América Latina enfrenta una nueva mutación del crimen organizado: el narco-sindicalismo feudal. La crisis que hoy asedia a Bolivia demuestra que la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba ha dejado de ser una agrupación cocalera para convertirse en una estructura narcoterrorista y en un holding delictivo que desafía abiertamente la soberanía del Estado boliviano.

Frente a esta amenaza, y ante el cinismo de una red de impunidad que reúne a cúpulas sindicales y aduaneras, empresarios exportadores con nexos gubernamentales y algunos policías y militares, la inacción ya no es una opción para la estabilidad regional.

Estados Unidos debe catalogar a la Coordinadora del Chapare como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) y activar todo su arsenal penal federal para concretar la captura y extradición de Juan Evo Morales Ayma. Asimismo, debe garantizar que todos los miembros y socios de esta red criminal pierdan sus visas a EE. UU., sufran el congelamiento de sus bienes y vean su dinero ilícito vetado del sistema financiero internacional. Solo así se podrá decretar el ocaso definitivo del barón chapareño de la coca.

El desembarco de Erik Martini

El reciente nombramiento de Martini como encargado de negocios y jefe de misión de Estados Unidos en Bolivia es una respuesta directa de la Casa Blanca a un país que se asoma al abismo. Desde su llegada, Martini ha desplegado una intensa agenda de articulación con los ministros bolivianos de Defensa, Gobierno y Relaciones Exteriores. Su gestión encabeza un desembarco interagencial que refuerza la embajada norteamericana con representantes del ámbito militar, policial antidrogas e inteligencia, respaldando al debilitado gobierno boliviano frente a las amenazas del narcotráfico.

La trayectoria de Martini confirma que no se trata de una designación meramente ordinaria. Como cónsul en Guayaquil, fue clave en la implementación del «Modelo Ecuador», donde la Casa Blanca catalogó por primera vez a bandas delictivas como Los Lobos y Los Choneros como FTO. Su experiencia se amplió como director para temas venezolanos en la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado. También se consolidó como experto en contención de crisis y desmantelamiento de estructuras terroristas y de narcotráfico gracias a su paso por la Oficina para Asia Meridional en el Buró de Contraterrorismo y sus misiones diplomáticas en Pakistán, Camerún y Viena.

La ofensiva del gobierno de Donald Trump contrasta con la precariedad de la diplomacia boliviana. Mientras Washington acelera el paso, La Paz mantiene en su embajada más importante una delegación mínima —dos funcionarios de apoyo, apenas 107.000 dólares de presupuesto y un encargado de negocios interino, Sergio Gutiérrez. Esta debilidad evidencia que la cancillería no comprende la magnitud del desafío ni la urgencia de reforzar su presencia en Estados Unidos, postergando el nombramiento de un embajador para Navidad de este año. Todo ello ocurre cuando la Casa Blanca ya no interpreta la movilización evista como protesta social, sino como un asalto coordinado impulsado por economías ilícitas.

Por ende, no sorprendería que el Departamento de Estado, en coordinación con los departamentos de Justicia y del Tesoro, incorpore a la Coordinadora del Chapare en la lista de FTO y la catalogue como una estructura narcoterrorista con nexos mafiosos internacionales. Esta designación marcaría el fin político y operativo de Evo Morales. Durante décadas, el líder cocalero ha operado bajo el cobijo de una narrativa indigenista para camuflar lo que, en términos del derecho penal federal estadounidense, constituye la jefatura de una organización criminal transnacional.

La denominación de Morales bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act) y el estatuto de Empresa Criminal Continua (CCE) activa una maquinaria de persecución financiera y judicial global. Ser catalogado como kingpin implica el desmantelamiento civil, económico y político de su estructura: sus redes de testaferros quedan expuestas, sus canales de financiamiento son bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y cualquier entidad financiera que procese un solo dólar vinculado a su entorno se enfrenta a sanciones severas.

El enclave cocalero del Trópico de Cochabamba pierde su blindaje institucional, y el hasta ahora intocable jefe del evismo pasa a ser un objetivo prioritario de las agencias de seguridad norteamericanas.

