“Ni el Ejército puede controlar todos los contrabandos que ingresan y salen del país. Imagínese nosotros”, así el director ejecutivo del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), Santos Ramos Socpaza, resume el desafío que enfrenta el Estado boliviano para frenar la comercialización ilegal de minerales.
Desde su oficina en La Paz, el exsenador del MAS y ahora titular del Senarecom reconoce que el control total es imposible, pero insiste en que el trabajo no se detiene: “Por lo menos, verificamos que las empresas comercializadoras cumplan con los requisitos establecidos en la normativa”.
Ramos llegó el 31 de julio de 2025 a la institución con la misión de transparentar la cadena de comercialización minera y enfrentar las irregularidades que rodean al oro y otros minerales estratégicos.
Desde entonces, ha impulsado auditorías internas, operativos de control, y ahora proyecta la firma de convenios interinstitucionales con la Policía Nacional, el Ministerio de Minería, la Aduana, el Ministerio de Medio Ambiente y otras entidades. El objetivo es coordinar acciones que permitan detectar exportaciones irregulares.
Sin embargo, la tarea es cuesta arriba. El Senarecom opera con un centenar de funcionarios y enfrenta graves limitaciones logísticas. Muchos vehículos están en mal estado y el personal carece del equipamiento necesario para fiscalizar en zonas mineras alejadas y, en ocasiones, hostiles. “No se puede mandar a un funcionario sin protección, porque también estamos hablando de vidas humanas”, advierte.
El trabajo de fiscalización no solo exige conocimiento técnico, sino también coraje: detrás de cada operativo hay riesgos reales y resistencia de actores involucrados, incluso armados, en actividades informales o ilegales.
A pesar de las dificultades, el Senarecom informó que las regalías mineras nacionales registraron un incremento del 17% en el periodo enero-agosto de 2025, alcanzando Bs 1.220 millones. Esta cifra, superior en Bs 180 millones al mismo lapso del año pasado, refleja el impacto positivo de las acciones de control, registro y transparencia en la comercialización de minerales y metales en todo el país. Potosí encabeza la lista de aportes con el 64% del total, seguido de La Paz y Oruro.
“Nada se maneja en secreto —dice Ramos—. Todos los reportes están publicados en nuestras plataformas institucionales”. Su apuesta por la transparencia busca disipar las sospechas y tensiones que históricamente rodean al control minero.
Pero, el problema de fondo, reconoce, no se resuelve solo con leyes ni operativos. Las causas del comercio ilegal son estructurales y están ligadas a la falta de educación cívica, la pobreza y la complicidad social.
“Hay comunarios que participan del contrabando; otros callan. Si los propios bolivianos somos cómplices, nunca vamos a lograr un control total”, reflexiona. En su visión, la lucha contra el comercio ilegal de minerales no es únicamente una tarea del Estado, sino una responsabilidad compartida que involucra a las gobernaciones, alcaldías, fuerzas del orden y a la ciudadanía.
El Senarecom se encuentra así en el centro de una tensión constante: entre la legalidad que intenta impulsar y los intereses económicos que la desafían. Ramos lo sabe y, pese a las críticas, mantiene firme su discurso: controlar, transparentar y coordinar.
“Trabajamos con las puertas abiertas —afirma—. Si hay pruebas de irregularidades, que las presenten. Lo que queremos es que la riqueza del subsuelo beneficie a todos los bolivianos, no a unos pocos”.
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