La noticia de que el gobierno nacional decidió finalmente modificar el tipo de cambio ha puesto en vilo nuevamente al país. En este tema, los economistas estamos divididos en diferentes grupos.
Los hay aquellos que creen que, en la presente coyuntura, una devaluación no generará inflación porque Bolivia se encuentra en recesión económica desde hace tres años, razón por la cual las importaciones han disminuido y porque estamos empezando a salir de una profunda depresión de nuestra economía a raíz de los recientes bloqueos, lo que ha exacerbado esta situación[1]. Existe otro grupo de economistas que consideran que una devaluación podría inclusive ser beneficiosa para el país porque incentivaría las exportaciones[2]. Finalmente, otros economistas, los más libertarios, por cierto, piensan que el problema central de la economía es el déficit estructural público, motivo por el cual hay que resolver primero este problema antes de tocar el tipo de cambio, el cual, desde otra perspectiva, debería mantenerse fijo[3].
En el primer caso, los datos del crecimiento trimestral del producto interno bruto (PIB) y las importaciones totales provenientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al período 2024 T3 – 2025 T4, en el que el país ha estado sumido en una recesión económica (con tasas de crecimiento negativas del PIB a lo largo de todo este período) no reflejan ninguna correlación significativa, en tanto que las importaciones en el primer trimestre de este año crecieron a una tasa del 3.9% respecto al mismo período el año anterior, lo que desbarata, empíricamente, la idea de que las importaciones se encuentran en caída libre debido a la recesión económica imperante, lo que amortiguaría el golpe de la modificación del tipo de cambio. Adicionalmente, una vez modificado el tipo de cambio, es altamente probable que, por una parte, se encarezcan los insumos importados utilizados en la producción de diferentes bienes en la economía, elevando el costo de producción y el precio de los mismos y, por otra, debido a que un porcentaje significativo de los bienes de consumo e insumos industriales en Bolivia vienen de afuera, la devaluación se trasladará rápidamente a los precios internos, lo que también generará inflación. Siguiendo esta lógica, el aumento formal de la base imponible de las importaciones (en bolivianos) podría ser la excusa perfecta para los importadores para subir nuevamente el precio de los bienes importados. En estas condiciones, decir que el “pass-through” ya habría concluido en Bolivia es pecar de incauto.
En el segundo caso, resulta claro que, en una economía extractivista como la nuestra, donde las exportaciones no tradicionales no llegan al 20%, es impensable que una devaluación impulse las exportaciones totales por la sencilla razón de que los precios de nuestras materias primas se determinan en los mercados internacionales en dólares, donde Bolivia es tomadora de precios y una modificación de su tipo de cambio no altera el precio mundial. La lógica de por qué Bolivia no cumple con la condición de Marshall-Lerner de que una devaluación de la moneda mejora automáticamente la balanza comercial de un país se puede explicar mejor recurriendo a los siguientes puntos. En primer lugar, tanto la oferta como la demanda de materias primas son inelásticas, lo que quiere decir que no son sensibles a los cambios del valor del dólar. Cuando un país devalúa su moneda, sus bienes se vuelven más baratos para los extranjeros en términos de dólares. En teoría, esto debería impulsar los volúmenes de exportación. Sin embargo, materias primas como el gas natural boliviano, el zinc, la plata y el oro no funcionan de esta manera. El mercado global, no Bolivia, establece los precios de estas mercancías en dólares. Una devaluación del boliviano respecto al dólar no hace que una tonelada de zinc sea más barata en la Bolsa de Metales de Londres. Asimismo, el gas natural está fuertemente ligado a contratos de mediano y largo plazo, con fórmulas rígidas de volumen y precios. No se puede simplemente vender más gas natural, por ejemplo, al Brasil, mañana solo porque la moneda local bajó. En segundo lugar, en minería, existe una amplia dependencia de las importaciones para la producción. Una economía extractivista como la boliviana depende en gran medida de bienes de capital importados, como maquinaria minera, equipos de perforación, repuestos y productos químicos, así como diésel y gasolina importados. La devaluación hace que estos insumos críticos sean significativamente más caros en moneda local. Cualquier ganancia marginal que un exportador pueda obtener al cambiar sus ganancias en dólares a más bolivianos locales es rápidamente absorbida por el costo creciente del equipo y combustible importados. En tercer lugar, La excepción del sector “no tradicional” no resulta muy relevante. En teoría la devaluación podría ayudar, por ejemplo, a las exportaciones agroindustriales y ganaderas de soya, carne bovina y girasol. En razón a que estos bienes enfrentan dinámicas de mercado diferentes, una moneda local más débil puede hacerlos más competitivos regionalmente. Sin embargo, dado que los productos básicos tradicionales constituyen la gran mayoría de la canasta exportadora de Bolivia, este impulso es demasiado pequeño para tener un impacto significativo en la macroeconomía. Este último hecho está respaldado por la caída de Santa Cruz al tercer lugar en las exportaciones nacionales desde la debacle del gas y el gran ascenso de los minerales, en los últimos dos años. Nótese que, en los primeros cuatro meses del año, las exportaciones de Potosí fueron 2.73 veces mayores que las de Santa Cruz.
