Al día de hoy el conflicto social ha escalado a nivel nacional. Los puntos de movilización están en diferentes niveles y escalas. Se reporta cerca de 70 puntos de bloqueos en casi todo el país, aunque más concentrado en La Paz y Oruro, pese al anuncio de la policía de desbloqueo la noche de martes del camino a Caranavi o la represión en Rio Seco.
Se observa a nivel de los microniveles sociales y organizativos un sentido de rechazo al gobierno. Lo cual hace que el Presidente haya perdido popularidad en sólo seis meses de gestión porque la gente piensa que no cumplió con la oferta electoral y decidió gobernar, con el voto popular, a favor de los ricos y terratenientes. Se observa que éste es una contradicción que la gente la interpreta como traición. También se acusa a casi todo el occidente de ser masista, cuando se refiere a la misma gente que voto en agosto de 2025 por la formula Paz-Lara.
Se observa que el gobierno perdió valioso tiempo y ha mostrado una franca desorientación. Puesto que ha empeorado la crisis y la meritocracia para el mal no respondió. En un artículo anterior sostuvimos que “la gasolina basura ha sido el quiebre del gobierno”. Puesto que ‘si compras gasolina más cara, y éste te lo arruina tu auto, moto y motodesierbadoras’, ¿qué haces?. El detalle de esto es que se ha jugado con el corazón mismo de la dinámica económica de la sociedad. Puesto que los instrumentos de trabajo han sido arruinados por un combustible dañado con la atenuante de que la gente aceptó levantar la subvención. Ahí, y justo ahí, se produce el mayor malestar porque los instrumentos de trabajo están dañados y a la vez se multiplico las denuncias de corrupción, sobreprecios o nombramientos a autoridades acusados de narcotráfico o de actos violentos de 2019.
Para no ser menor, el gobierno actúa fuera de los contextos sociales o en una retórica de culpar al pasado de los actos propios. Uno de los casos es la reunión de Cochabamba con nuevas autoridades electas y luego en La Paz; tales actos no ayudaron mucho, por el contrario, empeoró en sentido de que no se dialogó con la gente movilizada. En Cochabamba se anunció varias leyes con sentido privatizador y reforma parcial de la Constitución Política del Estado. Ante ello aparece en la memoria social el D.S. 21060 que fue el inicio del modelo de privatización de las empresas estratégicas del Estado. Con ello no sólo se creó la incertidumbre, sino sobre todo la molestia o una especie de un nuevo rugir de las multitudes. Una mujer dijo: ‘pensé que los mestizos habían cambiado. Nada, siguen en lo mismo’.
Por de pronto el cambio de modelo al libre mercado tempranamente tiene pies de plomo. Muchos “analistas” y terratenientes han secundado la idea del retorno del modelo neoliberal al definir que la lucha social es de carácter corporativista o de agentes radicales que termina pintándolos de disfuncionales al desarrollo del país. Idea casi exactamente igual a las mentes del siglo XIX que acusaba a la lucha por la tierra de Pablo Zarate Willka o los tres Willkas de 1899 de ser rémora para el país. También se observó la misma retórica en los defensores de la abrogada Ley 1720 que finalmente dejó con meridiana claridad que dicha Ley favorecía a los terratenientes, porque es bastante parecido a la Ley de Exvinculación de tierras comunitarias de 1874: causa de la gran expansión de latifundios mediante la expropiación o usurpación de tierras comunitarias. Sin duda el tema tierra es altamente sensible y un derecho inalienable e indivisible según la Constitución Política del Estado de 2009.
Así, pues, la intención de aplicar un neoliberalismo a escala ha sido cuestionada de entrada. No es que la gente sea antiliberal en todo sentido, sino que éste representa una amenaza a los logros y derechos conquistados de los trabajares, pueblos indígenas campesinos, sectores populares y las dos clases medias: las blanca-mestiza e indígenas. Para la gente, la acción del gobierno ‘no debe seguir la vieja experiencia de sólo gobernar para los ricos y terratenientes’ como la del siglo XIX hasta la revolución de 1952. Eso expresa la marcha de los campesinos indígenas que recorrieron más de mil kilómetros desde Beni y Pando similar a la marcha de 1990 del siglo XX por tierra y territorio.
Para el caso de La Paz, específicamente para la ciudad de El Alto, el acto de Doctor Horis Causa recibido en la Universidad Pública de El Alto, fue otro acto en la misma lógica anterior. Puesto que el conflicto está en La Paz y hacer ese acto es un evidente error. Dada que la misma aumentó la indignación de la gente movilizada. Y se denuncia que el mismo es para tapar los actos de corrupción en esta universidad donde la Contraloría General del Estado hace auditoria a diez casos de corrupción: Estatuto puesto en vigencia sin ser publicado en gaceta oficial, reglamentos de docentes, designación de docentes sin cumplir requisitos, cobros indebidos o cursos de posgrado, elección de autoridades, entre otros. Se denuncia también de actos de violaciones a mujeres y juicios que no avanzan en los tribunales, la muerte de estudiantes de economía de 2021, et. etc. Tal situación ha sido expresada públicamente por el Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de la Paz-Tupak Katari, por Bartolina Sisa-La Paz mediante un pronunciamiento, por el senador Nilton Condori y anteriormente denunciado por el Comité de Autodefensa de la UPEA.
A este escenario se suma el caso Luis Revilla donde el Tribunal Supremo Electoral decidió habilitar sin que el candidato haya cumplido el requisito de dos años de residencia o presentar certificado de refugiado político. Otra fuente de la indignación social que es asociado a los intereses del gobierno.
En síntesis, Bolivia no va por un buen camino. Todos los escenarios son complicados dada en que hay un nuevo reconfiguramiento de las fuerzas sociales y políticas. Ante todo, siempre existe posibilidades y muchas, aunque esto puede radicalizarse o cambiar de sentido cuando el gobierno anuncia enviar fuerzas policiales a las carreteras del país para desbloquear.
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