6 de octubre (Urgente.bo). -  La inflación y los crecientes gastos escolares han reducido drásticamente el impacto del Bono Juancito Pinto, el incentivo de Bs. 200, destinado a apoyar a las familias con hijos en colegios fiscales. Hoy, las madres denuncian que ese monto apenas alcanza para la mitad de los útiles y uniformes necesarios, obligándolas a destinarlo a alimentos y necesidades básicas.

Sofía Mendoza acomoda con paciencia los pantalones escolares en su puesto ubicado en la Pasaje Ortega, en La Paz. Es madre de tres hijos que estudian en un colegio fiscal y, como miles de familias, espera cada año el Bono Juancito Pinto para aliviar un poco sus gastos. Sin embargo, hoy reconoce que los Bs. 200 que recibe, ya no alcanzan.

“Antes con el bono guardaba para mis hijos, ahora ya no puedo. Quisiera que el Gobierno nos apoye un poquito más para que se aumente el Bono Juancito Pinto porque para los estudiantes nomás es el gasto. Yo, por ejemplo, soy mamá sola, su papá nos ha dejado y no alcanza”, cuenta mientras sus ojos se llenan de lágrimas.

La comerciante explica que el dinero que antes destinaba a útiles escolares ahora debe usarlo para comida o ropa. “Cuando eran chiquitos pedían un juguete y alcanzaba, pero ahora que son grandes el gasto es mayor. Todo nos piden en el colegio y uno trata de apoyar, pero no alcanza”, relata.

La situación de Sofía refleja lo que viven muchas familias bolivianas. El Bono Juancito Pinto, creado en 2006 para evitar la deserción escolar, se mantiene en Bs.200, pero la inflación y la crisis económica han reducido su impacto. Padres de familia aseguran que el beneficio, que antes era un apoyo importante, ahora resulta insuficiente.

El golpe de la inflación
La inflación en Bolivia ha alcanzado niveles alarmantes en 2025. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de inflación acumulada entre enero y septiembre fue del 18,33 %, con una variación mensual de 0,20 % en septiembre. Los precios se dispararon para diferentes productos entre ellos los uniformes y útiles escolares.

Sofía, que también vende uniformes, lo sabe mejor que nadie.  La docena de pantalones que antes le llegaban a Bs 80 y ella vendía a Bs 45, ha subido drásticamente. Asegura que la tela ha subido y los cierres también. Y si antes ganaba al día entre Bs 500 a Bs 700, ahora no gana casi nada.

“Antes a la gente, con los Bs 200, les alcanza para comprar un pantaloncito y una chompita porque un pantalón costaba entre Bs 45 y Bs 50. Ahora sólo les alcanza para un pantalón porque cuesta Bs 130 (…). Vendemos a veces dos pantalones, una chompa o a veces nada. Así nos vamos tristes a nuestras casas”, cuenta Sofía.

Reclamo de padres en colegios privados

La preocupación no solo está en las familias con hijos en colegios fiscales. Jimena Vera, madre de dos hijos, uno en colegio particular y otro en la universidad, señala que el bono debería ampliarse o transformarse.

“El bono ayudaba a cubrir algunas cosas, pero ahora no alcanza ni para la mitad de los útiles. Deberían implementarlo también en colegios particulares o entregar directamente material escolar”, afirma.

Comer antes que estudiar

Los comerciantes de material escolar confirmaron que los padres ya no priorizan la compra de útiles. Anahí Capuma, vendedora en el mercado La Tablada, asegura que las familias buscan ahora material más económico.

“Antes pedían hojas de carpeta con diseño, hoy prefieren simples. El bono se pensó para la educación, pero algunos papás lo usan para comprar harina o pollo, y es comprensible porque la prioridad es comer, pero deberían nomás guardarlo para la educación de sus hijos”, señala Anahì.

Un llamado urgente al Gobierno

Sofía Mendoza, entre sus ventas escasas, insiste en un pedido mientras rompe en llanto. “Yo quisiera que piensen en las personas pobres. El que tiene plata, más rico se vuelve; el que es pobre, más pobre se vuelve. Antes nos alcanzaba, aunque sea para un juguete, ahora ni eso. Pido que se toquen el pecho y piensen en nosotros”.

El Bono Juancito Pinto fue un incentivo exitoso en su inicio, pero hoy, a casi dos décadas de su implementación, las familias coinciden en que se requiere una actualización urgente para responder a la realidad económica del país.