La arquitectura penal de Estados Unidos rompe las barreras del supuesto «territorio libre» del Chapare mediante su principio de jurisdicción extraterritorial protectora. El estatuto de narcoterrorismo (21 U.S.C. §960a) unifica narcotráfico y subversión violenta, con penas que van de 20 años a cadena perpetua. Basta demostrar el nexo financiero entre la cocaína del Chapare y el financiamiento de los bloqueos, sin necesidad de ingreso a suelo estadounidense. Las agencias federales —como confirmó Christopher Landau— ya investigan múltiples aristas vinculadas a los liderazgos cocaleros y al propio Morales.

El delito de apoyo material a organizaciones terroristas (18 U.S.C. §2339b) convierte en coconspiradores a operadores judiciales, aduaneros, policías y militares que faciliten acciones del grupo designado como FTO. Emitir fallos prevaricadores, manipular registros logísticos o liberar a operadores delictivos equivale jurídicamente a proveer servicios a una organización terrorista. Cada acto puede acumular hasta 20 años de prisión, escalando a cadena perpetua si de esas acciones derivan muertes.

Finalmente, la Empresa Criminal Continua (CCE) y la Ley RICO (21 U.S.C. §848 y 18 U.S.C. §1962) permiten procesar a la red evista como una empresa delictiva unificada, lo que conlleva cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional. RICO habilita acusaciones selladas en cortes federales —como el Distrito Sur de Nueva York— y activa al U.S. Marshals Service para capturas internacionales.

Estados Unidos está dispuesto

La velocidad de los acontecimientos demuestra que el respaldo político en Washington está plenamente alineado. No se dudará en utilizar su peso para apuntalar la democracia boliviana y evitar un desborde de inestabilidad regional.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fijó la línea dura mediante una declaración oficial contundente: «Que no quepa duda: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes democráticamente elegidos en nuestro hemisferio».

Esta narrativa de tolerancia cero ha encontrado eco en el Capitolio, impulsada por legisladores clave como la representante María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, quien advirtió la disposición de los comités congresales para sancionar a los cómplices de la red criminal: «No vamos a tolerar que las mafias del socialismo del siglo XXI utilicen el radicalismo agrario y la corrupción de jueces y aduaneros venales para balcanizar a Bolivia y ofrecerles un santuario impune a los carteles transnacionales».

A esta postura se sumó el congresista Carlos Giménez, miembro del Comité de Seguridad Nacional, vinculando la crisis vial boliviana con la seguridad interior estadounidense: «Estados Unidos tiene la obligación de usar todo su peso interagencial para asfixiar financieramente a estas corporaciones criminales y a las autoridades locales que las auxilian, antes de que sigan inundando nuestras calles».

La advertencia más severa llegó del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien alertó que el Pentágono monitorea el asedio asimétrico en la región: «Estados Unidos está observando. Bolivia no debe permitirse caer presa del viejo statu quo de dominación narcoterrorista. La coalición de la Alianza Anticarteles de las Américas (A3C) rechaza categóricamente todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo».

Uno de los arquitectos de esta estrategia es Joseph Humire, experto boliviano-americano en amenazas asimétricas y actual subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos de Seguridad de las Américas. Humire ha defendido ante el Congreso la urgencia de dotar de fondos específicos a Bolivia para blindar las fronteras andinas frente al «control maligno».

Para cerrar el cerco diplomático e internacionalizar la contención del fenómeno ilícito, Washington trasladó la crisis a la OEA. En la reciente Asamblea General celebrada en Panamá, el subsecretario Landau, junto a la cancillería boliviana, lideró un bloque ministerial regional para desenmascarar la naturaleza del sabotaje: «Las movilizaciones y el estrangulamiento de rutas en Bolivia no constituyen una protesta social legítima; representan un intento de golpe de Estado financiado por esta santa alianza entre la política radical, la traición institucional y el crimen organizado».

Con ello, EE. UU. deja claro que posee la voluntad política, los instrumentos jurídicos y la fuerza necesaria para intervenir contra los arquitectos de la desestabilización.

La metástasis criminal: evidencias materiales del holding delictivo

La colusión criminal en Bolivia se manifiesta con un cinismo que desmantela cualquier relato de reivindicación cocalera, agraria o sindical. Ya no se trata de contrabando rudimentario, sino de ingeniería química, mercados negros desbordados y una economía ilegal y paralela que, según la Fundación Milenio, devora aproximadamente el 25% del PIB nacional.

