El Primer Diálogo por la Reforma Judicial concluyó este viernes con el pedido unánime, de los participantes de la mesa 1, de suspender de sus funciones de manera inmediata a los magistrados autoprorrogados, además de un amplio paquete de propuestas que, según los participantes, constituyen la base para una transformación profunda e impostergable del sistema de justicia en Bolivia.
“Pedir la inmediata suspensión del cargo de todos los autoprorrogados”, señala una de las conclusiones aprobadas en la mesa 1.
El acuerdo se refiere a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y uno del Tribunal Supremo de Justicia que se mantienen en sus cargos, a pesar de que su mandato legal feneció hace ya varios meses.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, indicó que las cuatro mesas temáticas —Normativa, Presupuesto, Modernización Tecnológica y Carrera Judicial— coincidieron en que el país requiere reformas de fondo, nuevos marcos normativos, modernización tecnológica y un financiamiento adecuado que garantice independencia e institucionalidad.
“Resulta visible la necesidad de realizar modificaciones estructurales a la Constitución Política del Estado. Sin embargo, aquello puede ser una tarea a largo plazo, pero solo a partir de una reforma estructural de la Constitución y, por ende, a la Ley del Órgano Judicial permitirá conseguir una independencia judicial con presupuesto acorde a la realidad del sistema”, indicó al presentar las conclusiones de las mesas de trabajo.
Entre las principales conclusiones se destacó la urgencia de crear un Procedimiento Agroambiental, la revisión integral de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la actualización del Código Civil y la adopción de un Código Único del Sistema Penal, como parte de una reforma penal integral. Asimismo, se recomendó ajustes normativos en materia laboral y social “en busca de celeridad, oportunidad y especialidad”.
La Mesa de Presupuesto propuso que el Órgano Judicial reciba un financiamiento mínimo equivalente al 5% del Tesoro General de la Nación (TGN), con el objetivo de asegurar su independencia institucional.
“Esta asignación deberá ser aprobada mediante ley”, detalló el Presidente del TSJ, y dijo que se presentó un borrador de proyecto socializado durante la jornada.
Se planteó también la necesidad de que el Estado garantice un presupuesto adicional para la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC).
“Hay una deuda histórica con nuestros hermanos de la Jurisdicción Indígena, tienen igualdad de jerarquía, pero no se les ha brindado las condiciones necesarias para ejercer su administración jurisdiccional”, lamentó Saucedo.
El debate incluyó, además, la incorporación de normas ISO de calidad para la certificación internacional de los procesos judiciales.
En la Mesa de Modernización Tecnológica se enfatizó la urgente necesidad de crear una unidad nacional especializada en justicia digital y unificar los sistemas informáticos del Órgano Judicial.
“Hoy existen más de 50 sistemas operativos que terminan siendo una traba para los administradores de justicia”, se observó.
La cuarta mesa, dedicada a la Carrera Judicial, propuso la promulgación de una Ley de Carrera Judicial Vertical, destinada a garantizar ascensos con base en los méritos.
“Que los secretarios puedan ascender a jueces, los jueces a vocales y los vocales a magistrados”, explicó el magistrado, remarcando la necesidad de promover una promoción natural y meritocrática.
Asimismo, se planteó fortalecer los mecanismos de ingreso tanto por convocatoria ordinaria —mediante la Escuela de Jueces del Estado— como por vía extraordinaria, con evaluaciones estrictas basadas en méritos y transparencia.
La evaluación del desempeño también deberá estar reglamentada por ley, para definir con claridad quién evalúa, qué se evalúa, cómo, cuándo y con qué efectos. Los participantes subrayaron que esta normativa debe garantizar permanencia, incentivos y responsabilidades disciplinarias claras.
En cuanto al escalafón judicial, se propuso su fortalecimiento a través de criterios como antigüedad, méritos, capacitación y desempeño.
Durante la clausura, se informó que la magistrada Amalia Laura Vilca, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), presentó un proyecto de ley que será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), orientado a establecer el Régimen Transitorio del Tribunal Constitucional.
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