En el tercer caso, en principio, la modificación del tipo de cambio podría imprimir una mayor presión sobre el déficit fiscal por al menos dos motivos. En primer lugar, debido a los efectos perniciosos de la inflación importada, el gobierno se verá obligado a compensar a los sectores más vulnerables de la sociedad a través de medidas de mitigación que, podrían conducir a una mayor emisión monetaria. En segundo lugar, en razón a que la devaluación no resolverá el problema de la falta de dólares, si muchos depositantes en dólares deciden convertir su moneda extranjera en bolivianos, recibirán más bolivianos que antes, lo que podría desatar una dinámica inflacionaria adicional. De otro lado, el mercado cambiario no sería un mercado normal. La única forma de comprar dólares es con bolivianos. Por tanto, el Banco Central controla el tipo de cambio porque si imprime más bolivianos, hay mayor liquidez en la economía y la gente va a demandar más dólares. Si, por el contrario, el Banco Central decide recoger bolivianos del mercado a través de una política monetaria contractiva, habrá menos bolivianos en el mercado y el precio del dólar bajará. Entonces, manejando la oferta monetaria, el Banco Central puede manipular el valor del dólar. Según este grupo de economistas, esto sería muy peligroso, sobre todo en las actuales condiciones en Bolivia debido a que el Banco Central se ha convertido en un importante financiador del gobierno cuando éste necesita cubrir su déficit fiscal. En este sentido, al abrirse el tipo de cambio flexible, la economía ya no estaría anclada a un valor, razón por la cual Banco Central podría imprimir para cubrir el déficit. Otra razón por la cual el tipo de cambio no debería ser flexible es que el Banco Central no es independiente, responde al presidente del Estado, por lo que podría estar sujeto a presiones para que cubra el déficit, Ahora bien, los cerca de $us.800 millones de dólares que el gobierno dice que tiene en reservas líquidas podrían generar algo de estabilidad en el corto plazo. Pero, en el largo plazo, si no se reactiva la economía y si no se reactivan las exportaciones o, en definitiva, si no llegan dólares a la economía, va a ser complicado que el Banco Central no vaya a devaluar constantemente. Esto sería serio porque cada vez que el Banco Central devalúa, el boliviano pierde valor, lo que conduce a inflación. El problema de estas argumentaciones es que parten de la premisa de que la escasez de dólares no tiene solución, lo que carece de asidero. En estas circunstancias, este enfoque propone un tipo de cambio fijo porque de esta manera se terminaría atando las manos del Banco Central para que ya no imprima a placer del gobierno de turno. Por último, para crecer en el futuro, esta perspectiva sugiere llevar adelante las reformas profundas a la Constitución Política del Estado, así como las leyes de hidrocarburos, minería e inversiones, para aumentar las exportaciones y fomentar la inversión extranjera directa, a tiempo de reducir el gasto público para que los políticos dejen de ejercer presión sobre el Banco Central y éste deje de imprimir, conduciendo al país a una estabilidad macroeconómica. Como todo esto podría tardar en llegar, estos economistas proponen recurrir al FMI para obtener unos $us.3.000 o $us.4.000 para defender el tipo de cambio fijo. A manera de corolario y como se verá más adelante, quisiera dejar claramente sentado aquí que, la discusión en torno a si el tipo de cambio debería ser flexible o fijo podría no ser esencial para resolver la crisis de la economía boliviana.
A continuación, expongo mis propios puntos de vista sobre el asunto en cuestión, los cuales se distinguen de manera nítida de las posiciones anteriormente explicadas y criticadas. Empiezo por lo más básico, aunque no por ello, menos importante. En economía, existe una diferencia entre lo que constituyen los "fundamentos" del mercado y lo que se conoce como el "sentimiento" del mercado. Los primeros están íntimamente relacionados con el juego de la oferta y la demanda, mientras que el segundo tiene que ver con las expectativas, la confianza y el grado de certidumbre que impera en el mercado.
En este contexto, resulta altamente probable que la unificación del dólar en la economía boliviana en este momento, incluso con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), termine en una escalada del dólar debido al ambiente de expectativas negativas, desconfianza e incertidumbre imperante en el mercado. Esto, a su vez, podría dar paso a un proceso inflacionario de difícil control, con posibles efectos en la gobernabilidad del país. O sea que, en este caso, el remedio podría ser peor que la enfermedad.
Si bien, al presente, la inflación no sería el principal problema económico, una devaluación de la moneda boliviana podría introducir de manera artificial una espiral inflacionaria innecesaria. A todo esto, se suma la falta de tino de las autoridades del área económica al anunciar un cambio de política económica que ya ha empezado a generar una especulación del dólar en las transacciones económicas más corrientes.
