Llegó la temible época de elegir autoridades. La esencia de la democracia reside en la convocatoria de elecciones limpias y transparentes, donde la voluntad popular emerja sin filtros ni manipulaciones. Sin embargo, la certidumbre de ese proceso no puede confiarse únicamente a las instituciones electorales. Es el control ciudadano, activo y vigilante, el que garantiza que cada voto entregue realmente la soberanía al pueblo.
El año 2019 es un ejemplo ineludible. Durante las elecciones generales del 20 de octubre, el avance de los resultados preliminares (TREP) se interrumpió cuando se había contabilizado el 83,8% de los votos. Horas después, las cifras se reactivaron mostrando una diferencia que otorgaba la victoria a Evo Morales por encima del umbral del 10% necesario para evitar una segunda vuelta. Ese abrupto cambio generó sospechas masivas y desencadenó protestas en los nueve departamentos del país.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), tras responder a una solicitud de auditoría por parte del Gobierno boliviano, emitió un informe preliminar el 10 de noviembre de ese año, en el que alertó de “irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas”, y recomendó repetir los comicios. El informe definitivo del 5 de diciembre concluyó la existencia de “manipulación dolosa” y “parcialidad de la autoridad electoral”.
Desde una perspectiva académica, el politólogo Fabrice Lehoucq, de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, analiza ese episodio en su artículo “Bolivia’s Citizen Revolt” (“La rebelión ciudadana de Bolivia”), donde enfatiza que, más allá de dilucidar si existió fraude, lo significativo fue la percepción ciudadana de injusticia que derivó en movilización urbana masiva. Para Lehoucq, la confianza en el sistema queda erosionada si la ciudadanía no participa activamente en la observación del proceso electoral.
Este control ciudadano no es un elemento esporádico, sino un derecho y un deber fundamental. Un análisis de International IDEA reporta que, en octubre de 2020, más de 2.000 voluntarios jóvenes realizaron observación ciudadana en 1.133 mesas de votación en los nueve departamentos de Bolivia, lo que permitió evaluar con criterios técnicos y promover la transparencia institucional en las presidenciales de ese año. El entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, ratificó y enfatizó que la observación civil fortalece la rendición de cuentas y promueve el ejercicio de la ciudadanía.
En términos de teoría democrática, el control electoral ciudadano es un componente clave de la educación cívica activa, pues la participación organizada de la sociedad civil crea “mecanismos de contralor” que permiten que las instituciones electorales actúen con responsabilidad. No basta con que exista un marco legal o una autoridad técnica capacitada, lo central es que la ciudadanía tenga capacidades para fiscalizar, denunciar y exigir correcciones.
Si bien hubo análisis elogiosos en sentido opuesto —como los del CEPR (Centro para la Investigación de las Políticas Económicas) y de académicos del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) que sugirieron que las irregularidades podían atribuirse a patrones geográficos y no a un fraude deliberado—, también se señaló que tales argumentos no refutan las preocupaciones sobre la ruptura del protocolo, como la detención del TREP o la falta de una cadena de custodia en las elecciones de 2019. Incluso rodeado de controversias metodológicas, el debate posterior reforzó la idea de que el control ciudadano es esencial para validar los procesos democráticos.
Por ello, es indispensable entender que una verdadera educación democrática no termina en el aula. Implica enseñar a la población a cuidar el proceso electoral: desde vigilar el correcto funcionamiento de las urnas y el conteo, hasta alertar sobre anomalías y exigir transparencia institucional. Esa formación protege no solo el acto de votar, sino la legitimidad del empleo del sufragio.
Nuevamente citamos a Fabrice Lehoucq, que en sus apuntes académicos señala “que en la experiencia boliviana del 2019, no es claro si el fraude alteró el resultado final, pero lo que sí es claro es que la percepción de engaño fue suficiente para generar una crisis política profunda. Esa percepción no surge si el pueblo está educado y preparado para actuar como garante de la limpieza electoral”.
Por ello debemos concientizarnos de que el control electoral ciudadano no es una actividad periférica, sino la columna vertebral que sostiene la confianza estatal en la democracia. Cuando la gente se involucra como observadora, fiscal, denunciante y formadora de opinión, se fortalece el sistema. Debemos ver esa práctica como parte ineludible de la educación democrática que forja ciudadanos capaces de defender la transparencia y rechazar las sombras de un fraude. Solo así aseguraremos que, en las futuras elecciones en Bolivia y en cualquier país, los resultados sean aceptados por todos como auténticamente representativos de la voluntad popular.
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