Los dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) exigieron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre, el cumplimiento de la Acción Popular de la que obtuvieron la tutela hace casi dos años y piden que la máxima instancia ratifique su determinación para paralizar la contaminación que se origina por la actividad de la minería aurífera ilegal que utiliza el mercurio de forma indiscriminada, afectando la vida de las personas, la naturaleza, los ecosistemas y los medios de vida locales.
El vicepresidente de CPILAP, Guido Alfaro, acompañado del secretario de Educación y Cultura, James Leal, dejó en la ventanilla de recepción del TCP una Acción de Apersonamiento para reafirmar su lucha por la vida y la naturaleza, y cumplir con el seguimiento de la Acción Popular Nº 05/2023 que permanece en etapa de revisión, por casi dos años, en la Sala Cuarta Especializada de esta instancia judicial.
“Al no obtener una verdadera respuesta por parte de los ministerios accionados, acudimos al Tribunal Constitucional Plurinacional para que se cumpla la Acción Popular de la que obtuvimos la tutela en agosto de 2023 en contra de la minería ilegal y la contaminación de nuestros territorios, además de las áreas protegidas”, aseveró Alfaro y recordó que fue a través de un estudio científico que se evidenció que son muchos los hermanos indígenas que tienen un elevado nivel de mercurio por la exposición al metal pesado.
En el memorial dirigido a los Magistrados se solicitó que, “se emita la Sentencia Constitucional Plurinacional correspondiente, confirmando la resolución revisada, en defensa de nuestros derechos que continúan vulnerándose ante el incumplimiento de lo resuelto por el Juez de Garantías”.
El dirigente de CPILAP reconoció que los pueblos indígenas están vulnerables a la contaminación del mercurio, porque pese que algunas poblaciones se encuentran ubicadas muy distantes a la actividad minera aurífera, los habitantes tienen altas concentraciones de mercurio en sus organismos por consumir el pescado de los ríos contaminados.
Los pueblos indígenas interpusieron la Acción Popular en el Juzgado de Rurrenabaque en contra de los Ministros de Medio Ambiente y Agua, Minería y Metalurgia; Directores Ejecutivo Nacional y Departamental (La Paz) de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM); Gobernador del Departamento de La Paz y Secretarios de la Madre Tierra, de Minas, Metalurgia e Hidrocarburos de dicha Gobernación.
Reducir el uso de mercurio
El secretario de Educación y Cultura de la CPILAP, James Leal exigió la inmediata reducción del mercurio empleado en la actividad de la minería aurífera ilegal en la región amazónica de Bolivia. “Están contaminando la vida, el agua y la naturaleza, por lo que tienen que reducir el uso indiscriminado del metal pesado en todos nuestros territorios para que se garantice la vida de nuestros pueblos indígenas”, agregó.
El dirigente destacó que es fundamental hacer respetar los derechos que tienen los pueblos indígenas de la Amazonia, por lo que esperan que los Magistrado del TCP cumplan con la respectiva revisión de la Acción Popular para que los ministerios accionados cumplan con el mandato judicial.
Agenda en Sucre
Al margen de la gestión ante el TCP, la delegación de CPILAP tiene previsto reunirse con el Tribunal Agro Ambiental, para expresar su interés y preocupación sobre el estado del recurso de medidas precautorias presentado por la sociedad civil para resguardar el río Tuichi al interior del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi; y con la Fiscalía General del Estado, principalmente con los Fiscales Superiores de Anticorrupción, Medio Ambiente, Crimen y Derechos Humanos, para manifestar su preocupación y voluntad de cooperación con la fiscalía para cumplir con los mandatos dispuestos por la Acción Popular mencionada.
Antecedentes
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz al amparo de los derechos reconocidos en favor en el Artículo 30 de la Constitución Política del Estado, presentó ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal de Rurrenabaque una Acción Popular, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 135 y 136 de la Constitución Política del Estado, concordante con los Articulo 68 de la Ley N° 254 (Código Procesal Constitucional).
Posteriormente, en una audiencia maratónica de más de 14 horas entre el ocho y nueve de septiembre de 2023, el Juez de Rurrenabaque determinó conceder la tutela a la CPILAP, mediante la Resolución de la Acción Popular Nº 05/2023 y que actualmente se encuentra en revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional con el código “SCP 1326/2023-S1”.
En la Resolución Judicial se estableció la suspensión de toda actividad minera ilegal y de la actividad de mineras que no tengan licencia ambiental, que se encuentren en los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes el rio Tuichi, Quiquibey, Alto Beni y Kaka, inclusive el rio Tequeje.
Se estableció también que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), desarrolle verdaderos procesos de consulta previa como se ha expresado en esta resolución.
Se ordenó a la (AJAM), suspender la otorgación de nuevos derechos mineros en las cuencas o riberas del Río Beni y Madre de Dios, así como también en los ríos Tuichi, Quiquibey, Kaka, Alto Beni y Tequeje, hasta en tanto se realicen controles eficaces sobre los pasivos ambientales mineros y se ejecuten programas para rehabilitar las aguas.
El Juez decretó que se garantice la participación de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, en los procesos de elaboración del Plan Nacional para la Reducción y Control del uso del Mercurio, en especial en las cabeceras de los ríos, también aquellas comunidades originarias campesinas e interculturales.
Al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se le ordenó que se repita el estudio efectuado con cintas reactivas, sobre la calidad del agua de consumo en comunidades indígenas ribereñas de los ríos Beni y Madre de Dios, como también en los ríos de Cotacajes, Coopi y Santa Elena; también deberá realizar una categorización de la contaminación ambiental del agua de los ríos, de los lechos de los ríos y de los peces.
Finalmente el Juez de Rurrenabaque estableció que se remita antecedente la Fiscalía General del Estado, para que realicen las investigaciones pertinentes, tomando en cuenta que existen indicios de contaminación y afectación a la salud por el metilmercurio a las comunidades indígenas que aglutinan la Central de Pueblos Indígenas de La Paz.
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