11 de enero (La República).- La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció el inicio de una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y los ministros Víctor Rojas (Interior) y Jorge Chávez (Defensa) por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
La disposición de la diligencia se dio tras el registro de 17 muertes en los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes de la ciudad de Juliaca, región Puno.
El Ministerio Público precisó que “la investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones de los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”.
En la investigación también se encuentra incluido el primer jefe de gabinete del Gobierno de Dina Boluarte, Pedro Angulo, y el exministro del Interior César Cervantes.
Toque de queda
Este martes también, a raíz de los hechos de violencia en Puno y debido a la situación de conflictividad actual, el Gobierno declaró inmovilización social obligatoria en dicha región por tres días calendario. La medida deberá acatarse desde las 20:00 hasta las 4:00 horas.
El decreto supremo 002-2023-PCM indica que durante la inmovilización social las personas pueden circular por las vías de uso público para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye el almacenamiento y la distribución de productos para la venta al público.
Se exceptúa al personal que participa en la prestación de servicios de salud, medicina, servicios de agua y otras actividades. Se precisa que el personal de prensa podrá transitar, lo mismo que las personas que requieran de atención médica urgente o necesiten adquirir medicamentos.
Juliaqueños hacia Lima
Mientras tanto, los pobladores de Juliaca no desisten y anuncian ahora que parten a Lima en busca de la renuncia de Dina Boluarte. Han decidido velar a sus muertos en el aeropuerto de Juliaca, en cuyas inmediaciones perdieron la vida las víctimas.
En esta ciudad, epicentro de las protestas por la renuncia de Boluarte, no hay tregua, pese a la muerte de 17 personas en enfrentamientos con la policía. El suboficial PNP José Luis Soncco Quispe (29) también perdió la vida calcinado al costado de un patrullero policial.
En Juliaca indicaron que no aceptarán que la muerte de los caídos quede impune. Los ataúdes de los fallecidos fueron expuestos en la vía a la espera de la entrega de los cuerpos. Peritos del Ministerio Público, al cierre de la presente edición, aún no habían practicado las necropsias respectivas para darles las exequias formales. No fue un acto simbólico fúnebre cualquiera. El objetivo fue mostrar a la ciudadanía las consecuencias de la represión policial del Gobierno de Boluarte.
“Yo vi caer a un joven y lo último que dijo fue que su muerte no quede impune y nos pidió seguir luchando. Le dispararon cuando estaba escapando del gas y cayó. Solo dijo esas palabras. Y nosotros nos vamos a encargar de que así sea. No vamos a parar hasta que Dina Boluarte renuncie”, dijo Claudia Vilca, pobladora de Juliaca.
Se acordó que los cadáveres sean velados oficialmente en el aeropuerto Inca Manco Cápac, en cuyas inmediaciones precisamente cayeron.
“Tiene que haber un desagravio; los policías y militares tienen que ser conscientes de lo que hicieron y el Gobierno tiene que dejar de mentir y minimizar las cosas. Y si nos disparan que lo hagan. Pero los cuerpos se velarán en el aeropuerto, sí o sí”, aseguró Noelia Villalba, comerciante. El acuerdo fue adoptado en reunión pública en las afueras del hospital juliaqueño.
Los fallecidos fueron declarados héroes y se espera que sean enterrados todos en un mismo pabellón en el cementerio que elijan los familiares y recordarlos cada 9 de enero.
///
