El sábado 10 escribí en mi espacio en redes sociales: “Parece que hoy es el último día para resolver el problema del D.S. 5503. La gente dice que mañana será otra historia”. Se abrogó el D.S. 5503 el domingo 11. ¿Por qué esta certeza?
Primero, era evidente que el gobierno de Rodrigo Paz se encontraba acorralado y atravesado por una división interna. Acorralado en el sentido geográfico-territorial, social-político, con una clara incapacidad comunicacional; a nivel interno, con fracturas. A su vez, una falta de lectura actualizada sobre la nueva realidad social y económica del país desde perspectivas sociológica, politológica e histórica.
Segundo, el discurso reiterativo “20 años, 20 años” hoy quedó demostrado que es ineficaz, en lugar de interpelar a la sociedad, solo termina siendo el reflejo de una trauma y forma de racialización. Es más, tampoco ayudan ciertos mensajes del Presidente, por ejemplo, la noche del 12 de diciembre continuó calificando a los movilizados de “mafia sindicalista”. Este tipo de discurso reprofundiza la polarización en un momento político crítico que atraviesa el país.
El tiempo, al igual que la historia son puntos nodales de la dinámica social y política, tanto aquí como en otros lados del mundo, dos factores que son capaces de producir efectos relámpagos y también paradójicos. El primero se manifiesta como impredecible y el segundo como repetición trágica. En la historia boliviana, especialmente en lo político, este es un hecho de largo aliento, que vuelve a hacerse visible en el presente periodo histórico. Es el drama del poder que junto con Fausto Reinaga diríamos que es el mundo dividido en dos Bolivias.
Ese hecho se expresa en la permanente desconexión entre el hacer político o el ejercicio del gobierno y la dinámica del mundo social, que de tiempo en tiempo se nos encara bajo formas de asumir momentos revolucionarios o conservadores. En ese juego, los gobernantes no logran comprender, o no cuentan con las capacidades suficientes para leer las nuevas dinámicas sociales, porque sus miradas se limitan a los intereses del grupo o del espacio social al que pertenecen. Ocurre lo propio entre quienes vienen del mundo social indígena. En consecuencia, ambos son atrapados en ese momento histórico que se presenta con las mismas dimensiones de fuerza e impugnación.
En ese contexto, El Alto, tanto como espacio geográfico-territorial y las provincias, se configuran nuevamente como poder político y un escenario de la historia, ya que nos devuelven a esa trama de desencuentros dramáticos entre el poder gubernamental y el poder social. En otras palabras, cuando El Alto y las veinte provincias se movilizan, es de tener mucho cuidado, especialmente junto con los ayllus de Potosí, los movilizados de Parotani en Cochabamba y otros sectores estratégicos del país. Y una nueva Ley antibloqueo incendiaria el país. Ello ocurre así porque hay toda una producción histórica de estrategias y tácticas sociales para moverse, controlar espacios y condicionarlos hacia un sentido político y convertirlos en recursos vitales de acción colectiva. En el caso del mundo aymara, lo político es un destino histórico ya definido que es el sentido de un horizonte común.
Basada en la historia de Zárate Willka, Tupak Katari-Bartolina Sisa, el Mallku Felipe, Lauriano Machaca y tantos otros, como se observó en la llamada Guerra del Gas de 2003 y la de 2019 junto con los quechuas de Cochabamba o los guaraníes; aquí, esa historia no es un tiempo pasado, sino un presente vivo. Es una larga construcción histórica porque, justamente, es vivido como presente por las masacres o victorias. Allí, el Estado se hace ilegítimo y los gobiernos son considerados incapaces.
En otras palabras, es la otra parte de la historia del poder en Bolivia. El racismo, el paternalismo, las diferentes formas de discriminación atraviesa a la mayoría de esa historia, quienes no poseen un cierto tipo de cuerpo o lenguaje legítimo son tratados como indios, campesinos o cholos, aunque tengan títulos académicos o incluso alta capacidad económica, como los qamiris aymaras y quechuas.
Ese es el fondo de esta historia y del tiempo, donde unos mueren para que otros vivan muy bien. Unos son los “salvajes” y otros los “civilizados”. Es decir, en ello persiste una forma de vida del mundo colonial, ahora como republicana o poscolonial. Es una frontera que en muchos momentos, es tangibles en otras velada.
Por eso, el Estado no funciona como legítimo en el uso de su violencia física o simbólica, porque esos otros mundos son vilipendiados, aunque ahora ya sean públicos. Son parte del espacio público del Estado y de la sociedad. Lo más serio es que, aun siendo públicos, siguen siendo tratados como si no lo fueran, es decir, como si no fueran ciudadanos.
Por esto, entre tantas otras razones, Bolivia, durante los 25 días, ha vuelto a vivir un profundo desencuentro, a través de las movilizaciones sociales que el gobierno no tuvo la capacidad ni voluntad de resolver en diez o quince días. Allí “sus” intelectuales han repetido consignas, más que hacer un análisis serio de la realidad y de las nuevas dimensiones de lo político y social del país como dijimos en otro artículo en este mismo medio. Se repitió hasta el cansancio que se había acabado el ciclo indígena-popular, lo cual es equivalente al discurso del siglo XIX de Nicomedes Antelo-Gabriel René Moreno, es decir, al darwinismo criollo: “por ley de la naturaleza se extinguen los inferiores”.
En esa relación, la gente afirma que ahora el punto nodal es vigilar al gobierno y sus políticas, ya sea en materia de los hidrocarburos, los beneficios sociales o el D.S. 5515 (expresión de la desconfianza de Paz a su Vicepresidente). Por ello, la vigilancia al Estado y al gobierno se ha convertido en un nuevo tipo de poder, desde el otro lado de la historia y del tiempo. Sin ánimo de exagerar, el gobierno acaba de despertar la histórica de la desconfianza, dada en su raíz en los “doctores de dos caras” de Charcas de 1825.
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