El fin de los autoprorrogados del Tribunal Constitucional y el Supremo ha sido una noticia esperada por la enorme mayoría de los bolivianos. Su caída supuso un alivio ante la crónica y enorme crisis judicial y el augurio de un nuevo momento para el más débil de los órganos del Estado.
Los magistrados autoprorrogados han sido la expresión más nítida y nefasta del manejo de la justicia para el beneficio del poder político y de la manipulación por parte de sus propios administradores para satisfacción de ellos mismos, como de sus instrumentadores. Eso, fueron la manifestación más evidente de una pobredumbre que se arrastra como los tiempos de la misma patria. Los doctorcitos siempre estuvieron al servicio del poderoso.
La partida de los autoprorrogados y la eliminación del Ministerio de Justicia fueron interpretadas como las medidas que ponen fin a un periodo oscuro de persecución política a manos de jueces y magistrados. Que ocurra aquello será un argumento suficiente como para creer en la renovación del sistema político, porque se puede decir que un país tiene democracia cuando en él hay tolerancia, hay pluralidad y hay la vocación de lograr acuerdos, a pesar de las diferencias.
Sin embargo, la crisis del sistema judicial es mucho más que la persecución política, más que el uso de jueces por parte de los poderosos políticos. Es, ni duda cabe, el uso de la justicia para aniquilar al otro es una expresión autoritaria, para beneficio de los poderosos. Pero los prorrogados son la epidermis de un cáncer en fase terminal contra la sociedad boliviana.
Sí, la justicia es para los poderosos y para quienes tienen plata. No es para los litigantes que no cuentan con dinero ni influencia. No es para la familia víctima de feminicidios, infanticidios, ni para quienes han sido estafados o han sufrido de un robo considerado de bagatela. Tampoco lo es para los empresarios, los emprendedores o los inversionistas que, auténticamente, creen en el concepto de la seguridad jurídica.
En esta Bolivia, al margen de que se llame República o Estado Plurinacional, un litigante tiene que “aceitear” para que un notificador cumpla con su deber, debe buscar a un abogado que sepa de mañas, antes de que derecho, y tiene que inclinarse, pese a su dignidad, ante el poder de un juez, sea éste de provincia o un magistrado.
Precisamente por todos estos factores anotados el proceso que se pretende iniciar en la Asamblea Legislativa para únicamente reemplazar los autoprorrogados no va a despertar ni entusiasmo ni mucho menos movilización social. La crisis judicial es tan profunda que sólo requiere de un profundo proceso de transformación estructural, lo que probablemente suponga una reforma de la Constitución.
¿De qué va a servir lograr un proceso para reemplazar a los prorrogados si se va a mantener esa lógica de corromper en nombre de la justicia, de abusar para “hacer prevalecer” la ley o, peor aún, continuar formando abogados, policías, fiscales o jueces para un sistema corrído donde sólo vale el dinero y la voz del poderoso?
Bolivia no requiere de una reforma judicial. Necesita de una nueva justicia, como resultado de un proceso amplio, prolongado, pero que incluyan medidas inmediatas. Con un primero paso de una serie de muchos, bastaría iniciar con la revolución que deje en el pasado las fotocopias o las coimas para hacer notificaciones, mediante el WhatsApp o los medios de comunicación locales para que sean más efectivas y eficientes. Con seguridad que hay muchas iniciativas, solo se requiere de una voluntad política de la Asamblea para hallar el mejor camino.
En otras palabras, esta es una oportunidad para iniciar un proceso auténtico a favor de la sociedad. Que los eruditos digan si es posible que el Constitucional funcione con el número de magistrados, para así iniciar la transformación que el país espera. No curemos la crisis con una vendita.
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