3 de junio (Urgente.bo)- Ante los conflictos, el presidente Rodrigo Paz envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que regula los estados de excepción. La norma detalla los alcances y establece que las determinaciones tomadas por la Policía y las FFAA serán consideradas acciones de “buena fe” y que gozarán de presunción de legalidad, por lo que les ofrece protección jurídica institucional.

Las decisiones y actuaciones ejecutadas por la administración pública, miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción se presumirán realizadas de buena fe, siempre que hubiesen observado los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad y respeto a los derechos fundamentales", afirma el proyecto de ley que fue enviada a la Asamblea Legislativa.

Sobre la intervención de las FFAA, la norma establece que, cuando la Policía Boliviana haya sido superada en caso de conmoción interna, el Órgano Ejecutivo podrá disponer del apoyo extraordinario, temporal, proporcional de los militares.  

No obstante, esta intervención de las Fuerzas Armadas debe ser ordenada por el Presidente del Estado en su condición de Capitán General, mediante mecanismos formales escritos.

Asimismo, en el artículo 24 se expone que el uso de la fuerza durante operaciones conjuntas “será excepcional, diferenciado y estrictamente necesario para neutralizar riesgos graves e inminentes contra la vida, la seguridad de la población, la estabilidad institucional o infraestructuras estratégicas del Estado”.

El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo reemplaza a la ley llamada Eva Copa y que fue abrogada la anterior semana. El presidente del Estado pidió que la Asamblea Legislativa proceda con su aprobación. Es un cuerpo normativo que permite la actuación de la Policía Boliviana y las Fuerzas en diferentes situaciones, como la actual. Y se constituye en un marco para la actuación de militares y policías.

El artículo 25 del proyecto señala que las actuaciones realizadas por miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad. 

Además, el articulo 26 brinda Protección Jurídica Institucional a los uniformados que actúen durante el estado de excepción. "El Órgano Ejecutivo mediante los Ministerios competentes, con la finalidad de preservar los derechos y garantías constitucionales, deberá proporcionar patrocinio legal a las servidoras y servidores públicos, miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas que sean sometidos a investigación, proceso judicial o administrativo por actos ejecutados durante el estado de excepción".

¿Cuál es el objetivo de la ley?

La ley tiene el objetivo de regular los estados de excepción y tiene por finalidad garantizar el Sistema Democrático de Gobierno, la independencia, seguridad, estabilidad, soberanía, integridad y el Estado de Derecho, la conservación del orden público interno, la vigencia de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política del Estado; la protección y auxilio de la ciudadanía en casos de amenaza externa, conmoción interna o desastres naturales.

El Ejecutivo podrá determinar la vigencia del estado de excepción hasta 90 días, pero el plazo puede aumentar de forma excepcional previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por votación de la mayoría absoluta.

Las medidas que establece la ley de excepción

En su artículo 11, establece que, ante una amenaza externa, el Órgano Ejecutivo, de forma excepcional, y sin otro medio para restituir el orden constitucional podrá disponer la convocatoria a servicio activo excepcional, a personal jubilado y reservistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Además, podrá disponer, mediante convocatoria, “a toda ciudadana y ciudadano boliviano, a servicio activo bajo el mando de las Fuerzas Armadas”.

La norma también contempla medidas en caso de desastres naturales. El Ejecutivo podrá implementar medidas para garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos, servicios básicos indispensables y disponer de un presupuesto programado.

Qué ocurrirá después de su declaratoria

En el artículo 13 se explica que, una vez que Paz promulgue el estado de excepción deberá convocar dentro de 24 horas a sesión permanente por tiempo y materia de Asamblea para la aprobación de las medidas asumidas por el Órgano Ejecutivo. Este debate no debe exceder las 72 horas desde la declaratoria.

En ese sentido, de la ALP dependerá la vigencia del estado de excepción y será aprobada por mayoría absoluta. Y si el Órgano Legislativo sobrepasa el plazo constitucional para la vigencia del estado de excepción, las medidas se mantendrán hasta la resolución de la ALP.

Las garantías que ofrece el estado de excepción

En el proyecto de ley se resalta que la declaración del estado de excepción no podrá en ningún caso “suspender garantías de los derechos, ni de los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad”.

Además, el estado de excepción no podrá prohibir o restringir las garantías constitucionales y acciones de defensa. Por otro lado, la Policía Boliviana o las Fuerzas Armadas, ante el incumplimiento del estado de excepción están autorizadas a arresto de 8 horas y traslado inmediato ante autoridad competente a la persona.

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