El diagnóstico de cáncer no debería convertirse en una sentencia condicionada por el nivel de ingresos, el lugar de residencia o la coyuntura política de un país. Sin embargo, para miles de familias bolivianas, la lucha contra esta enfermedad se desarrolla en medio de barreras económicas, limitaciones del sistema sanitario y, en momentos de conflictividad social, como el actual, obstáculos que dificultan incluso llegar a recibir atención médica.

¿Si la persona atrapada en una carretera fuera nuestra madre, nuestro padre, nuestro hijo o nuestra pareja, sigue siendo un simple daño colateral? ¿Cuánto vale una hora de retraso cuando la vida depende de un tratamiento programado o de una evaluación médica impostergable?

Cuando el cuerpo enfrenta una enfermedad compleja, cada día cuenta. En ese contexto, el acceso oportuno a consultas, estudios especializados, medicamentos y tratamientos prolongados para intentar preservar su vida deja de ser una simple prestación sanitaria para convertirse en un asunto de derechos humanos.

La dimensión de esta realidad queda reflejada en las cifras oficiales. El Ministerio de Salud y Deportes informó este año que entre 2016 y 2024 Bolivia registró 90.000 nuevos casos de cáncer.

Detrás de cada estadística existen historias concretas; las estadísticas no lloran, no sienten miedo, ansiedad ni esperan una oportunidad para recibir estos tratamientos prolongados para intentar preservar su vida; las personas sí. Cada número representa a una persona que se aferra a la esperanza de ver crecer a sus hijos, celebrar un cumpleaños más o simplemente despertar un día más junto a quienes ama.

Carreteras cerradas, tratamientos interrumpidos

En este escenario, los conflictos sociales y los bloqueos de caminos adquieren una dimensión adicional que rara vez ocupa el centro del debate público. Para una persona con cáncer, la imposibilidad de trasladarse a un hospital especializado puede significar la postergación de estudios diagnósticos, sesiones de quimioterapia, radioterapia o controles médicos fundamentales.

¿Puede una reivindicación social valer más que el último suspiro de una persona que solo pide una oportunidad para sobrevivir? ¿Quién escucha la voz de quienes no tienen fuerzas para marchar porque están ocupados intentando preservar su vida? ¿Quién asume el costo humano cuando una sesión de tratamiento no puede realizarse porque una carretera permanece cerrada?

La Paz, Santa Cruz y Cochabamba concentran gran parte de la infraestructura oncológica especializada del país. Muchos pacientes deben recorrer no solamente algunos kilómetros, sino realizar desplazamientos interdepartamentales para acceder a tratamientos que no están disponibles en sus municipios de origen. Cuando las rutas se interrumpen, también se dificulta el traslado de pacientes, personal médico, insumos y medicamentos.

La preocupación no se limita únicamente a la movilidad de las personas. Los bloqueos prolongados pueden afectar las cadenas logísticas que permiten abastecer a hospitales y centros especializados. En el caso de enfermedades oncológicas, donde los tratamientos suelen responder a cronogramas clínicos rigurosos, cualquier retraso puede comprometer la continuidad terapéutica y generar consecuencias adversas y, en muchos casos, letales para los pacientes.

Mientras se discuten posiciones políticas, hay pacientes contando días. Mientras se obstruyen los caminos, hay familias rezando para que un medicamento llegue a tiempo. Mientras el conflicto ocupa los titulares, miles de personas enfrentan una batalla silenciosa contra el reloj de su propio cuerpo.

Un derecho reconocido por ley

Bolivia cuenta con un marco legal que reconoce la atención integral del cáncer como una prioridad sanitaria. La Ley N.º 1223 establece mecanismos orientados a reducir la morbilidad y mortalidad por esta enfermedad, mientras que el Sistema Único de Salud (SUS) ha ampliado progresivamente la cobertura de tratamientos oncológicos.

Asimismo, el Ministerio de Salud y Deportes, con apoyo de organismos internacionales, trabaja en la implementación del Plan Nacional de Respuesta Integral al Cáncer 2025-2030, una estrategia destinada a fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento de esta enfermedad.

No obstante, los avances normativos y presupuestarios pierden efectividad cuando factores externos impiden que los pacientes lleguen a los hospitales o que los insumos médicos lleguen a los centros de atención.

La ley reconoce el derecho a la salud. Mi pregunta es si, en la práctica, estamos haciendo todo lo necesario para protegerlo cuando más se necesita.

La responsabilidad compartida

La protección de las personas con enfermedades graves no debería quedar atrapada en medio de disputas políticas o sectoriales. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso efectivo a la salud y asegurar mecanismos logísticos que permitan la continuidad de los tratamientos. Del mismo modo, las organizaciones movilizadas deben contribuir habilitando corredores humanitarios y sanitarios permanentes que protejan a quienes enfrentan situaciones médicas críticas.

Los organismos de derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil también tienen un papel que cumplir: visibilizar a los sectores más vulnerables cuando las crisis sociales amenazan derechos fundamentales. Porque detrás de cada tratamiento suspendido existe una persona que espera una oportunidad para seguir viviendo. Y porque ninguna reivindicación social debería traducirse en un obstáculo para quienes libran la batalla más difícil de todas: la lucha por la vida.

Quizás la verdadera grandeza de una sociedad no se mide por la intensidad de sus conflictos, sino por su capacidad de proteger a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

La pregunta sigue abierta y es más simple y humana que el saber cuáles son los reclamos. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo para que ninguna persona pierda la oportunidad de luchar por su vida? Porque ninguna reivindicación social debería tener como consecuencia el sufrimiento evitable de quienes ya enfrentan una de las pruebas más duras de la existencia.

El derecho a la salud no puede quedar detenido en una carretera. Tampoco nuestra conciencia.

En recuadro:

90.000 nuevos casos de cáncer fueron registrados en Bolivia entre 2016 y 2024, según el Ministerio de Salud. Mientras el Estado amplía programas y planes de atención oncológica, los pacientes continúan enfrentando dificultades para acceder oportunamente a tratamientos especializados cuando los conflictos sociales afectan la movilidad y el abastecimiento sanitario.

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