Tras la llegada de la columna de indígenas del norte amazónico a la ciudad de La Paz con la demanda de abrogación de la ley 1720, la Cámara Agropecuaria del Oriente decidió salir al paos para declararse en emergencia en defensa del instrumento legal que define la reconversión de la propiedad agrícola. Así, el gobierno de Rodrigo Paz está en medio de la presión de los empresarios y de los indígenas del norte boliviano.
Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), informó que el sector se ha declarado en emergencia, en defensa de la Ley 1720, que autoriza al INRA a convertir voluntariamente pequeñas propiedades tituladas en propiedades medianas. El dirigente empresarial además expresó el rechazo del sector al decreto supremo 5613 que da prioridad a los departamentos de Pando y Beni para tal proceso.
"El sector agropecuario cruceño se declara en emergencia. No podemos permitir la abrogación de la Ley 1720; y en su lugar, necesitamos la abrogación del Decreto Supremo 5613", puntualizó Frerking, en conferencia de prensa, la tarde de este martes.
Anunció también que convocará a una Asamblea Extraordinaria de Emergencia de todos los productores agropecuarios de Santa Cruz.
El dirigente de la CAO explicó que "el 90% de los títulos individuales del país son de pequeños productores que quieren salir de la pobreza, que quieren invertir, que quieren tener tecnología, un futuro para su familia y no por un grupo de personas, no por un grupo de organismos internacionales que están financiando vamos a permitir que se abrogue la Ley 1720".
Los dirigentes de la marcha indígena demandan la abrogación de la Ley 1720, la paralización de la propuesta normativa que promueve los mercados de carbono y el respeto a los derechos de los pueblos indígena originario campesinos en la elaboración de los proyectos de ley de minería, de hidrocarburos y de inversiones.
El dirigente también rechazó lo que calificó como una campaña de desinformación en torno a la ley, dirigida —según dijo— a comunidades y territorios indígenas. “Esta ley no afecta a las TCO; está enfocada en el pequeño productor privado que quiere crecer”, afirmó, al tiempo que convocó a una Asamblea Extraordinaria de Emergencia del sector para definir medidas en los próximos días.
En ese contexto, este miércoles, la Fundación Tierra que apoya la demanda de los indígenas dijo la Ley 1720 “es la primera de una serie de iniciativas normativas que, desde el agronegocio, pretenden abrir una peligrosa puerta para el fraccionamiento de territorios colectivos y la escalada de despojos y ocupaciones ilegales de tierra, territorio y bosques. Lejos de fortalecer la seguridad jurídica, la socava al introducir mecanismos y procedimientos inexistentes en el régimen agrario!”.
“Instamos a las autoridades competentes a restituir el rol del Estado como garante de los derechos agrarios y ambientales. La exigencia de abrogación no es solo una demanda sectorial, sino una condición fundamental para la justicia, la seguridad jurídica y la vigencia del Estado de derecho”, agregó.
El diálogo con el Presidente
La marcha indígena y campesina que llegó en La Paz rechazó la invitación del Gobierno a dialogar con ministros y viceministros y exigió una reunión directa con el presidente del Estado, Rodrigo Paz, así como con los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado, para atender su pliego petitorio de 12 demandas, entre ellas, la anulación de la Ley 1720 y la titulación de tierras.
“Rechazamos la invitación al diálogo (…) exigimos una reunión de alto nivel con el presidente del Estado, el presidente de Diputados y el presidente del Senado”, señala la nota oficial dirigida a la jefa de gabinete presidencial, que fue leída por Vivian Palomequi, lideresa campesina, ejecutiva de la Federación de Trabajadores Campesinos de Beni, regional Vaca Diez.
////
