2 de septiembre (El Mundo).- El Gobierno de Estados Unidos confiscó este lunes un avión usado en el pasado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras considerar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses al país. Según ha adelantado la CNN y confirmado el Departamento de Justicia, el aparato fue incautado en República Dominicana y trasladado a Florida.
"Esta mañana hemos requisado una aeronave que, según alegamos, fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por Nicolás Maduro y sus aliados", ha asegurado en un comunicado oficial el fiscal general Merrick B. Garland. "El Departamento de Justicia seguirá persiguiendo a quienes violen nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos", ha añadido.
"Esta incautación envía un mensaje claro: las aeronaves adquiridas ilegalmente de los Estados Unidos para el beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar hacia el atardecer", añadió por su parte el subsecretario de Control de Exportaciones, Matthew S. Axelrod, del Departamento de Comercio. "No importa cuán elegante sea el jet privado o cuán poderosos sean los funcionarios: trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier aeronave contrabandeada ilegalmente fuera de los Estados Unidos".
El aparato, que no es un equivalente al famoso Air Force One, lo usó en el pasado el presidente Maduro y su régimen, pero más recientemente se ha desplazado en otros. Quiero en República Dominicana, llevaba tiempo en el radar del departamento de Interior, el de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia.
En el pasado ya se incautaron reiteradamente de coches de lujo y todo tipo de activos. Se trata de un Dassault Falcon 900 que habría estado en la República Dominicana desde el 19 de mayo, parado en el Aeropuerto Internacional Higüero-Doctor Joaquín Balaguer. Las autoridades locales, que han colaborado en todo momento con las norteamericanas, señalaron problemas de documentación y una decisión judicial, pero sin entrar en detalles.
Hace unos meses, prácticamente ocurrió lo mismo con otro avión, pero en Argentina, causando un sonoro choque entre Maduro y Javier Milei. "Nos robaron el avión (...). El bandido de Milei se robó el avión de Venezuela, Javier Milei, el héroe de la ultraderecha", denuncio el heredero de Hugo Chávez en una declaración televisada. "Se las da de loco o es loco o las dos cosas a la vez", agregó en referencia al gobernante argentino.
En ese caso se trataba de un Boeing 747 que había sido vendido por la sancionada compañía aérea iraní Mahan Air a la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur) -filial de la aerolínea estatal venezolana CONVIASA. Llevaba casi dos años inmovilizado en Buenos Aires, por una orden judicial, y en primavera EEUU lo requisó.
En agosto de 2019, el Presidente emitió la Orden Ejecutiva 13884, que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluso como miembros del régimen de Maduro. Para proteger la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos, el Departamento de Comercio también ha impuesto controles de exportación para artículos destinados, total o parcialmente, a un usuario final militar o de inteligencia militar venezolano.
Según la investigación estadounidense, a fines de 2022 y principios de 2023, personas cercanas a Maduro habrían utilizado una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal de la aeronave a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida. El avión fue luego exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela en abril de 2023. "Desde mayo de 2023, el Dassault Falcon, con matrícula T7-ESPRT, ha volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países", dice el comunicado publicado este lunes.
La decisión, en este momento, es también una maniobra para meter presión adicional a Maduro para que publique las actas de las elecciones presidenciales. A principios de este año, Estados Unidos volvió a imponer sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela en respuesta a la negativa del gobierno de Maduro a permitir que se celebraran "unas elecciones inclusivas y competitivas". La gran mayoría de las democracias occidentales no aceptan la declaración del gobierno bolivariano de que ha ganado y exigen pruebas ante las denuncias de fraude de la oposición, que sí ha publicado millones de copias de actos de colegios electorales.
La situación en el país es asunto recurrente en la política doméstica de EEUU. Un problema para la Administración Biden, que en 2023 había relajado un poco la presión sobre Caracas. En octubre de ese año, Biden levantó temporalmente parte de las sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela para convencer a Maduro de que cumpliera los acuerdos de Barbados, firmados entre el chavismo y la oposición, para que hubiera elecciones libres. La condición para prorrogar esas medidas era que Caracas permitiera a presentarse a todos los candidatos no chavistas. No fue el caso, así que en abril de 2024 volvieron a activarse.
Venezuela también es un tema recurrente para Donald Trump, que en sus mítines y discursos lo suele poner de ejemplo de fracaso de la política migratoria, asegurando que las calles de Caracas son ahora mucho más seguras que cualquier ciudad norteamericana porque todos sus delincuentes han sido enviados al norte y son ahora una amenaza nacional.
La semana pasada, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que la continua negativa del Consejo Nacional Electoral a defender los estándares internacionales y venezolanos de transparencia es una "violación inaceptable" de las leyes. El gobierno latinoamericano replicó que "no debe explicaciones" nadie y menos a Estados Unidos y criticó la" despreciable costumbre de meterse en asuntos que no son de su incumbencia", en palabras del canciller Yván Gil.
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