Según Naciones Unidas, más del 90% de la hoja de coca producida en el Chapare no pasa por los mercados legales ni se destina al consumo tradicional. Este caudal agrícola abastece factorías de clorhidrato de cocaína que alimentan a las mafias más violentas del planeta.

Este ecosistema ilícito atrae a organizaciones como el PCC y el Comando Vermelho, además de carteles mexicanos, colombianos y europeos, desatando una metástasis de sicariato en crecimiento.

Un síntoma de esta sofisticación es el mecanismo de la «madera impregnada», donde toneladas de madera boliviana son preparadas con cocaína líquida para burlar los rayos X. Las recientes operaciones combinadas, con apoyo de Estados Unidos, interceptaron cargamentos equivalentes a aproximadamente 158 toneladas de droga. En el mercado estadounidense, esa cocaína representaría un valor mayorista de 4.740 millones de dólares, alcanzando los 9.480 millones en la Unión Europea.

¿Cómo es posible que Bolivia permaneciera bloqueada por casi dos meses y, aun así, los convoyes de exportación fluyeran sin un solo rasguño? La conclusión es ineludible: el bloqueo no era una protesta, sino un cerco selectivo para traficar.

El comercio de cocaína desde Bolivia hacia los mercados más codiciados opera como una corporación global coordinada, donde el Chapare es la gran refinería y las mafias internacionales sus distribuidores.

En América, el flujo hacia Estados Unidos es controlado por los carteles de Sinaloa y el CJNG, quienes adquieren los cargamentos en origen para introducirlos por rutas centroamericanas. En paralelo, bandas brasileñas emplean flotas aéreas y terrestres para exportar la mercancía a través de la ruta transatlántica del «Paralelo 10» hacia África Occidental, donde redes nigerianas la acopian para su envío a Europa. Finalmente, el golpe financiero se consolida en los lucrativos mercados de Europa y Asia, destinos donde toneladas de cocaína —oculta en contenedores marítimos que zarpan de puertos chilenos, argentinos y brasileños— ingresan por Amberes y Róterdam bajo el control de la ’Ndrangheta y el Cártel de los Balcanes.

Esta telaraña criminal cierra su ciclo en Oriente Medio, Asia y Oceanía. Las tríadas chinas suministran precursores químicos esenciales, mientras redes de lavado en la Triple Frontera blanquean miles de millones provenientes de la cocaína, del oro ilegal, trata de personas, tráfico de armas y contrabando.

El costo de la inacción

El intento de derrocar a Paz Pereira fue una operación de guerra asimétrica planificada por un entramado corporativo que instrumentalizó los sindicatos para blindar un enclave criminal en el Trópico de Cochabamba. La prensa internacional lo caracterizó como una conspiración abierta contra el orden democrático.

Aunque el gobierno logró pacificar las carreteras mediante la tardía imposición del estado de excepción, su gestión dejó al descubierto un zigzagueo político desconcertante. Durante casi dos meses, el Ejecutivo alternó entre retórica enérgica y posturas titubeantes, cayendo en la trampa de mesas de diálogo estériles que solo otorgaron oxígeno político a los cabecillas de la sedición.

Este repliegue institucional tuvo un costo trágico: los 53 días de bloqueos cobraron la vida de más de una docena de víctimas. Mientras el gobierno vacilaba, el país se desangraba económicamente, perdiendo más de 3.000 millones de dólares en daños directos —casi el 7% del PIB— y paralizando las cadenas de producción, suministro de alimentos y carburantes.

El cerco logístico fue gestionado bajo mandos civiles, sindicales y políticos. La responsabilidad operativa recayó en figuras como Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, y Vicente Salazar, dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos «Túpac Katari». A este despliegue se sumó el respaldo de legisladores como el senador Nilton Condori, quienes instrumentalizaron sus investiduras para dar cobertura a una movilización que, bajo la dirección ideológica de Evo Morales, pretendía forzar la renuncia del presidente Paz Pereira.

Aunque la intentona rebelde fracasó gracias al repudio ciudadano, el Chapare permanece bajo el control de una tiranía sindical. Los ministros del gabinete de Paz Pereira han denunciado que Morales recurre a la retórica incendiaria de «guerra civil» para encubrir una trama financiada por el narcoterrorismo.