Asimismo, conviene remarcar que, si se comprueba la participación del FMI en la toma de esta decisión de política económica, esto no haría otra cosa que confirmar el argumento fundamental de mi artículo más reciente (https://www.urgente.bo/noticia/como-se-solucionara-la-crisis-economica-en-bolivia) sobre cómo se podría resolver la actual crisis económica en el país, aunque resulta claro que con esta medida solamente se estaría atacando el problema desde una visión de corto plazo. Es más, esta sería una muestra más de que los paquetes económicos ortodoxos del FMI no han cambiado en absoluto y que la capacidad de negociación del gobierno dejaría mucho que desear. Sin embargo, si no es así, sólo espero que el gobierno tenga la capacidad suficiente para enfrentar el vendaval.
En mi artículo, argumento que el problema central de la economía boliviana es la falta de dólares. La paradoja es que, en la actualidad, Bolivia se encuentra generando tantos o más dólares que en el período 2006-2014, ya no a través de exportaciones estatales de hidrocarburos sino mediante exportaciones fundamentalmente privadas de minerales. Sin embargo, estas divisas no impactan en la economía porque no circulan por el sistema financiero nacional, siendo, por lo general, destinadas a otros países, ya sea para producir nuevas inversiones o generar ahorros.
Es más, como explico en mi anterior nota, la falta de dólares afecta a la economía debido principalmente a nuestra dependencia de combustibles fósiles que necesitamos importar, razón por la cual considero imperativo transformar la matriz energética para resolver este problema. Por tanto, no es evidente que Bolivia se haya quedado sin su motor generador de divisas porque éste ahora es la minería, sólo que esta nueva fuerza dinámica ya no estaría controlada por el gobierno central y sería esencialmente bastante disímil de la anterior.
En efecto, la minería es manejada principalmente por el sector privado (grandes empresas mineras y cooperativas), estando sujeta a un régimen tributario mucho más débil que en el sector de hidrocarburos; en minería no existe un impuesto equivalente al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las alícuotas de regalías departamentales son significativamente inferiores a las de hidrocarburos.
Todo esto ya ha empezado a repercutir en la disponibilidad de recursos tanto en el gobierno central como en las regiones. La solución a este problema no pasa por un sistema tributario más fuerte, replicando el modelo rentista del pasado, sino más bien por una nueva visión estratégica de nuestra economía apoyada por un sistema de incentivos (tributarios y no tributarios) para que los nuevos protagonistas de la economía nacional sean inducidos a reinvertir sus cuantiosos ingresos en el país, en vez de verse forzados a conducirlos hacia otros países.
En consecuencia, la unificación del tipo de cambio, o incluso un tipo de cambio fijo sincerado, por sí mismos y en las actuales circunstancias, no contribuirán a resolver el problema de fondo de la economía porque, en ausencia de tales incentivos, los principales generadores de divisas en el país no redireccionarán sus dólares hacia la economía nacional de manera significativa y el país sólo terminará endeudándose con el FMI y aumentando la calda al fuego de la inflación. Aquí, obviamente, estamos hablando de las grandes fuentes de divisas que van mucho más allá de las remesas de los bolivianos que viven en el extranjero.
Concluyo con una idea más bien positiva para resolver la crisis económica. Dentro de ese sistema de incentivos para evitar la fuga de los dólares generados por la minería, sugiero la búsqueda de mayor valor agregado en la minería como el horizonte a visualizar, aunque con un giro. Ya no sólo mirar la cadena de valor de los minerales "aguas abajo" o "downstream", sino también "aguas arriba" o "upstream". Esto implicaría no solamente ampliar el espectro de procesos de agregación de valor dirigidos a la transformación de materias primas (Por ejemplo, litio, magnesio, sodio, plata, estaño, zinc, indio, wólfram, antimonio, etc.) en bienes diferentes (Por ejemplo, material catódico para baterías, cristales sintéticos para aplicaciones ópticas, piezoeléctricas y acústicas, semiconductores; aleaciones avanzadas para la reducción de peso de vehículos eléctricos y productos electrónicos; industria química y vidrio, refrigerantes nucleares, óxidos refinados de alta pureza para pantallas táctiles de teléfonos inteligentes, tablets y laptops, celdas solares de última generación, manufactura de la goma, cerámica, plásticos y textiles, cuidado de la piel, cosméticos y farmacéuticos, pinturas, anticorrosivos, alimentos para animales, electrónica, nanomedicina, lingotes de plata certificados, herramientas de corte, industria metalúrgica, ánodos de rayos X, soldadura industrial, retardantes de llama, en plásticos y textiles, agente endurecedor en aleaciones de plomo para baterías, etc.) sino también fomentar procesos de agregación de valor de otros minerales abundantes en el país o biproductos obtenidos de la refinación de nuestros principales productos de exportación para que, una vez procesados o transformados, sustituyan a insumos actualmente importados (Por ejemplo, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, cal viva y cal hidratada, carbonato de sodio, hidróxido de sodio, etc.).
Juan Carlos Zuleta es economista.
[1] Esta línea de razonamiento, junto con otros argumentos explicados más adelante, ha sido planteada por el economista Gonzalo Chávez en diversas publicaciones.
[2] Esta posición ha sido sugerida recientemente por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.
[3] Estos argumentos han sido propuestos principalmente por los economistas Mauricio Ríos y Antonio Saravia.



