25 de noviembre (Urgente.bo).- El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha destinada a visibilizar la violencia contra mujeres y niñas a nivel global y promover acciones para su prevención y erradicación.
“Exigimos al Estado boliviano acciones urgentes que, permitan a todas las mujeres poder ejercer plenamente su derecho a una vida libre de violencia. ¡Basta de vivir con temor!”, indica el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.
En nuestro medio, la violencia contra las mujeres, no cesa, según el pronunciamiento. Las cifras oficiales hasta la fecha, dan cuenta de 42.634 víctimas de delitos contemplados en la Ley N° 348, de los cuales 74 son delitos de feminicidio.
“A pesar de que, para el Estado boliviano, es una prioridad nacional, la erradicación de la violencia, tarea que aún se debe profundizar, sobre todo en el ámbito de la prevención”, indica el pronunciamiento.
La Defensoría del Pueblo, durante las gestiones 2022 y 2023, atendió un total de 3.211 denuncias relacionadas con hechos de violencia contra mujeres a nivel nacional, de los cuales el 47% se concentra en el departamento de La Paz. “Considerando que aún falta un mes para el cierre de gestión, es posible que el 2023 finalice con una cifra igual o superior a la registrada la pasada gestión, que alcanzó a 1.696 denuncias”.
Según el pronunciamiento, la violencia, se ejerce a diario y en todos los entornos: en relaciones de pareja, en las familias, en el trabajo, y en los colegios y universidades, en la calle y otros.
“Eliminemos la violencia contra la mujer; pero con acciones reales, que más mujeres accedan a la educación y a la salud, sobre todo en el área rural; que tengan fuentes laborales, sin brechas salariales; que dejen de ser cuidadoras sin remuneración y se cuiden así mismas; que más mujeres vivan seguras y disfruten ver crecer a sus hijas e hijos; que todas las mujeres disfruten su sexualidad y no sean agredidas sexualmente; que más mujeres tengan acceso a la justicia, con jueces probos e independientes, sin tener que sufrir actos de revictimización dando la certeza que, sus agresores no quedaran en la impunidad, y que más niñas y adolescentes no sean obligadas a continuar con embarazos no deseados como producto de violaciones y que, por el contrario, se conviertan en promotoras de cambio, empoderadas para hacer cumplir sus DDHH y ejercerlos a plenitud, rompiendo estereotipos de género”, exige.
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