Por ello no sorprende que el presidente boliviano lanzó una advertencia frontal contra Evo Morales: «Ya le va a llegar la cárcel». La frase evidencia que el gobierno dejó de ver a Morales como un actor político tradicional y lo identifica como el vértice operativo de una estructura subversiva cuya desarticulación es indispensable para estabilizar el país.

El Plan Bolivia

Aunque el reciente acuerdo de seguridad por 20 millones de dólares entre Bolivia y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos (INL) de EE. UU. representa un viraje diplomático importante, esa cifra es una gota de agua en un océano turbulento. Pretender desmantelar con ese presupuesto un enclave criminal transnacional que genera miles de millones anuales resulta incluso ingenuo.

Bolivia enfrenta en el Chapare un asedio peligroso donde bases cocaleras han rebasado los esfuerzos de interdicción. Muestra de ello fue la toma del retén de «El Castillo», que obligó al repliegue temporal de UMOPAR, quienes posteriormente recuperaron el control. A esta hostilidad se suman las tácticas de amedrentamiento de Evo Morales, quien identificó a altos jefes militares como “enemigos del pueblo”. Al señalar de forma velada a sus familias y domicilios, kingpin Morales busca coaccionar e intimidar a los mandos oficiales.

Para recuperar autoridad en estas zonas rojas, Washington debe comprometer recursos significativos. El Plan Dignidad (1997-2002) demostró que un flujo sostenido de entre 120 y 150 millones de dólares anuales logró limitar el narcotráfico mediante interdicción, erradicación y desarrollo alternativo.

Por lo tanto, la administración Trump debe comprender que el éxito depende de un nuevo «Plan Bolivia», con un presupuesto anual de al menos 200 millones de dólares y cinco años de implementación. Esta asistencia debe vincularse a preferencias arancelarias extraordinarias que garanticen acceso con arancel cero al mercado estadounidense para las exportaciones bolivianas.

El retorno de operaciones de agencias de seguridad norteamericanas y el respaldo de la A3C proporcionan la plataforma para ejecutar esta estrategia.

Cirugía económica, soberanía y asfixia a los cómplices

Es fundamental comprender que la aplicación de estas herramientas de persecución transnacional no constituye un atropello a la soberanía boliviana. Por el contrario, este arsenal jurídico internacional es un mecanismo de auxilio diseñado para defender y blindar la soberanía del Estado, secuestrada por grupos que operan fuera de la ley.

Al neutralizar los pulmones financieros del narcoterrorismo y purgar la corrupción institucional, se devuelve al país el control real de su territorio. No se debilita la institucionalidad local; se la rescata de la metástasis delictiva para sustentar la democracia y permitir desarrollo. Solo mediante el restablecimiento de un entorno donde impere una justicia libre del chantaje de las mafias y de los bloqueos armados, Bolivia podrá garantizar una seguridad jurídica real que atraiga inversiones lícitas.

Bajo este principio protector, la declaración de la Coordinadora del Chapare como FTO no constituye una sanción punitiva contra el Estado boliviano, ni representa una medida hostil contra los ciudadanos que cumplen la ley y no se benefician del holding evista. El gobierno estadounidense y la OFAC diseñarán Licencias Generales específicas que actuarán como un cortafuego institucional para blindar la economía formal.

Este mecanismo garantizará la exclusión explícita de sanciones al comercio exterior legítimo —entre ellas la agroindustria, la minería formal y otras exportaciones— y asegurará un flujo bancario ordinario. Así, toda actividad comercial y financiera transparente quedará plenamente protegida y exenta de cualquier medida de congelamiento o restricción internacional. Asimismo, estas salvaguardas y las enmiendas bajo la Ley de Asistencia Extranjera protegerán la estabilidad social y la cooperación internacional.

Por un lado, se autorizarán licencias para el flujo financiero familiar, asegurando que el envío de remesas lícitas desde el extranjero no sufra interrupción alguna y aislando únicamente los fondos oscuros. Por otro lado, las exenciones por «Seguridad e Interés Nacional» validarán a la administración del presidente Paz Pereira como un aliado clave en la región, manteniendo abiertos y plenamente operativos los canales de financiamiento y crédito con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la CAF y el FMI.

