El 22 de enero de 2006 Bolivia tenía una oportunidad histórica. El mundo observaba con atención, la cooperación internacional estaba dispuesta a acompañar y existían condiciones para consolidar un proceso serio de estabilidad económica e institucional. Sin embargo, ese mismo día quedó claro que el rumbo sería otro.
El discurso inaugural del nuevo gobierno no transmitió señales de reconciliación ni de construcción institucional, sino de confrontación y revancha. Fue una advertencia temprana de que la economía dejaría de ser una política de Estado para convertirse en un instrumento de la política.
En horas de la noche de ese mismo día recibí una comunicación oficial mediante la cual se me invitaba a continuar ejerciendo el cargo de Ministro de Hacienda.
Agradecí el reconocimiento a mi trayectoria profesional, siempre alejada de la política partidaria. Sin embargo, tras un análisis responsable, decidí declinar la invitación por dos razones.
- La primera fue ética e institucional. No podía aceptar un nuevo nombramiento sin que el presidente saliente fuera informado directamente. El respeto a la investidura presidencial y a la confianza depositada en mi persona era irrenunciable. Aceptar en esas condiciones habría significado traicionar principios básicos de la ética en la función pública.
- La segunda razón fue estrictamente técnica. Asumir el Ministerio de Hacienda implicaba ejercer plena responsabilidad sobre la política económica, con autonomía profesional y con un equipo técnico propio. Tanto el discurso presidencial como la respuesta posterior confirmaron que el manejo económico estaría subordinado a decisiones políticas y a presiones de organizaciones sociales. No existían las condiciones mínimas para garantizar estabilidad y sostenibilidad económica. Por responsabilidad con el país, reiteré mi negativa.
Esta decisión, aunque personal, tuvo consecuencias estructurales. La conducción económica posterior se apartó de criterios técnicos, debilitando progresivamente los fundamentos de estabilidad construidos en años anteriores.
No me arrepiento de la decisión asumida. Incluso de haber aceptado, mi permanencia habría sido breve. No hubiera permitido la intromisión política en decisiones técnicas fundamentales. Durante mi carrera de servidor público, por diecisiete años en el Ministerio de Hacienda, aprendí que una de las responsabilidades centrales del ministro es decir “no” cuando las decisiones ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal y la estabilidad económica.
La crisis que hoy enfrenta Bolivia no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso prolongado de debilitamiento institucional, uso político de los recursos públicos y abandono progresivo de criterios técnicos. Durante años, los ingresos extraordinarios ocultaron las distorsiones; cuando se agotaron, quedó en evidencia la fragilidad del modelo. La crisis actual no es solo económica: es una crisis de gobernanza y de institucionalidad.
Veinte años después de haber dejado el ministerio, puedo decir con orgullo que salimos por la puerta grande, junto a un equipo de profesionales formados en una verdadera escuela de servicio público, protagonistas de transformaciones estructurales que sentaron bases sólidas para el desarrollo del país.
Hoy Bolivia enfrenta nuevos retos. Superarlos exige recuperar principios básicos: respeto institucional, autonomía técnica, responsabilidad fiscal y visión de largo plazo. Ningún país puede aspirar al desarrollo si la economía se gestiona como botín político. Mantengo la esperanza de que Bolivia pueda reencontrarse con un camino de estabilidad y desarrollo sostenible.
Waldo M. Gutiérrez Iriarte
Ex servidor público de carrera y Ministro de Hacienda – Bolivia
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