enfáticamente que esto no es un asunto interno de la Iglesia, sino una cuestión de derechos humanos. Como tal, los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar, sancionar y garantizar el derecho a la no repetición. En la audiencia se identificaron problemas estructurales que mantienen estos delitos en la impunidad: leyes que no contemplan la imprescriptibilidad del abuso infantil, ausencia de comisiones independientes para investigar denuncias y existencia de mecanismos de encubrimiento sistemático.
Desde la perspectiva del derecho internacional, el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes no es solo un delito: es tortura. Y cuando es sistemático, como en los casos abordados, configura un crimen de lesa humanidad.
El desarrollo de estándares internacionales determina la obligación de los Estados de investigar y sancionar no solo a los agresores directos, sino también a quienes, teniendo el deber de proteger, omitieron hacerlo. Los superiores que sabían y callaron son tan responsables como quienes cometieron el delito.
En la región existen casos emblemáticos que evidencian el silencio de la Iglesia, el encubrimiento y la impunidad de los pederastas religiosos. En Bolivia, el caso de Alfonso Pedrajas Moreno, el "Padre Pica" —sacerdote jesuita— fue conocido a partir de la publicación del "Diario de un cura pederasta" por el periódico El País de España en 2023. Este diario, compuesto por confesiones escritas en primera persona por Pedrajas, expuso los abusos sexuales a adolescentes del Colegio Juan XXIII de Cochabamba, donde fue director.
La Sentencia N° 66/2025 de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que condena a Marcos Recolons de Arquer y Ramón Alaix Busquets de la Compañía de Jesús en Bolivia por encubrimiento de abusos sexuales cometidos por Pedrajas, constituye un precedente importante para la región. Es el resultado de la lucha digna e inclaudicable de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes. Recolons y Alaix fueron provinciales de la Compañía de Jesús en Bolivia.
Los fundamentos de la sentencia son claves para entender el ciclo del silencio y el encubrimiento de la Iglesia católica. El tribunal boliviano estableció que tanto Recolons como Alaix conocían los abusos sexuales cometidos no solo por Pedrajas ("Pica"), sino también por otros jesuitas como "Tuco", "Vico" y Luis Tó.
La “cuenta de conciencia” fue prueba determinante: los miembros inferiores de la Comunidad Jesuita debían realizar una confesión sacramental anual ante el Superior Provincial. Pedrajas cumplía esta práctica ante Recolons y Alaix. El tribunal valoró esta práctica como prueba del conocimiento directo de los superiores sobre los abusos.
Como provinciales superiores, tenían la obligación y el deber de cuidar que las obras educativas de la Comunidad Jesuita —especialmente el Colegio Juan XXIII y el Noviciado— se desarrollaran en un ambiente seguro y de protección absoluta para los internos. Sin embargo, pese a tener conocimiento directo de los abusos, nunca hicieron nada para interrumpir esas conductas ni para denunciarlas ante las instancias legales.
El derecho establece el deber legal e inexcusable de denunciar, consagrado en las leyes bolivianas y en estándares internacionales. Por tanto, Recolons y Alaix tenían la obligación de poner en conocimiento de la justicia los delitos cometidos por Pedrajas.
La defensa intentó soslayar los argumentos del tribunal, en particular la prescripción del delito, pero fue rechazada porque la excepción no fue presentada en el momento procesal oportuno y porque existen estándares internacionales que determinan la imprescriptibilidad de delitos sexuales sistemáticos al calificarlos como crímenes de lesa humanidad.
La sentencia, desde la perspectiva de los derechos humanos, genera precedentes importantes al reconocer que la violación configura tortura, aplicando la jurisprudencia de la Corte IDH y el Estatuto de Roma. La responsabilidad penal no se limita al autor material, sino que se extiende a quienes, teniendo el deber y la capacidad de actuar, no lo hicieron.
El fallo representa un avance significativo en el acceso a la justicia para víctimas y sobrevivientes. Es la primera vez en Bolivia que altos mandos de una orden religiosa católica son condenados penalmente por proteger a un abusador sexual, lo que conlleva la responsabilidad penal del encubrimiento institucional. La sentencia establece que la omisión de denunciar, cuando se tiene el deber legal y la posición de garante, constituye delito.
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes ha tenido un rol colectivo protagónico que trasciende los tribunales. La reciente presentación del libro “Las puertas del infierno”, basado en testimonios y un análisis profundo, expone la impunidad de los miembros de la Compañía de Jesús e indicios de trata de niñas, niños y adolescentes. Es un aporte invaluable para las víctimas que aún no se han animado a romper el silencio.
Si bien el Vaticano y la Iglesia católica reconocen la competencia de las jurisdicciones civiles, en muchos casos sigue aplicando el derecho canónico a casos de abuso sexual, lo que impone silencio a las víctimas "como condición para obtener una indemnización financiera". Por eso es importante enfatizar: no se denuncia ante la Iglesia, se denuncia a la Iglesia.
En los casos de pederastia clerical en la región, y específicamente en el de la Compañía de Jesús en Bolivia, se identifica un código de silencio auspiciado por las altas jerarquías jesuitas. Silencio de la Iglesia, silencio impuesto a las víctimas, silencio de algunas autoridades. Son silencios que nos ensordecen, porque son el ruido de la impunidad histórica de la pederastia clerical en el mundo.
Ninoska Durán Burgoa
Abogada internacionalista y especialista en derechos humanos de las infancias, escribe desde Ciudad de México.
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