A propósito de la abrogación del decreto supremo 5503, es necesario mencionar que la promulgación de este decreto se origina en la crisis fiscal y energética con subsidios insostenibles, además de la caída de reservas internacionales y corrupción en sectores estratégicos, la medida del levantamiento del subsidio a los combustibles, a pesar de su dureza, fue consentida con algún estoicismo por la ciudadanía, porque se entendía que si se superaba la escasez crónica que se estaba normalizando habría abastecimiento, pero contiguo a esta medida, se planteaba un modelo económico con ajuste fiscal y liberalización; fomentando la inversión privada en sectores estratégicos ("fast track") y simplificando trámites para empresas, con el objetivo de estabilizar la economía. El gobierno lo presentaba como un "capitalismo para todos" y "sinceramiento" económico, mientras que críticos lo veían como un giro hacia políticas neoliberales que beneficiarían a grandes capitales con privilegios de concesiones de hasta 15 años y amnistía fiscal para capitales no declarados. Alegaban una distribución desigual de beneficios concentrados en grandes empresas y el sector financiero, mientras los costos recaerían sobre los trabajadores con impacto social en el aumento de precios de combustibles, riesgo de escasez y contrabando.
Aparte de presentar problemas identificados de inconsistencias técnicas, errores de redacción, anexos no publicados y artículos inexistentes, la difusión del susodicho decreto presento problemas de índole comunicativo y de entendimiento, el gobierno carece de un equipo político y comunicativo, y esa insuficiencia suscitó múltiples interpretaciones, mensajes contradictorios y ausencia de un lenguaje común que permita claridad. Lo dificultoso en su comprensión para la población en general desató reacciones de variados actores como medios de comunicación, sindicatos, gremios y ciudadanos que difundían el decreto con matices distintos, generando versiones contradictorias, cada sector interpretaba y transmitía el contenido según sus intereses.
En esta primera pulseta de gobernabilidad, ya no en el congreso sino en las calles, se revela
una debilidad en el control territorial de parte del gobierno, la movilización compulsiva y bajo condiciones de una presión de la COB y bloqueos en más de 60 puntos del país, obligaron al gobierno a retroceder y abrir el camino hacia la abrogación del decreto. Esto demuestra una debilidad, falta de estructura política y de respaldo social y es así que en el mercado campesino Santa Rosa de la ciudad de El Alto, en un ambiente cargado de presión social, 4 ministros: José Luis Lupo – ministro de la Presidencia, José Gabriel Espinoza – ministro de Economía, Mario Justiniano – ministro de Desarrollo Productivo y Marco Antonio Oviedo – ministro de Gobierno, abdicaron ante el pedido de la COB y sindicatos campesinos. La composición social de la delegación gubernamental denotaba la ausencia del ministro de Trabajo Edgar Morales que, a decir de los dirigentes presentes allí, querían verlo activamente en el relacionamiento y las negociaciones de este nivel por ser de origen social aymara. Este hecho, recuerda la estrategia del mallku que convocaba a los ministros al mismo terreno del conflicto, en este caso el espacio de la federación departamental campesino, es destacable el coraje de la delegación gubernamental que tuvo la audacia de llegar a un acuerdo estratégico inteligente.
Las consignas de abrogación total o nada, en la testera de negociaciones se encauzó con la mantención del levantamiento de la subvención a los combustibles, los bonos y el incremento salarial que serian objeto de una nueva redacción, pero la comprensión del sentido del acuerdo, por la presencia masiva de campesinos no pudo ser entendida a cabalidad; pues algunos entendían que se abrogaban tres decretos (5503, 5509 y 5515) y al final por el mensaje enrarecido del acuerdo se provocó la agresión al principal dirigente de la COB de parte de algunos campesinos.
En esta primera escaramuza de confrontación COB/gobierno se pudo notar tensionamientos entre dirigentes de algunos sindicatos campesinos con dirigentes de la COB, no por las diferencias naturales de actividad económica sino porque en algunas delegaciones campesinas se notaba la afinidad con el Evismo, los mismos que tras bambalinas instigaban a profundizar los bloqueos estimulando a pedir la renuncia del presidente, a esta postura de manera indisimulada se refuerzan los mensajes en redes sociales de un enemigo al interior del gobierno como son los del vicepresidente Edman Lara, cuya reacción opositora es pavloviana que agita y entorpece la gobernabilidad.
Bajo un reposicionamiento de la COB que emerge como actor principal y con nuevos dirigentes que cobijan la persistencia de nostalgias de tener cuotas en el gobierno, así como en los sindicatos campesinos que manifiestan en declaraciones y consignas que critican a un gobierno con actores de políticos tradicionales del pasado etiquetados como neoliberales de derecha, marcan un distanciamiento de índole social. Esto, se hace más patente y polarizante cuando de la vereda del frente se ningunea a las organizaciones sociales descalificándolo por el pasado corrupto de sus dirigencias. Encaminar la redacción de un nuevo decreto va a conllevar una ductilidad de parte del gobierno ante organizaciones que aún están ideologizados con fórmulas estatistas. Aparte de una crítica hacia el gobierno que no ha llegado a configurar un nuevo modelo denominado “capitalismo para todos “sigue siendo capitalismo para pocos con la impronta de Doria Medina como emblema ejemplificativo para los críticos más fundamentalistas.
A pesar de esfuerzos denodados de cerrar un ciclo del MAS e iniciar uno nuevo que se diferencie, persiste la grieta histórica de una relación entre Estado y sociedad, no se encuentra una convergencia común de visión de país que supere la fractura étnica y regional de sectores populares e indígenas con el gobierno, la tarea de superar el colonialismo interno entendida conceptualmente como la configuración de una estructura compleja de asimetrías, económicas, nacional culturales y políticas, orientada al saqueo de la riqueza social a través del Estado y los gobiernos de turno, sigue pendiente.
Moisés Gutiérrez Rojas
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