Diecisiete días han pasado desde la aplicación del estado de excepción en Bolivia y hasta ahora el gobierno del presidente Rodrigo Paz no ha tomado la iniciativa para darle un nuevo impulso a nuestro país, tan necesitado de medidas que alivien de los enormes problemas que sufre. Mientras millones de bolivianos buscan la manera de sortear las enormes dificultades que se sumaron con el conflicto de los 50 días, el gobierno parece haberse reafirmado por la estrategia del dejar que las cosas pasen, a la espere que mejoren por inercia.
En cuatro meses, el gobierno de Paz cumplirá un año y hasta ahora no hay servicio exterior renovado, no hay leyes estructurales para impulsar la economía, pero tampoco hay señales de que el gobierno tome la iniciativa para las bases de un acuerdo nacional o cuando menos para una propuesta solida desde el oficialismo, con el fin de que ésta sea debatida por el sistema político, los actores económicos y sociales del país.
En el campo económico no se divisan acciones o medidas que involucren al conjunto de los bolivianos. Empresarios, emprendedores, productores, industriales, cuentapropistas, trabajadores, gremialistas, transportistas y muchos otros aguardan que el Ejecutivo escuchen sus demandas para que se articulen medidas para que se articule una estrategia de recuperación urgente. La crisis ha golpeado a todos, pero en especial a los más que menos tienen.
Algunas autoridades del Ejecutivo sí han salido a los medios para expresar su preocupación por algunos sectores en particular, quizás por aquellos que tienen mayor influencia en el mundo de la opinión pública. Pero los actores golpeados por el bloqueo de carreteras son muchísimos más. ¿Quién se va a ocupar de aquellos bolivianos que no están en el radar de las autoridades que, además, no se pronuncian tras la monumental crisis que sobrevino?
En el plano político las cosas no han cambiado o han empeorado. El conflicto expuso más de 11 millones de argumentos para que el gobierno busque un acuerdo político nacional contra la crisis económica y por el reencuentro social. Y nada. Ni siquiera el oficialismo está articulado. Los líderes políticos con representación en el Legislativo de distintas maneras piden un pacto. Pero nada.
La crisis energética que hoy el país está sufriendo y que se expresa en las gigantescas filas por gasolina, diésel y ahora GLP demanda un pacto nacional para evitar un descalabro mayor. Los bolivianos necesitamos un acuerdo mínimo urgente para una nueva ley de hidrocarburos, una nueva ley de electricidad y de inversiones. Y con el silencio, no habrá milagro.
La propia administración gubernamental ha salido golpeada por el conflicto. El Presidente y algunos de sus colaboradores dijeron que habrá cambios en el equipo gubernamental, pero han pasado 17 largos días y tal parece que se ha optado porque las cosas sigan como tal, mientras se aguardan medidas urgentes importantes. No hay que olvidar que hasta la COB, con el fin de hallar un camino a su extravío monumental, arrancó el compromiso presidencial de cumplir las promesas electorales.
El propio gobierno llegó a la conclusión de que el conflicto de los 50 días evidenció la fractura social y regional de Bolivia. La radicalidad de los dirigentes y la crisis de representación social pusieron al descubierto el racismo y regionalismo y el estallido de la intolerancia. Los débiles acuerdos y el particular estado de excepción vigente son apenas una vendita a un problema gigantesco que solo está silenciado. Otra mal mayor sin abordaje.
Pronto será un mes y mucho más y la crisis volverá transformada en un conflicto mayor. Y es probable que no sea desde las organizaciones sociales, sino de otras maneras y con otros actores. Este silencio sin iniciativa es un mal presagio.
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