Sin embargo, este garrote jurídico internacional sería insuficiente si se limitara exclusivamente a las cúpulas evistas y sus socios sindicales tradicionales. Bolivia necesita que la determinación de FTO se aplique sobre todo el holding de Evo Morales: sus aliados en el aparato gubernamental y los empresarios exportadores que actúan como su brazo logístico y comercial.

Para desmantelar esta estructura, la política exterior estadounidense debe aplicar una asfixia basada en: la cancelación inmediata de visados para operadores estatales cómplices —magistrados, fiscales, policías, militares y aduaneros—, empresarios lavadores de activos y sus entornos familiares; un veto bancario absoluto bajo la Ley de Apoyo Material que los prive del sistema financiero internacional, del mecanismo del dólar y fuerce la desconexión de la red SWIFT de cualquier entidad receptora; y el congelamiento e incautación de activos mediante la acción coordinada de la OFAC y el Escudo de las Américas, inmovilizando definitivamente el capital del holding evista y de sus socios comerciales.

El propósito geopolítico y social de catalogar a la Coordinadora del Chapare como una organización narcoterrorista no es criminalizar al pequeño campesino productor de hoja de coca. Por el contrario, es el único camino para lograr su emancipación del yugo autoritario de la dirigencia sindical. Durante casi cuatro décadas, Morales ha ejercido un control vertical sobre las familias cocaleras. Por ello, la ofensiva legal, financiera y policial‑militar debe complementarse con programas integrales de desarrollo alternativo.

A ello se suma otro síntoma de esta penetración del narcotráfico: el escándalo de las «narcomaletas», que investiga el ingreso de 32 valijas con armas y sustancias controladas en un vuelo chárter en el aeropuerto de Viru Viru. Este caso reveló la permeabilidad de las aduanas y los puentes aéreos del país. En el operativo fueron implicados el juez Heber Zeballos y la exasambleísta Laura Rojas, quien intentó burlar los controles utilizando un pasaporte diplomático. Sin embargo, una jueza otorgó a Rojas arresto domiciliario. Este vaivén judicial confirma la vulnerabilidad institucional y la falta de firmeza para castigar a las corporaciones criminales.

A esto se suma un pulmón financiero que sostiene la subversión: la lavandería del oro informal. Esta economía ilegal mueve alrededor de 4.000 millones de dólares anuales y está catalogada por la Unidad de Investigación Financiera como un riesgo alto de criminalidad transnacional. Durante la parálisis nacional, las cúpulas mineras auríferas asociadas a estas mafias negociaron con el gobierno central un suministro garantizado de diésel subsidiado a cambio de no sumarse a las movilizaciones, utilizando combustible estatal para alimentar la maquinaria que blanquea volúmenes significativos del dinero del narcotráfico.

La operatividad de este holding transnacional no depende únicamente de la voluntad de su líder chapareño, sino de una red multidimensional coordinada. En la cúspide, la jefatura política y sindical de Evo Morales se alimenta de los recursos del oro ilegal y de la comercialización de cocaína, mientras el ala de cuello blanco asegura la viabilidad de las rutas de exportación. Allí convergen operadores estatales vendidos a las mafias con empresas del sector maderero y exportador.

El epílogo

La designación como FTO es un precedente reciente y aplicable. Cuando Washington catalogó bajo este estándar a las bandas ecuatorianas, lo hizo porque su actividad mafiosa amenazaba la estabilidad estatal; ese mismo criterio de control territorial, violencia organizada y captura institucional lo cumple hoy la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Este consorcio criminal y sedicioso, liderado por el evismo, opera con capacidad de sabotaje y bloqueo, además de vínculos con redes transnacionales. Por ello, desmantelar el mito del inocente sindicalismo cocalero —que por décadas sirvió de coartada para una maquinaria ilícita con vocación de poder— exige una respuesta que la justicia local no puede proveer.

Lejos de vulnerar la soberanía boliviana, su declaración como FTO —acompañada del retiro de visados, el veto financiero global y la extradición expedita de sus jefes— la restaura. La asfixia financiera a aduanas corruptas, exportadores fachada y alfiles del bloqueo no es un mero trámite jurídico, sino un acto de reconstrucción histórica. Romper el blindaje que protege a las cúpulas delictivas del Chapare es el paso indispensable para liberar al ciudadano del miedo, recuperar el control del territorio y cimentar un futuro de desarrollo, legalidad y prosperidad para Bolivia.

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