19 de diciembre (Urgente.bo).- El Decreto Supremo 5503 establece el “Régimen Extraordinario de Protección y Promoción de Inversiones”, que es aplicable a inversiones nacionales y extranjeras, con el objetivo de “garantizar seguridad jurídica, previsibilidad regulatoria económica y trato no discriminatorio”. La norma busca incentivar el ingreso de capitales y dinamizar la economía mediante un marco especial de protección para proyectos productivos.
El Régimen alcanza a inversiones nuevas, ampliaciones, reinversiones y modernizaciones, así como a asociaciones público–privadas, concesiones, contratos de riesgo compartido y contratos de inversión, además de aportes de capital, tecnología, know-how y financiamiento productivo. El decreto señala que las inversiones acogidas “gozarán de estabilidad jurídica y tributaria por un plazo de hasta quince años”, respecto a tributos vigentes, regímenes arancelarios, comercio exterior, acceso y repatriación de divisas e incentivos sectoriales.
En ese sentido, la norma introduce el concepto de inversiones estratégicas prioritarias, destinadas al desarrollo de los recursos naturales estratégicos y de sectores definidos en la planificación económica del país. Entre ellos se encuentran la minería y metalurgia formal, hidrocarburos y energía, generación eléctrica y energías renovables, agroindustria y alimentos, infraestructura logística y transporte, y manufactura con orientación exportadora. Estas inversiones podrán formalizarse mediante un Contrato de Inversión suscrito entre el Estado y el inversionista, aprobado mediante Decreto Supremo.
Asimismo, establece que el Contrato de Inversión tendrá “efecto normativo, carácter vinculante y fuerza obligatoria, constituyendo ley entre partes”, y deberá incluir el monto y cronograma de inversión, obligaciones del inversionista, incentivos, cláusulas de estabilidad jurídica y mecanismos de solución de controversias. De igual manera, se crea un procedimiento de aprobación expedita (FAST TRACK) para proyectos estratégicos, con un plazo máximo de 30 días calendario para su aprobación técnica, contados desde la presentación completa de la solicitud.
