9 de julio (Jacqueline Maydana/Urgente.bo)- El libro “Las Puertas del Infierno”, al que tuvo acceso Urgente.bo, presentado recientemente por la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, devela una estructura de traslados e intercambios sistemáticos de menores de edad con fines de abuso sexual al interior de unidades educativas dirigidas por sacerdotes jesuitas en Bolivia.
“¿Estamos ante el delito de trata de niños y niñas con fines de explotación sexual al interior de obras sociales y educativas dirigidas por sacerdotes jesuitas?, ¿existe la posibilidad de que el intercambio y visita de abusadores a otros centros configure el delito de organización criminal?”, cuestiona la publicación.
De acuerdo al portal de los jesuitas en Bolivia, en el mundo, actualmente, hay 15.842 jesuitas, tanto sacerdotes como hermanos. En Bolivia son 70 jesuitas presentes en seis departamentos: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Oruro con más de 50 obras sociales, educativas y parroquiales.
El circuito de traslado e intercambio de víctimas
Según los testimonios que aparecen en la investigación, los abusos sexuales no estaban sólo en recintos aislados; sino que había una dinámica de movilidad de los niños a diferentes departamentos.
“Otro dato escalofriante, recientemente develado por varios testimonios, es que existía un intercambio de víctimas entre centros donde se cometían violaciones y abusos: de la Colonia Piraí enviaban víctimas al Hogar de Niños Tacata, donde los abusaban; del Hogar Tacata también se enviaban niños-víctimas a la Colonia Piraí, para igualmente abusarlos, de esta Colonia se envió víctimas al Juan XXIII, donde fueron abusados, y de este internado se enviaron víctimas al hogar Tacata”, expone el libro.
Pero además, detalla que del Juan XXIII también se llevaban víctimas a las minas de Oruro y Potosí o a la casa de retiros de la Taquiña, que hoy funge como casa de retiros de la Compañía de Jesús, donde aplicaron “padecimiento sexual y tortura”. No conformes, de Tacata se convocaban también niños víctimas a las oficinas del fundador del DNI, Jorge Vila, donde esta autoridad los abusaba juntamente el director del colegio Juan XXIII, Alfonso Pedrajas.
“¿Qué sucedía en estos otros traslados o intercambio de niños víctimas? También los abusaban y los educadores abusadores también visitaban otros centros iguales, y ¿qué hacían? También iban a abusar a niños de otros centros”, señala la investigación.
En el libro se menciona que los jesuitas que facilitaron el traslado e intercambio de las víctimas son, al menos: Jorge Vila, fundador de la ONG DNI, Eduardo Cabanac, Luis Roma, Álvaro Puente, Rafael Puente y Alfonso Pedrajas.
El libro menciona que Jorge Vila es denunciado por cometer abusos en inmuebles bajo su administración en el hogar de niños huérfanos de Tacata, de Quillacollo, en la parroquia La Merced y en la Colonia Piraí, en Santa Cruz. El documento señala traslado temporal de menores entre centros con fines de abuso sexual.
“Cuando tenía 15 años y estaba en ese hogar (Tacata), Jorge Vila me decía que me veía muy trabajador y que eso era signo de que tenía vocación para jesuita y que debía capacitarme en la Universidad Mayor René Moreno, en Santa Cruz”, relató una víctima, que fue trasladada al campanario de La Merced.
En 1977, cuando Vila trasladó al niño, no había ningún noviciado allí. “…como no había ducha en el campanario estaba obligado a usar la ducha de Jorge Vila que tenía el fetichismo de sentarse a observarme”.
Este testimonio se halla dos años en la Fiscalía, a la espera de que se abra un nuevo caso.
Denuncias de complicidad institucional: El caso de la colonia Piraí
La investigación, además, revela que figuras públicas y eclesiásticas en la administración de la Colonia Piraí están involucradas en los abusos sexuales, ya que no denunciaron los hechos ante las autoridades, aún con pleno conocimiento.
“En la colonia Piraí, fundada por los jesuitas Rafael y Álvaro Puente, junto con el sacerdote Miguel Parrilla, también habrían sucedido abusos, cometidos por Parrilla; pero con pleno conocimiento de Rafael y Álvaro Puente, quienes, al no haber denunciado estos delitos ante la justicia boliviana, facilitaron que los crímenes se sigan cometiendo, convirtiéndose así en cómplices o autores por omisión”.
La publicación expone que también hubo inacción de las autoridades eclesiásticas locales a quienes las víctimas acudieron. “En 2019, seis de estas víctimas denunciaron los abusos ante el arzobispado de Santa Cruz y hoy, casi siete años, esta instancia no hizo nada por estos sobrevivientes. La justicia boliviana deberá investigar el accionar de los jesuitas fundadores de la Colonia Piraí y del arzobispado cruceño en este caso”.
Múltiples agresores que fueron identificados en red
De acuerdo a testimonios y documentación en instancias judiciales, hay nombres que se repiten de forma sistemática en los diferentes internados y hogares del circuito. El libro detalla que aparecieron más víctimas de los abusos del hogar de niños huérfanos Tacata en Quillacollo, Cochabamba, donde los abusadores, de acuerdo a las investigaciones que cursan la Fiscalía, fueron los jesuitas Eduardo Canabac, Jorge Vila, Luis Roma, Alfonso Pedrajas y Carlos Villamil.
“Hasta ahora la Compañía de Jesús, como sus simpatizantes, se ha sentido ‘indignada’ por habernos atrevido a sentarlos en el banquillo de los acusados y por haber, la justicia, condenado a dos de sus exprovinciales; en todo caso, no parecen indignados por los abusos de sus clérigos a niños vulnerables en sus obras educativas”.
